La situación de la causa que investiga los abusos que se le imputan al cura Marcelino Ricardo Moya en Villaguay sumó un incidente que ahora deberá ser resuelto por un tribunal de alzada de Concepción del Uruguay.
El cura, que está imputado como principal acusado por dos casos de abuso a menores, de momento se ha mantenido en el más cerrado silencio: el 20 de diciembre, cuando fue citado a declaración indagatoria en los Tribunales de Villaguay, se negó a hablar ante la fiscal Nadia Benedetti.
El lunes 29 de junio de 2015, dos jóvenes, un médico, Pablo Huck, y un estudiante de Derecho, EF, hicieron la denuncia formal ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull de los abusos que dijeron haber sido víctimas mientras formaron parte del grupo de jóvenes de la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, en la década de 1990, cuando Moya era vicario allí.
La denuncia apuntó, entonces, a hechos ocurridos mientras Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, donde además ejerció como docente en el Instituto La Inmaculada, aunque también fue capellán de la unidad del Ejército.
Las dos víctimas que lo denunciaron –la causa la tramita la fiscal Nadia Benedetti– fueron alumnos en La Inmaculada y además integraban el grupo de jóvenes que Moya conformó no bien llegó a Villaguay. Algunos de ellos, incluso solían quedarse a dormir en la casa parroquial, una situación considerada “normal” por sus familias en función de la personalidad del cura: extrovertido y extremadamente seductor.
Al día siguiente de la denuncia judicial, la Iglesia apartó a Moya de sus funciones sacerdotales. Entonces, cumplía tareas como párroco en Seguí. La investigación eclesiástica se puso en marcha según lo establece el Código de Derecho Canónico en el canon Nº 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis”.
La expresión en latín “Gravioribus Delictis” alude a los “delitos graves”, como la pederastia, la acusación que recae sobre Moya, y conforma parte de las reformas introducidas en 2010 por el papa emérito Benedicto XVI para abordar los delitos de abuso de menores.
La Iglesia se preocupó en aclarar que las decisiones tomadas por la curia se basan en el canon Nº 1.717 del Código de Derecho Canónico, que ordena que cuando un obispo “tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo superflua”.
En el marco de esa investigación de la Iglesia, se resolvió “como medida cautelar”, apartar a Moya de su función de párroco, “y se le ha impedido el ejercicio público del ministerio, según lo determina el Derecho Canónico, hasta que la Justicia se expida”.
A la vez, abrió una investigación diocesana, cuyos resultados ya fueron enviados al Vaticano.
A comienzos de enero, el caso Moya tuvo un vuelco: el 6 de ese mes el cura fue internado en el Hospital San Martín. Allí estuvo aproximadamente dos semanas, hasta que después fue derivado al Sanatorio San Camilo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aunque primeramente se pensó en comisionar al fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull para hacer un seguimiento de la situación del cura, investigado por la Justicia desde finales de junio de 2015, finalmente se decidió que todas las actuaciones fueran giradas a la fiscal Benedetti. No obstante, hubo contactos con la Iglesia y se pidió que el sacerdote Luis Anaya, capellán del Hospital San Martín, fuera el nexo.
La médica que lo trató fue Laura Díaz Petrussi, quien es a la vez directora del Programa Provincial de Sida.
La jefa del Servicio de Infectología, Adriana Bevacqua, no bien supo quién era el paciente internado en el Hospital San Martín, se presentó en Tribunales y pidió ser relevada del secreto médico, pero sólo a los fines de que esa información fuera incorporada al expediente judicial.
El abogado Florencio Montiel, abogado querellante que representa a Pablo Huck, una de las víctimas, pidió que se lo ponga al corriente de cuál es el diagnóstico de Moya, una información que considera clave para avanzar con su estrategia judicial.
Pero el planteo fue rechazado por el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín. Montiel decidió recurrir esa decisión.
Ahora, el incidente fue en apelación para que sea resuelto en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguy, que preside Mariano Martínez.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.