La causa en la que se encuentran imputados seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el ex ministro de Salud Ariel de la Rosa por coacciones contra la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, volvió a los tribunales de esa ciudad.
El expediente fue girado nuevamente para que la fiscalía readecue el escrito de imputación contra las secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez y Zunilda Suárez, por los hechos del lunes 5 de junio.
Y este viernes 18, Carina Domínguez y Suárez, ambas dirigentes de UPCN, deberán presentarse nuevamente en los tribunales de Diamante para declarar por uno de los hechos que se les imputa, coacciones en coautoría. La fiscalía no descarta que este viernes las dirigentes se abstengan de declarar, tal como lo hicieron en su primera declaración indagatoria, que ocurrió días después de ser detenidas –junto a otros gremialistas- por la batahola del 7 de junio en el hospital de Salud Mental de Diamante.
En la primera imputación, el escrito de la fiscalía consignaba que ambas dirigentes estuvieron en el nosocomio ese día, y que participaron de las presiones a la directora. Con el correr de la investigación- luego de la declaración de testigos, imputados y análisis de teléfonos celulares secuestrados a los acusados- se corroboró que no estuvieron pero que participaron en la organización del desembarco de otros sindicalistas que exigieron con violencia la reincorporación de la enfermera Yanina Migueles, a quien se le había cortado el contrato el 1° de junio.
En la audiencia de remisión a juicio del 26 de julio, el juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara, sobreseyó a Domínguez y Suárez, como lo había solicitado su abogado Marcos Rodríguez Allende. Sin embargo, el sobreseimiento duró poco. Los fiscales Gilberto Robledo, Laureano Dato y Gamal Taleb apelaron y el vocal suplente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, el pasado 9 de agosto, revocó el sobreseimiento de las dos dirigentes. El juez también rechazó por inadmisible el recurso de apelación por “excepción por falta de acción” interpuesto por los abogados del ex ministro de Salud Ariel De la Rosa, que buscó ser sobreseído.
El magistrado dejó en claro que el juez de Garantías no tiene la facultad de dictar un sobreseimiento, ya que se debe limitar a llevar un control ‘formal’ del requerimiento fiscal de remisión a juicio. En la última audiencia, Cotorruelo indicó que la fiscalía debe readecuar el delito de coacción en coautoría –organización- que se le imputa a Domínguez y Suárez. Por esa razón, ambas fueron citadas a declarar este viernes por la mañana ante los fiscales Robledo y Dato.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, el fiscal Robledo explicó que “la corrección de la imputación la sugerimos nosotros y el juez hizo lugar al pedido, que era hacer una adecuación sobre el hecho del lunes 5 de junio”.
La defensa de las imputadas, a cargo de Rodríguez Allende, recalcó que no existe delito ya que ambas dirigentes no estuvieron en el lugar de los hechos. Sin embargo, la fiscalía entiende que el mismo se cometió a la distancia, en un rol de planificación. “Una cosa es decir no hay delito, y otra es que el hecho no está bien precisado y hay que modificarlo”, señaló el fiscal Robledo.
El acusador público sostuvo que el escrito se debe readecuar para “darle mayor certeza a lo que se le imputa a Domínguez y Suárez. Estamos conforme con la decisión de Cottorruelo, porque se dejó sin efecto el sobreseimiento y se mandó a readecuar el hecho”.
En la audiencia ante el juez Cotorruelo, tanto la fiscalía como la defensa de las imputadas expusieron su tesis acerca de la existencia del delito de coacción en coautoría. Para la defensa de las acusadas el delito se constituye cuando las personas están en el lugar de los hechos, visión que no es compartida por los representantes del Ministerio público Fiscal.
“Yo puedo estar en Europa y puedo ejercer coacción. De hecho Ariel De la Rosa estaba presionando a la distancia a la directora porque quería que incorpore a una persona”, puntualizó el fiscal Robledo.
“En definitiva, por más cosas que diga la defensa se dio vuelta el sobreseimiento y nosotros mandamos a readecuar el hecho porque si vamos al juicio con el hecho mal formulado podríamos llegar a que en el debate las sobresean”, agregó el funcionario judicial.
Finalmente, el fiscal Robledo aclaró que a pesar de que la causa se elevó a juicio el 26 de julio, el proceso volverá a repetirse en esta etapa porque tras el fallo del tribunal de alzada del pasado 9 de agosto, el expediente UPCN regresó por completo, y no sólo la parte de Domínguez y Suárez. “Mandaron todo de nuevo y se deberá hacer una nueva audiencia de remisión a juicio, que va a ser exactamente lo misma, la diferencia está en un hecho”.
Para el fiscal ese proceso será un trámite más rápido porque “todas las pruebas que ya se trataron y la única diferencia que hay es sobre un hecho”.
Los dirigentes de UPCN que serán llevados a juicio por las supuestas amenazas y aprietes ocurridos entre el lunes 5 y el miércoles 7 de junio contra la directora del nosocomio diamantino, son: Zunilda Suárez; Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio y uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper); los vocales suplentes en el sindicato, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio. A Barreira y Monzón también se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas. El ex ministro Ariel De la Rosa deberá sentarse en el banquillo de acusados.
Especial para Entre Ríos Ahora.