“Vine a hacer un trámite”, dijo el exvicegobernador y exintendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi. No pudo evitar la consulta: llegó al mediodía del viernes al edificio de Tribunales ubicado en Santa Fe 290, acompañado por su esposa y ex diputada provincial Patricia Díaz (PJ- La Paz) y el abogado Mariciano Martínez.

Para ingresar,  Rossi, Díaz y Martínez debieron sortear un cerco de periodistas que en ese momento aguardaba la salida de Juan José Canosa, el ex presidente de la tarjeta Sidecreer que declaró ante el fiscal Juan Malvasio. Una vez adentro, Rossi y compañía se cruzaron con el exfuncionario acusado de negociaciones incompatibles con la función pública. Entre Ríos Ahora, abordó al exvicegobernador para consultarlo por su presencia en el Ministerio Público: “Vine a hacer un trámite”, se limitó a responder.

 

En rigor, el trámite del exvicegobernador y hombre del peronismo del departamento La Paz tuvo que ver con la presentación de un escrito en relación a la causa abierta en diciembre de 2016 por supuesto enriquecimiento ilícito contra la mujer de Rossi, la ex diputada provincial Patricia Díaz (PJ-La Paz). La nota fue dirigida al fiscal Alvaro Piérola, quien tiene en manos el caso.

Procurador Jorge García.

Procurador Jorge García.

La investigación se abrió de oficio a fines del año pasado por orden del Procurador General Jorge García, luego de una publicación de la revista “Análisis”, en la que se informó que la ex legisladora tendría en el Scotia Bank de Montevideo una cifra de u$s 1.160.000, como así también inversiones en bonos en Chile, Brasil, Estados Unidos, México y el Uruguay por 886.148 dólares. “Si la Justicia comprueba que Rossi está detrás de la maniobra, también lo comprendería a él la causa”, señaló en diciembre la publicación que dirige Daniel Enz.

Rossi y Patricia Díaz son representados legalmente por los abogados Marciano Martínez y Carlos Reggiardo. Este último dio precisiones de la presentación realizada este viernes en el Ministerio Público Fiscal y lanzó cuestionamientos contra el jefe de los fiscales, Jorge Amilcar García, quien en junio de 2006 integró el tribunal que condenó por enriquecimiento ilícito al ex intendente de Santa Elena cuando se le detectaron cuentas millonarias en el Uruguay, a nombre de su entonces mujer, Isolina García y su madre jubilada. También habló de la petición realizada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que revise la condena del dirigente peronista.

 

“Nos presentamos dos veces, en diciembre y ahora a decir que vamos a Uruguay, vamos a ver si está esa cuenta que denuncia la nota, vamos a ver si está esa plata”, dijo Reggiardo y agregó que “lo que le digo al fiscal en un escrito es que no vamos a hacer uso del secreto bancario y queremos que el Banco Central del Uruguay diga si hay una cuenta en cualquier banco de la República del Uruguay a nombre de Rossi o Patricia Díaz”.

 

En esa línea, cuestionó la apertura de la causa y apuntó al jefe de los fiscales, Jorge García: “Cómo García va a investigar a Rossi por enriquecimiento ilícito si por cosa juzgada ya había sido condenado”, se preguntó y añadió que “abrir la causa no tiene sentido porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.

 

“Quieren mantener a Rossi en la parrilla hasta que pasen las elecciones legislativas, porque saben que está denunciando que esta vuelta de (Jorge) Busti al Frente para la Victoria es para consolidar el pacto político-judicial”, afirmó el letrado.

 

Finalmente, Reggiardo recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le corrió traslado al Estado argentino para que en el plazo de tres meses (contados desde diciembre) presente sus observaciones sobre la condena de Rossi, de junio de 2006. Ese año el ex vicegobernador fue sentenciado a la pena de tres años de prisión, de ejecución condicional e inhabilitación absoluta por ocho años y multa de $90 mil pesos.

 

“El Estado tienen tres posibilidades: contestar y justificar la condena, lo cual desde el punto de vista jurídico es difícil; que conteste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y la otra es una solución amistosa, una especie de mediación que es lo que nosotros no tenemos problemas de hacer”, finalizó Reggiardo.

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.