El juez de Garantías Elvio Garzón concluyó pasadas las 21,30 de este domingo una audiencia que había arrancado a las 13 y en la que se discutió un pedido de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry de mandar por 30 días a la Unidad Penal N° 1 con prisión preventiva a Hugo Mena, considerado uno de los reclutadores en la causa de los contratos truchos en la Legislatura.  No sólo rechazó el pedido de la Fiscalía sino que además Garzón –que admitió que no conoce la causa- dijo que Mena “es el eslabón más pequeño” de una estructura que llega hasta las más altas esferas de conducción de las cámaras de Diputados y de Senadores.

El juez, así, dispuso la “inmediata libertad” de Mena, que había sido detenido en su casa, en Isidoro Almeida al 1600, tras un allanamiento practicado el viernes 21 y durante el cual se halló documentación relacionada con la causa de los contratos truchos, una megainvestigación que tiene a 32 imputados y que según el Ministerio Público Fiscal habría producido un perjuicio al Estado del orden de los $2.000 millones. Garzón manifestó su disidencia “profunda” con los fiscales Yedro y Aramberry, y dijo que las razones expuestas en la audiencia “en modo alguno prueban que Mena haya ocultado información”.

Mena –esposo de Flavia Beckman, otra de las reclutadoras de los contratados- fue allanado cuatro veces. La última, el viernes 21,  cuando se halló nueva documentación que antes no había sido encontrada. El juez Garzón, que leyó su resolución mirándolo a Mena, le dio la razón al imputado en el sentido de que en ningún momento había intentado entorpecer la investigación, el argumento de los fiscales para pedir su encarcelamiento. “Es más –dijo el magistrado-: usted acaba de decir que hay dos cajas más en su domicilio. No está acreditado, a mi entender, de qué manera con este hallazgo usted pueda entorpecer la investigación que se ha hecho”.

Antes, Mena había ejercido su propia defensa y dijo ante el juez: “No estoy tratando de embarrar la cancha. Brego por que las cosas se aclaren, se puedan transparentar un poco más”.

La resolución del juez Garzón, y su conclusión respecto a que Mena es tan solo un eslabón menor en la estructura que manejó los contratos truchos en la Legislatura –un andamiaje que al decir de la fiscal Yedro todavía sigue en funcionamiento- coincide con la opinión del abogado José Velázquez –codefensor junto a Humberto Franchi de Mena- en el sentido que los reclutadores son meros “perejiles” en un puzzle que todavía no ha sido desentrañado. Por  eso, disiente con la opinión del Procurador Jorge García que dijo que la causa se remitirá a juicio, dando un corte en la cadena de responsabilidades.

 

El hallazgo de Urrutia

La nueva derivación de la causa de los contratos truchos fue a raíz de la introducción en la investigación de un aporte hecho por el abogado Milton Urrutia.

El fiscal Aramberry planteó similitudes entre lo que aportó Urrutia y una “telenovela venzolana”. El abogado dice que alguien que no conoce dejó en la puerta de su casa una caja con documentación. Esa caja, con la inscripción “Huevo Feliz”, contenía  92 talonarios de factura C de diversas personas contratadas con contratos de obra en la Legislatura, y 26 hojas de cuaderno cuadriculadas, “que refieren, tal como los cuadernos secuestrados en el primer allanamiento, a nombres, personas, períodos, recaudación,  y entrega del dinero recaudado. Se analizó, se extrajeron fotografías, se hizo análisis”, detalló.

Se analizó caligráficamente esos escritos y se concluyó que era de puño y letra de Mena, y por eso se lo allanó. En ese allanamiento, detalló el fiscal, se encontró nueva documentación en el domicilio de Mena “que nunca había sido encontrada”.

“Existió ocultamiento.  Esa documentación no estaba en los allanamientos anteriores. La documentación se encontraba en cajas. Alrededor de 6 cajas, con muchos papeles adentro. Es imposible que esto haya sido obviado en los tres allanamientos anteriores”, dijo Aramberry, y recordó un chat de whatsapp entre Mena y Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado. En ese diálogo refieren al primer allanamiento y aluden a documentación resguardada en un galpón de cuya existencia la Justicia todavía no ha podido dar cuentas.

Pero quedó flotando la duda respecto de la veracidad de la documentación aportada por Urrutia que derivó en el allamamiento y detención de Mena: los fiscales procuran por estas horas determinar si no hay datos falsos y si no se quiso así desviar la investigación. Esa documentación que “apareció de la nada”, dijo el fiscal Aramberry, “involucra a personas que no aparecían relacionadas hasta el momento en la causa. Eso nos llama la atención. Por eso estamos verificando la verosimilitud de la información, para concluir que esta información no es falsa. Podríamos estar ante la presencia de que se ha querido introducir documentación falsa”.

Claro que ni Aramberry ni Yedro pudieron dar de momento con Urrutia. El letrado que halló en la puerta de su casa la caja “Huevo Feliz” con documentación de la causa de los contratos truchos, no ha podido ser hallado, y aunque fue citado a Fiscalía, no pudo asistir por razones laborales, según dijo.

“No sabemos más que la presentación por escrito que hizo”, dijo Yedro.

En rechazo al pedido de los fiscales, el defensor Humberto Franchi aseguró que “hay una elucubración de Fiscalía. Y puso en dudas la documentación de Urrutia.

“Se nota, y está claro, que parece que quieren dar vuelta la cadena de esta asociación ilícita, y Mena pasa a ser el jefe de esta banda”, aseguró. “Parece que Mena es el que manejaba todo”, completó.

Con su tono corrosivo, el abogado José Velázquez dijo que “están convirtiendo a un perejil en un CEO de una asociación ilícita, que durante 10 años se llevó el 40% del presupuesto de la Legislatura. Mena no tiene cómo entorpecer. Es lo más transparente que hay”.

«El eslabón más chico»

Nadie niega la existencia de los contratos en la Legislatura. Es más, en el alegato en su defensa que pronunció esta noche en Tribunales Hugo Mena admitió que era parte de una estructura. «Yo soy conciente de que ese era mi trabajo», dijo, y en relación a la documentación secuestrada en su casa, aseveró, «es todo parte de nuestro trabajo», sostuvo ante el juez Garzón. «Yo jamás tuve intención de entorpecer. Mi señora, tampoco. Mi familia, nunca. Yo soy el eslabón más chico. Todo el peso que estoy recibiendo, todo el peso que está recibiendo mi familia, y me dicen que yo quiero entorpecer la causa. Al contrario. Yo quiero que esto se aclare», sostuvo.

«Yo cumplí una función, yo cumplí un trabajo, me pagaron por eso -admitió Mena-. No me enriquecí, ni trato de jorobar a nadie, al contrario. Yo quiero que esto se aclare cuanto antes».

¿Qué rol cumplió Mena y su familia?

La historia comienza en 2008 y se extiende hasta 2018. En ese tiempo,  dicen loos fiscales, “Flavia Marcela Beckman. Hugo Rubén Mena,  Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Alvarez Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Alvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización.- Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a pesos $4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000  por vínculo”.

Por otra parte, “en el ámbito de la Cámara de Diputados, tal sustracción se habría iniciado luego del 11/12/2011, con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

Los cheques de los contratos “eran entregados a Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza, como ser: Esteban Angel Alberto Scialocomo, María Victoria Alvarez, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Alvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartin, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Veronica Caino, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla, Hugo Luna (f), entre otros. A las personas del circulo de confianza que operaban como ´cobradores´ de cheques, se los hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem Nº 64 de esta ciudad o hasta la Tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87, sitios donde Beckamn, Mena, Balladares y Scialocomo, entre otros, les repartían los valores para su cobro,  el que se ejecutaba en diversas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos, preponderantemente, en las Sucursales Nº 184  “Institucional” (calle Urquiza y San Martín de esta capital); Nº 1 “Casa Central” (calle Montecaseros y 25 de Mayo de Paraná);  y Nº 65 (Malvinas Nº 156 de esta ciudad). -Luego de percibidas las respectivas sumas de dinero en el banco, éstas eran entregadas a Hugo Rubén Mena, Fabiana Marcela Beckman, Jorge Pablo Balladares, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, y/o otro/s integrante/s de la asociación, quienes aguardaban en los referidos puntos de entrega y les pagaban a los “cobradores” alrededor de pesos doscientos ($200) a cambio de la percepción de cada cheque.-Asimismo, y desde el año 2017, se bancarizó el pago de algunos de los referidos contratos, principalmente de aquellos dados por la Cámara de Senadores, a través de la apertura de “cuentas sueldo” a los contratados y el otorgamiento de la correspondiente Tarjeta de Débito. Estas tarjetas, pese a ser un instrumento personal, eran retenidas por Flavia Marcela Becckman, Hugo Rubén Mena y otras personas de la asociación, previa entrega por sus titulares, para efectuar directamente el cobro de los honorarios en sucursales de diversos puntos del país.-Posteriormente, el dinero resultante era entregado a Gustavo Hernán Pérez, Sergio Cardoso, Roberto Ariel Faure, Alejandro Almada, y a Alfredo Bilbao. A su vez, este último recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas.-La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Fare, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos “contratistas”, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de “Entre Ríos Servicios”, emplazada en el propio Estudio “Integral Asesoría” de los tres primeros contadores mencionados. Dichas tareas, en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Honorable Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Guido Krapp, el corredor inmobiliaro Renato Jesús Mansilla, los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, estos tres últimos también integrantes de Integral Asesoría; y con la  Cámara de Senadores de la Nación en favor de Gustavo Falco y nuevamente de Renato Jesús Mansukka, a través de contratos suscriptos por el Senador Nacional Pedro Guillermo Ángel Guastavino. Alfredo Bilbao también se encargaba de participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Hernán Pérez y Jorge Enrique De Breuil (empleado de planta permanente del Honorable Senado de la povincia y contratado como personal transitorio del Honorable Senado de la Nación por el Senador Pedro Guastavino), de una parte del dinero resultante. Los tres, aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes invesiones inmobiliarias y agricolo-ganaderas” .

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.