Como una «chantada jurídica» calificó el diputado provincial Eduardo Solari (Juntos por el Cambio) al cierre de la investigación penal preparatoria de la causa que mediáticamente se conoció como Contratos Truchos de la Legislatura, y que buscó establecer el real impacto del desfalco producido en el erario público por el funcionamiento de una organización que funcionó entre 2008 y 2018 y que lucró con la confección de contratos laborales apócrifos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
“Ha quedado establecido –dicen los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry al pedir la remisión a juicio de la causa- que este particular modo de saqueo, según la evidencia encontrada, se inició en momentos diferentes según la Cámara legislativa de que se trate y continuó de forma progresiva, ampliándose de manera significativa luego del inicio del período de Gobierno que comenzó el 10/12/2011”. Al respecto, agregan: “En efecto, obran registros específicos que permiten afirmar con certeza que en la Cámara de Senadores las maniobras de sustracción, a través de la suscripción masiva de contratos de obras, se iniciaron allá por el mes de enero de 2008, mientras que la Cámara de Diputados se incorporó a esta mecánica sustractiva en fecha 11 de diciembre de 2011”.
Más adelante, el escrito con el pedido de remisión a juicio destaca: “Asimismo, se pudo comprobar que el número de vínculos falsos experimento un rápido ascenso mientras se fue perfeccionando la mecánica extractiva de caudales públicos, y en particular luego de haber expandido el uso de las mismas maniobras a la Cámara de Diputados. Vale decir, el incremento fue directamente proporcional a la especialización de la arquitectura delictiva y de sus operadores”.
¿Cuál fue el valor del desfalco a partir de esas maniobras delictivas? Según el primer informe elaborado por el contador Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal, sería de $ 2.244.142.048,47.
«Se concretó, nomás, tal cual preveíamos la remisión a juicio de una treintena de personas de participación secundaria en la causa de contratos truchos en la Legislatura provincial», dijo el diputado Solari, un crítico del jefe de los fiscales, Jorge Amílcar García, a quien le reclamó, vía recurso de amparo, un detalle de todas las causas por corrupción que tramita en toda la Provincia la Procuración General.
«Se trata de una chantada jurídica que tiene como único objetivo cubrir a los máximos responsables de ese hecho que son quienes fueron vicegobernadores (Presidentes de la Cámara de Senadores) y a los Presidentes de la Cámara de Diputados del período 2008-2018», denunció el legislador provincial.
«Al margen de la legitimidad de la investigación sobre los actuales imputados (funcionarios y empleados del Poder Legislativo, miembros de estudios contables, etc.) se nos quiere hacer creer a los entrerrianos que quienes tenían la autoridad máxima para contratar empleados, verificar su actividad laboral y pagarle los sueldos, no tuvieron ninguna participación en aquellos sucesos», argumentó Solari.
Seguidamente, el diputado radical volvió a apuntar contra el Ministerio Público Fiscal, a la vez que cuestionó duramente el rol en este proceso del Procurador General, Jorge García, y su Adjunta, Cecilia Goyeneche.
«García y Goyeneche nos quieren convencer que Allende (presidente de la Cámara de Diputados 2011-2015), Urribarri (presidente de la Cámara de Diputados 2015-2019) y Bahl (presidente del Senado 2015-2019), entre otros, ignoraban lo que sucedía en las administraciones que conducían», dijo, al tiempo que sostuvo que «el Ministerio Público Fiscal pretende burlarse de los contribuyentes, que se enteraron que más de mil millones de pesos fueron sustraídos de las arcas públicas sin conocerse su paradero».
El diputado de la UCR calificó este accionar como encubrimiento: «El Ministerio Público Fiscal (García y Goyeneche) ni siquiera dispusieron convocar a dar explicaciones a los nombrados en una actitud antojadiza y encubridora».
«La Provincia de Entre Ríos, después de 17 años y medio consecutivos de gobierno del mismo signo, sólo podrá salir del atraso si se recupera calidad institucional, independencia de la Justicia, y decencia en el manejo de la cosa pública. Ahora estamos sumidos en la vergüenza e impunidad», cerró Solari.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora