El fiscal Juan Malvasio dirige desde horas de la mañana siete allanamientos en el marco de la  causa iniciada por los gastos de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. La justicia entrerriana investiga las consecuencias del convenio celebrado entre el Estado y la Cámara Argentina de la Construcción para la realización de obra pública. Allanaron Vialidad Provincial, Cámara de la Construcción y las empresas Cemyc, Losi S.A y Caballi, entre otras.

Las Justicia entrerriana pone el foco en la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizó en la capital entrerriana en diciembre de 2014. A la causa que investigan los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro por los gastos exorbitantes del Gobierno de Sergio Urribarri en ese marco, se suma la investigación que lleva adelante el fiscal Juan Malvasio por un convenio celebrado entre el Estado y la Cámara Argentina de la Construcción para la realización de obra pública. Calculan sobreprecios mayores al 60%.

Precisamente, este miércoles, efectivos de la policía de Entre Ríos dirigidos por el fiscal Malvasio iniciaron una serie de allanamientos. En una mañana agitada para el sector de la construcción entrerriana, la policía fue a buscar material de utilidad para la investigación en Vialidad Provincial, Cámara de la Construcción y las empresas Cemyc, Losi S.A y Caballi, todas vinculadas al sospechoso acuerdo celebrado con la gestión Urribarri.

El Ministerio Público Fiscal ya abrió una causa que apunta a esclarecer una nueva sospecha de corrupción que involucra de modo directo al exgobernador de la provincia, Sergio Urribarri y otros funcionarios de su gestión.

En este caso, el fiscal Juan Malvasio investiga si existió abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación en perjuicio del Estado Provincial, en las contrataciones realizada por la ya célebre Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, en el marco de la organización de la Cumbre de Presidentes realizada en Paraná, en diciembre de 2014.

 

Días antes de la reunión de mandatarios del Mercosur, Entre Ríos Ahora detallaba algunos de los gastos que había ocasionado el encuentro.  Los números en relación a las obras y el reparto entre las firmas, resultaba llamativo: cinco constructoras habían cobrado 38 millones de pesos. Al tope de la lista se ubicaba la empresa constructora Cemyc SRL, con $ 12.979.337,82; le seguía en la lista, muy cerca, Antonio Caballi SA, del empresario Miguel Ángel Marizza, que se alzó con $ 12.683.198,14;  después venía Szczech & Szczech SA con $6.88.198,97; más atrás OIC SA, que percibió $5.644.639,94 y por último Luis Losi SA, donde gerencia un hermano del ex titular de YPF, Miguel Galuccio, que apenas si percibió $ 535.184,34.

 

La Ley N° 10.327, votada el 16 de octubre de 2014 por la Legislatura de Entre Ríos, facultó al Poder Ejecutivo a gastar fondos públicos sin utilizar los mecanismo de la licitación o el cotejo de precios: todo fue mediante el sistema de contratación directa.

Esa Unidad Operativa Mercosur fue constituida a través del decreto N° 3.615, firmado por el gobernador Sergio Urribarri, a cuyo frente ubicó al subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, Hugo Félix Céspedes; y como coordinador contable, al director del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, Gustavo Tortul.

Lo que investiga la justicia y se desconocía hasta ahora, es que el Estado entrerriano celebró un convenio con la Cámara Argentina de la Construcción, mediante el cual la gestión de Urribarri delegó en los constructores la selección de los contratistas. Es decir, la Cámara Argentina de la Construcción eligió qué empresa iba a hacer qué cosa, propuso precio y el Estado dijo sí.

En ese marco, el Ministerio Publico Fiscal realiza su pesquisa sobre los distintos expedientes que tienen mucho más que un ligero aspecto a números inflamados.

Entre Ríos Ahora publicó en julio de este año, algunos datos llamativos.

En los números contenidos en el informe que elevó la Coordinación General de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur que llegó al titular de la Cámara de Diputados, José Ángel Allende, figura, por ejemplo, $1.653.560 de gasto en el sistema contra incendio o $2.564.510 en instalación de equipos de audio. Más llamativo aún: la constructora Caballi S.A cobró $885 mil, según consta en el informe, por “alquiler, armado, mantenimiento y desarme de elementos de decoración”. La carpeta asfáltica del garage de la Usina le salió al Estado más de $550 mil, pero no se quedó atrás el gasto “en parquizado”, por más de $400 mil en ambas sedes o el retapizado de sillas que, nada más que en la Usina, superó los $300 mil.

Lo que se pagó en tendido y conexión de fibra óptica casi alcanza los $6 millones. Se trata, más precisamente, de $5. 784.266 abonados a Organización Industrial Construcciones SA (Oicsa), la misma empresa vinculada al escandaloso sobreprecio denunciado en Larroque por el actual intendente Darío Benedetti (Cambiemos).

La fiscalía investiga, en primera instancia, el incumplimiento de todas las normativas de contratación a partir del convenio celebrado con los constructores y sus consecuencias. Pero además vislumbra más irregularidades en los expedientes a los que da origen ese acuerdo y, sospecha, de sobreprecios mayores al 60%. En la investigación, además, se observa que las personas designadas como intermediarios entre el Estado y la Cámara Argentina de la Construcción, se contratan a sí mismos o a empresas vinculadas e incluso se observan casos de empresas que hicieron obras fuera de su rubro habitual.

Una nueva causa judicial cae sobre la gestión más cuestionada en la historia democrática de la provincia. Urribarri suma otra preocupación focalizada en lo que fue la etapa final de un Gobierno y su apuesta fuerte para alcanzar un espacio de jerarquía a nivel nacional, el puntal del famoso sueño entrerriano, la Cumbre que iba a ser una trampolín y ahora se parece mucho a otra cosa. A otra cosa más oscura y definitiva.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora