Se conoció mediáticamente como la «causa de los contratos truchos en la Legislatura», y cobró notoriedad en septiembre de 2018. Y generó un alto impacto por el volumen del desfalco que habría producido a las arcas del Estado mediante contratos apócrifos de personal en Diputados y en Senadores: $2.000 millones a lo largo de una década, entre 2008 y 2018. El condimento extra fue que la investigación pretendió poner contra las cuerdas judiciales al arco político, y salpicó nada menos que al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, quien en la Navidad de 2018 pasó unas horas preso en la Unidad Penal N°1.
Pero lentamente, la «causa de los contratos truchos» fue diluyéndose. Primero, uno a uno funcionarios de mandos medios de la Legislatura fueron recobrando la libertad que habían perdido provisoriamente por la marcha de la investigación -intervino la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ)-, después se puso en discusión el término «contratos truchos» -los contratos laborales existieron, no eran truchos, al menos no se ha probado lo contrario-, y al final el cuestionamiento llegó al monto provisoriamente establecido del desfalco: no eran los tales $2.000 millones. Y como en el juego de la oca, la investigación volvió varios casilleros: a finales de 2019 se ordenó una pericia contable para separar paja de trigo y establecer el volumen del perjuicio económico.
Ahora, y en el marco de la cuarentena judicial administrada, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos dispuso reanudar desde este miércoles 6 la pericia contable clave para el avance de la causa de los supuestos contratos legislativos apácrifos. La misma había quedado en stand by a raíz de la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus.
En el expediente, caratulado «Beckman Flavia y otros s/Asociación ilícita», se investiga la operatoria de una organización que funcionaba en base a contratos laborales supuestamente irregulares en la Legislatura. La investigación comenzó en septiembre de 2018, con el arresto de los primeros sospechosos.
La tesis de la Procuración es que esas operaciones -en los que estaban involucrados funcionarios de Diputados y de Senadores, estudios contables externos y particulares- le produjo un perjuicio al fisco en el período 2008 a 2018 del orden de los $2.000 millones.
La pericia contable comenzó a realizarse el 4 de noviembre de 2019, pero quedó en suspenso a raíz de la pandemia por el coronavirus que detuvo las actividades en los Tribunales. La situación cambió recientemente a partir de la decisión administrativa N° 622 del Jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, que incluyó a las profesiones liberales (contadores, abogados y otros) en la lista de exceptuados por el artículo 6 del Decreto N° 397 de aislamiento obligatorio.
A partir de esta decisión nacional, los Fiscales de la causa contratos, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, informaron a los defensores de los imputados que se reanudan “las operaciones periciales contables que se venían desarrollando en el marco de la presente investigación penal preparatoria, fijando para el desarrollo de la labor encomendada los días miércoles de 8 a 12 horas, comenzando a partir del próximo día 6 de mayo del año en curso”.
Según supo Entre Ríos Ahora, para llevar adelante la actividad se habilitarán dos oficinas de la Fiscalía, en calle Santa Fe al 200, en Paraná, “a fin de garantizar el cumplimiento del distanciamiento social y todas las normas de higiene requeridas”.
En 2019, el Ministerio Público Fiscal presentó públicamente un perjuicio del orden de los $2.000 millones en base a un informe contable hecho por el contador Héctor Enrique, un técnico que depende de la Procuración, y que sirvió de base para que la Fiscalía hiciera la imputación.
Ese monto fue cuestionado por los defensores, que solicitaron que se designe un perito imparcial. En octubre de 2019, el presidente de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell (hoy presidente del STJ), designó a Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial, como perito contador “para actuar en las presentes actuaciones, a los fines de que ejecute las operaciones periciales dispuestas oportunamente, en forma conjunta con los peritos de parte propuestos, previa aceptación del cargo”.
La causa
En la acusación, los fiscales sostienen que al menos entre 2008 y 2018, una organización compuesta por empleados del Estado, contadores y contratados, se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.
Esos números, sin embargo, han sido puesto en tela de juicio por los abogados defensores de los imputados, entre los que están Juan Pablo Aguilera -cuñado del exgobernador Sergio Urribarri-; el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y su esposa, Verónica Caíno; el titular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; Alfredo Bilbao; Jorge De Breuil; Sergio Cardoso, exdirector del Servicio Administrativo Contable de Diputados; Guido Krapp; Pedro Oppromola; Héctor Falco; Flavia Beckman; Hugo Mena; Roberto Faure; María Victoria Alvarez; Esteban Scialocomo; Jorge Balladares; Viviana Mena Giovenni; Jazmín Mena Giovenni; Nicolás Beber; y Reinaldo Mansilla; Guillermo Vartorelli, que junto a su colega Patricia Valín defiende a Juan Pablo Aguilera –cuñado del exgobernador Sergio Urribarri-, a la esposa de éste, Luciana Almada; a Alejandro Almada, Jorge de Breuil, Gustavo Pérez, Verónica Caíno, Guido Krapp y Pedro Opromolla; Emilio Fouces, que defiende a Sergio Cardoso, Gustavo Falco y Sonia Marozzini; y, entre otros, Iván Vernengo, que representa a Alfredo Bilbao.
Tan en dudas quedaron los números de Fiscalía que la Justicia «abarató» el monto del embargo que se había dispuesto primigeniamente en $3.000 millones para cada uno de los imputados.
Lo que siguió fue el pedido de nombramiento de un perito imparcial para establecer una cifra que satisfaga a todas las partes. La jueza Marina Barbagelata resolvió al respecto, y pidió que se designara a un profesional del cuerpo pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El presidente de la Sala Civil y Comercial del STJ, Martín Carbonell, designó a la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial, como perito contador “para actuar en las presentes actuaciones, a los fines de que ejecute las operaciones periciales dispuestas oportunamente, en forma conjunta con los peritos de parte propuestos, previa aceptación del cargo”.
En tanto, por su parte, cada abogado defensor designó un perito para que controle esta pericia clave para la causa.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora