El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Elvio Garzón revocó hoy la resolución del juez de Garantías Mauricio Mayer y concedió la suspensión de juicio a prueba solicitada por Guillermo Linares y Miriam Fessia, imputados en la causa “Urribarri, Sergio Daniel-Carmona Herreros, Diego Armando-Fessia, Miriam Estela-Linares, Guillermo Andrés s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Fue durante una audiencia celebrada en el salón número uno de los Tribunales de Paraná.

El abogado defensor Juan Carlos Palacios señaló que el juez Mayer se extralimitó en sus funciones en el marco del sistema acusatorio vigente en la provincia y se apartó del acuerdo que el defensor presentó el 12 de febrero pasado junto a la fiscal Patricia Yedro y el fiscal Gonzalo Badano. Y planteó otros dos agravios que fueron compartidos por los representantes del Ministerio Público Fiscal: que el juez de primera instancia basó su resolución en una tesis restrictiva de la suspensión del juicio a prueba y que desconoció otros casos en los que se concedió ese beneficio a imputados por delitos contra la administración pública pero que no se desempeñaban en organismos estatales.

Los extrabajadores, una abogada y un contador, fueron considerados partícipes secundarios por la Fiscalía, y habían pedido la suspensión de juicio a prueba, y como medida accesoria, pagar, en cuotas, una indemnización al Estado..

En la investigación penal que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano también están implicados, además de Urribarri y el dueño de Relevamientos Catastrales, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; el ex director General de Informática, Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli, directivos de Relevamientos Catastrales, el contador de la empresa, Guillermo Linares y la abogada de la firma, Miriam Fessia. Estos dos últimos son los que piden la suspensión de juicio a prueba.

La investigación inició con datos oficiales de enero de 2007. En ese entonces, Urribarri era ministro de Gobierno de la administración del exgobernador Jorge Busti, quien a partir de una relación de amistad que había hecho con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, propuso la contratación de su empresa Relevamientos Catastrales, con sede en Capital Federal.

En el marco de esa investigación penal que está en marcha, dos exempleados  de Relevamientos Catastrales, que ya terminaron su relación laboral con la firma, la abogada Miriam Estela Fessia y el contador Guillermo Andrés Linares, y que estaban imputados en la causa, acordaron la suspensión del juicio a prueba al ser considerados partícipes secundarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública y por no ser, precisamente, funcionarios públicos. A ambos los representa el abogado Juan Carlos Palacios.

Fressi ofreció una reparación al Estado entrerriano de $120 mil, que pagará en 12 cuotas de $10 mil. Y como no podrá realizar tareas comunitarias por pandemia y porque no vive en la provincia sino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuso abonar una multa de $60 mil, en cuotas de $5 mil, a la institución que determine la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial de Entre Ríos.

En tanto, el contador Linares pagará como reparación al Estado entrerriano la suma de $150 mil, en 12 cuotas mensuales; y hará una donación a la institución de bien público que determine la OMA de $60 mil, que también cancelará en 12 cuotas.

Tras considerar que se cumplían los requisitos objetivos y subjetivos que prevé el artículo 76 del Código Penal, el juez Garzón homologó las normas de conducta para Linares y Fessia durante los plazos previstos en el acuerdo de partes.
Imposibilitados de efectuar tareas comunitarias dado el distanciamiento social vigente producto de la pandemia de Covid-19, Fessia propuso un resarcimiento al Estado provincial de 120.000 pesos en 12 cuotas y Linares otro de 150.000 pesos en 10 cuotas. Además los imputados ofrecieron pagar una donación de 60.000 pesos a una organización que disponga la Oficina de Medios Alternativos

De la Redacción de Entre Ríos Ahora