Tres jueces manifestaron su no objeción a conformar el tribunal que deberá juzgar, en juicio oral, al cura Justo José Ilarraz por los abusos ocurridos en el Seminario Arquidiocesano de Paraná.
Se trata de lo jueces José Eduardo Ruhl, titular del Juzgado de Garantías N° 2; Humberto Oscar Franchi, titular del Juzgado de Garantías N° 3; y Mauricio Marcelo Mayer, del Juzgado de Garantías N° 4, todos de Paraná.
De los tres, se deben escoger dos, y el tercero deberá ser un camarista, cuya designación quedará en manos del máximo órgano judicial de la provincia.
El camarista Alejandro Grippo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones y primer juez que tuvo, en 2012, la causa Ilarraz, elevó la petición al STJ. Le pidió que «tenga a bien contemplar la posibilidad, y en su caso autorizar, la integración del Tribunal en la presente causa, conun vocal de Cámara de la Provincia, con competencia penal, que corresponda según el orden de la lista que ese Alto Cuerpo confecciona cada año». Ese tribunal, además, deberá estar integrado por dos jueces de Garantías.
Siete víctimas acusaron a Ilarraz de graves hechos de abuso sexual mientras permanecían como pupilos en el Seminario y el sacerdote cumplía funciones de prefecto de disciplina, entre 1985 y 1993.
En 1995 el entonces arzobispo Estanislao Karlic le inició un juicio diocesano, escuchó a las víctimas y le aplicó a Ilarraz la sanción del destierro.
El caso llegó en 1992 a la Justicia y debió atravesar una serie de apelaciones y planteos de la defensa del sacerdote. A lo largo de la tramitación de la causa, se sucedieron tres jueces: Alejandro Grippo, Susana María Paola Firpo y Pablo Zoff. Este último resolvió, el 17 de agosto, elevar la causa a juicio oral.
Ahora, resta un trámite clave: definir la integración del tribunal que juzgará al sacerdote, lo cual no parece un trámite menor. La mayoría de los magistrados ya han intervenido en la causa y por eso mismo no pueden integrar el tribunal que juzgue en juicio oral al cura Ilarraz. Luego de que se resuelva la integración, sobrevendrá la fijación de la fecha del juicio.
Será el cierre de una instrucción que llevó más de tres años y que puso a toda la jerarquía de la Iglesia Católica de Paraná ante la obligación de rendir cuentas en la Iglesia: los tres últimos arzobispos (Estanislao Karlic, Mario Maulión y Juan Alberto Puiggari) debieron testimoniar, y la ventilación del caso sacudió al catolicismo.
La elevación a juicio se resolvió aún cuando Ilarraz no ha respondido al exhorto que le envió la Justicia para notificarlo de la imposición del pago de casi $100 mil en costas y honorarios, tal cual lo resolvió el Tribunal de Juicios y Apelaciones, compuesto por los vocales Pablo Vírgala, Gustavo Maldonado y Marina Barbagelata.
El 17 de agosto el juez Zoff ya había resuelto elevar la causa a juicio, pero la medida tropezó con una apelación que formularon los defensores del sacerdote, Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz.
A finales de septiembre, el asunto quedó resuelto con un dictamen del Tribunal de Juicios y Apelaciones que no hizo lugar a los planteos formulados.
El tribunal conformado por los jueces Pablo Vírgala, Gustavo Maldonado y Marina Barbagelata, rechazó la apelación de los abogados y confirmó la resolución de elevación de la causa a juicio oral, que emitió el 17 de agosto último el magistrado.
Fornerón y Muñoz habían cuestionado que se hubiera tomado como válida la prueba incorporada al expediente judicial que contiene las actuaciones que en 1995 ordenó realizar el entonces arzobispo Estanislao Karlic cuando supo de las denuncias por abusos que pesaban sobre Ilarraz.
Pero los jueces rechazaron esa objeción de la defensa. Sostuvieron al respecto que “lo que en verdad se está cuestionando, bajo la excusa de la existencia de actos nulos, no es otra cosa que la valoración que de los mismos, libremente, han realizado distintos magistrados que expresaron su opinión en la causa, insistiendo nuevamente con ello, olvidando el carácter no definitivo de la etapa procesal en la que nos hallamos, y que será en el plenario en el que los jueces llamados a integrar el tribunal habrán de resolver, en primer lugar, su admisibilidad como pruebas y luego, en todo caso, su valor convictivo”, dice la resolución judicial.
Al rechazo, sobrevino la imposición de costas a Ilarraz, a pedido de la querellante Rosario Romero. El monto regulado fue de $94.500.
Pero el defensor de Ilarraz insistió con sus planteos, y también invalidó el dictamen de los jueces Vírgala y Maldonado, y los recusó.
Pero el mismo tribunal volvió a producir un rechazo.
La Justicia rechazó por “infundada”, “absurda” y “dilatoria” una presentación hecha por el defensor del cura Justo José Ilarraz, procesado y a punto de ir a juicio oral en el caso de los abusos en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo.
Esa apelación fue rechazada por inadmisible. Entonces, el defensor de Ilarraz acudió con otro planteo, pidiendo la nulidad de esa resolución. Fornerón entendió que la recusación no se tramitó como correspondía, y por eso pidió que se declare la nulidad de esa decisión, y para eso se integre un nuevo tribunal. Al respecto, hizo reserva de ir con el planteo en Casación.
Pero mientras eso no ocurra, sólo resta espera la fijación de la fecha para que el cura Ilarraz se siente en el banquillo de los acusados.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.