El empresario de la farándula Jorge «Corcho»  Rodríguez consiguió hoy zafar de la causa penal que lo tenía imputado como partícipe del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de un millonario contrato de publicidad que logró durante el gobierno de Sergio Urribarri para promocionar la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014.

La jueza de Garantías Eliza Zilly refrendió un acuerdo que consiguieron sus abogados, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, con el Ministerio Público Fiscal, para acceder a la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, el pago de una indemnización al Estado entrerriano de $150 mil en cuotas, durante un año, y la realización de campañas de difusión en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos. Esa promoción será a modo de canje: lo hará a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, y también en el programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefe.

La contratación del gobierno de Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez, con la empresa del «Corcho» Rodríguez, Nelly Entertainment SA  supuso el pago de $28 millones para la difusión en medios de todos el país de cuatro spots, filmados por la Provincia, en teoría para la difusión de la Cumbre Mercosur, pero en los hechos sólo uno trató sobre el encuentro regional en Paraná, y los otros tres fueron para instalar la figura del exgobernador en el marco del “Sueño Entrerriano”, su frustrada candidatura a la presidencia para suceder a Cristina Fernández de Kirchner. Tal la hipótesis de la Fiscalía.

La Ley 10.327 promulgada el 20 de octubre de 2014, que declaró de interés la 47º Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre de ese año en Paraná, facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros y realizar toda otra compra u operación necesaria para realizar eventos inherentes al encuentro de los jefes de Estado de la región.

La autorización legal permitió al Ejecutivo eludir los procedimientos naturales de licitación pública, cotejo de precios, etcétera, pero bajo la exigencia de que lo contratado por vía directa sea lo estrictamente necesario para la organización y realización de la Cumbre. Sin embargo, el Gobierno Provincial contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube, por más de 28 millones con la firma Nelly Entertainment, para dar a conocer cuatro videos, de los cuales, tres no tenían absolutamente nada que ver con la visita de los presidentes del Mercosur.

O sea, buena parte de ese gasto se habría usado para pagar el “Sueño Entrerriano” de Urribarri y la instalación de su figura en el orden nacional, hasta que su candidatura terminó opacada por Daniel Scioli.

Así, la contratación no podría enmarcarse en la autorización legislativa del artículo 2º de la Ley 10.327, porque por más amplio que fuera dicho salvoconducto, solo uno de los vídeos que se subió a las redes tenía relación directa con la Cumbre: un material fílmico en el que Urribarri aparece brindando un saludo de bienvenida a los presidentes. Los otros tres se refieren pura y exclusivamente a propaganda sobre la gestión del por entonces precandidato a Presidente.

Pero esa no sería la única particularidad llamativa del Expediente Nº 1656798, iniciado el 25 de noviembre de 2014 a instancias del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, e identificado “Área Técnico-Administrativa – Dirección General De Despacho – Subsecretaría de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos – Secretaría de Comunicación –Ministerio de Cultura y Comunicación – Poder Ejecutivo”.

Otra peculiaridad es el ritmo vertiginoso de su tramitación. Si bien es razonable que se trataba de gestiones que requerían de cierta celeridad, es llamativo, para cualquiera que haya realizado alguna vez un trámite en la Administración Pública Provincial, que en cinco días hábiles (27 y 28 de Noviembre, y 1º, 2 y 3 de diciembre de 2014), el Expediente Nº 1656798 recorrió los despachos de diez funcionarios de los organismos de control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables. Corresponde aclarar que los diez funcionarios encargados de los controles previos de la actividad estatal dictaminaron sobre un proyecto del disuelto Ministerio de Cultura “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que Báez pensaba difundir por contratación directa, pero no deja de llamar la atención de cualquier experto en vericuetos administrativos la agilidad puesta de manifiesto por dichos organismos en el caso en particular.

Pero, quizás por ese frenético derrotero del expediente, ninguno de los controladores advirtió tampoco que el exministro de Cultura no aclaraba si la difusión sería local o nacional, como tampoco especificaba en su pedido el plazo de la campaña, el monto de la contratación, el presupuesto estimativo, los horarios, canales, programas, redes, o demás detalles adonde se pretendía incluir el material referido a “políticas públicas”, detalles de importancia, dado que si bien la Ley 10327 autorizaba a la contratación directa, en su artículo 8ª mandaba aplicar expresamente la Ley de Contabilidad y los principios del derecho administrativo, que establecen topes, formas y garantías para los eventuales participantes de cualquier proceso de contratación con el Estado.

Con todas esas maratónicas autorizaciones, el exministro Báez avanzó y el 4 de diciembre resolvió interesar a los medios de comunicación y agencias de publicidad para que propongan un esquema para la difusión de los cuatro spots “inherentes” a la Cumbre, en el exiguo plazo de 4 días. Dicha invitación a ofertar fue realizada en “El Diario” de Paraná, y en ningún otro medio escrito local ni nacional. El viejo diario que fuera radical y ahora está en manos de empresarios amigos del Gobierno Provincial demostró tener una llegada inusitada, ya que logró el interés de cuatro empresas de Buenos Aires que el 9 de diciembre presentaron sus ofertas entre las 7.10 y las 9.55 horas.

Con las ofertas a las vista, Báez y los funcionarios de su ministerio decidieron que sólo dos cumplían con los requisitos, exigencias sólo conocidas por ellos, ya que no había un precio testigo que pudiera establecer que 31 millones era una cifra adecuada, como así tampoco había un pliego de condiciones mínimas para explicar a los interesados cuáles eran las necesidades de difusión del Poder Ejecutivo Provincial. Tan poca referencia tenían los oferentes, que una de las propuestas se olvidó de enmarcar la contratación en la Cumbre del Mercosur y se presentó para difundir los spots “para publicitar los logros de los 7 años de gobierno”.

Así las cosas, en cinco días, el Gobierno Provincial publicó el aviso en “El Diario”, recibió las ofertas, descartó las que no cumplían con sus requisitos y publicó el Decreto 4800/14. El 9 de diciembre de 2014, entre las 10 (hora de cierre de las presentaciones de los interesados) y las 13 horas, con una intervención que quedará en los anales de la eficiencia estatal, el proceso de contratación recibió el aval del director de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y Cultura, el exministro Pedro Báez, el exgobernador Sergio Urribarri y la directora de Despacho (estos últimos para la elaboración del Decreto emitido ese mismo día).

Con look hippie

«Corcho» Rodríguez estuvo este viernes en Tribunales. Vestía de forma informal, abundante cabellera y barba. Al final de la audiencia, accedió a hablar con los periodistas. Dejó en claro que no cometió ningún delito,  y que cumplió a rajatabla con lo que se había contratado.

En la audiencia ante la jueza Zilli, se presentó como un hombre soltero, padre de tres hijos, de 56, y de oficio diseñador industrial y empresario.

Su abogado Julio Federik formalizó en la audiencia el pedido de suspensión del juicio a prueba por dos años, plazo durante el cual debe realizar tareas comunitarias, en este caso tareas de difusión del comedor Los Piletones a través de las redes sociales y el programa televisivo de la mujer de «Corcho» Rodríguez, Verónica Lozano.

El fiscal Gonzalo Badano expresó que el Ministerio Público Fiscal accedió a la petición de los defensores de Rodríguez por cuanto el delito que se le imputa, negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipe, tiene una pena en expectativa relativamente baja, y de cumplimiento condicional.

La defensa del «Corcho» ofreció pagar una reparación al Estado de $150 mil en el plazo de dos años -adujo que su cliente tiene inhibición general de bienes en la causa de que investiga el pago de coimas por parte de la brasileña Odebrecht-, aunque la jueza dispuso que la cancelación sea en el plazo de un año.

«Con respecto a las reglas de conducta, atendiendo a las características del injusto, hemos convenido  las siguientes reglas: suspensión de juicio a prueba durante 2 años. En ese tiempo, el señor Rodríguez hará publicidad a favor de la institución  Los Piletones, de Margarita Barrientos, en atención a que no reside en la provincia, y que lo puede realizar en Buenos Aires, y a través de redes sociales de la señora Verónica Lozano, con un millón de seguidores, y en el programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefé, con un total de cinco menciones diarias;  una pauta de 100 segundos en radio, en diez programas, de Baby Echecopar y Oscar González Oro, en Radio 10», detalló el defensor Federik.

Y agregó: «Este ofrecimiento es significativo e importante. Estamos hablando del programa Cortá por Lozano de Telefe y en el programa de Radio 10 de Baby Echecopar y González Oro. Y las redes social de Verónica Lozano en Instagram, con 1 millón de seguidores».

La Fiscalía accedió al pedido por cuanto Rodríguez no cuenta con antecedentes penales y tampoco ha accedido antes a una probation.

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.