El juez de Garantías Mauricio Mayer rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba para dos exempleados de la firma Relevamientos Catastrales SA, que entre 2007 y 2014 firmó millonarios contratos con la administración del exgobernador Sergio Urribarri. Los extrabajadores, una abogada y un contador, están considerados partícipes secundarios por la Fiscalía, y habían pedido la suspensión de juicio a prueba, y como medida accesoria, pagar, en cuotas, una indemnización al Estado.
«Entiendo que estas personas particulares han participado en un hecho delictivo que involucra el interés de la Administración Pública», argumentó el juez Mayer. «Este caso merece ser tratado en un juicio oral y público», apuntó al justificar el porqué de su rechazo a la petición que hiciera el abogado de los dos exempleados, solicitud a la que se había plegado el Ministerio Público Fiscal.
En la investigación penal que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano también están implicados, además de Urribarri y el dueño de Relevamientos Catastrales, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; el ex director General de Informática, Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli, directivos de Relevamientos Catastrales, el contador de la empresa, Guillermo Linares y la abogada de la firma, Miriam Fessia.
La causa pone la lupa en las operaciones concretadas para la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en tiempos del ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio Urribarri. Todo comenzó con la publicación en la edición gráfica de la revista Análisis del 9 de noviembre de 2017 de la investigación titulada “El amigo paraguayo”. Tras ese artículo, se inició una causa de oficio.
La investigación inició con datos oficiales de enero de 2007. En ese entonces, Urribarri era ministro de Gobierno de la administración del exgobernador Jorge Busti, quien a partir de una relación de amistad que había hecho con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, propuso la contratación de su empresa Relevamientos Catastrales, con sede en Capital Federal.
En el marco de esa investigación penal que está en marcha, dos exempleados de Relevamientos Catastrales, que ya terminaron su relación laboral con la firma, la abogada Miriam Estela Fessia y el contador Guillermo Andrés Linares, y que estaban imputados en la causa, acordaron la suspensión del juicio a prueba al ser considerados partícipes secundarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública y por no ser, precisamente, funcionarios públicos. A ambos los representa el abogado Juan Carlos Palacios.
En la presentación del acuerdo este viernes ante el juez de Garantías Mauricio Mayer, el abogado Palacios explicó: “Hemos solicitado la suspensión del juicio a prueba para Miriam Fessia y Guillermo Linares. Ambos están en situación parecida. Creemos que es procedente la suspensión juicio a prueba. Mis clientes ya han rendido declaración de imputado. La calificación legal es partícipes secundarias.Y la pena mínima aplicable a ambos es de 1 año. Además, ninguno de los dos tienen antecedentes penales”.
Fressi ofreció una reparación al Estado entrerriano de $120 mil, que pagará en 12 cuotas de $10 mil. Y como no podrá realizar tareas comunitarias por pandemia y porque no vive en la provincia sino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuso abonar una multa de $60 mil, en cuotas de $5 mil, a la institución que determine la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial de Entre Ríos.
En tanto, el contador Linares pagará como reparación al Estado entrerriano la suma de $150 mil, en 12 cuotas mensuales; y hará una donación a la institución de bien público que determine la OMA de $60 mil, que también cancelará en 12 cuotas.
Pero el juez Mayer rechazó ese pedido, por lo cual la situación procesal de Fessia y Linares seguirá atada a la suerte de su expatrón, Cardona Herreros y del exgobernador Urribarri.
Detalles
Esa causa investiga de qué modo a partir de 2007, cuando Urribarri era ministro de Gobierno del exgobernador Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones como titular del Poder Ejecutivo, “como el fin de generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”. Lo hizo mediante maniobras para favorecer que esa firma lograra quedarse con las distintas licitaciones para la adquisición de software en la provincia. La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros”. En esas maniobras, señala la imputación fiscal, hubo cobro de sobreprecios que sirvieron, después, para el pago de sobornos a funcionarios.
En esa causa la investigación apunta a la participación de una serie de funcionarios, entre los que están el exministro de Economía, Diego Valiero; el titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el exsecretario de Hacienda, José Humberto Flores; y el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone.
Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos de Smaldone, por $19 millones, para la instrumentación de un software. A través del decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” para la cartera a su cargo. El acuerdo finalizará en el 2016 y tiene un costo mensual de 550.000 pesos.
Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Fue por $7.833.600, según el decreto 788/15, por la prestación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.
En el Boletín Oficial de Entre Ríos, de fecha 6 de junio de 2012, se encuentra el decreto Nº 482 del 29 de diciembre de 2011, con el cual el entonces gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Economía, Diego Valiero, aprobaron el contrato de Relevamientos Catastrales SA para que brinde “un servicio de soporte técnico, operativo y de mantenimiento de software, por un período de dieciocho (18) meses, con opción a prórroga a favor del Estado por dieciocho (18) meses más, con destino a las Direcciones Generales de Ajustes y Liquidaciones y de Informática”. Por ese servicio se le pagó un importe mensual de ochenta mil novecientos (u$s 80.900) dólares, y “un importe total por dieciocho (18) meses de dólares estadounidenses un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos (u$s 1.456.200), por cumplir con los pliegos y resultar el precio cotizado conveniente a los intereses del Estado”.
En enero de 2014, el entonces ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, contrató a la misma empresa para la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” por un plazo de 3 años, a un precio mensual de $ 550.000. El monto total que se le pagó fue de $19.800.000.
El escándalo de los teléfonos
El 8 de octubre de 2019, en una audiencia en Tribunales que estaba destinada a transitar los senderos burocráticos de los trámites de rigor, ocurrió lo impensado: la revelación de escandalosos contactos entre la familia del exgobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, que había sido proveedor del Estado durante el urribarrismo
En aquella audiencia el fiscal Gonzalo Badano leyó mails que habían intercambiado Urribarri y el empresario. En correspondencia epistolar electrónica, se demostraría que entre ambos había una relación sobradamente estrecha que excedía lo protocolar.
«Estimado Pato: Aprovecho para saludarte y preguntarte qué hacemos con los temas en cartera. No sé cómo seguir», dice un correo electrónico que el empresario envió al exgobernador. «Me gustaría saber si estás enojado conmigo. Necesito hablar con vos», rogaba en otro. «Tengo que cerrar números con vos», urgía un tercero.
El abogado defensor de Cardona Herreros, Ignacio Díaz, pidió en esa audiencia que la Justicia le restituyese a Cardona Herreros 5 computadoras secuestradas en los allanamientos que se llevaron a cabo entre el 28 y el 29 de junio de 2018, en la sede de la empresa Relevamientos Catastrales SA, de Cardona Herreros, ubicada en Avenida Córdoba al 1100 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el propio domicilio particular del empresario, ubicado en la provincia de Buenos Aires.
En el debate por la devolución de esas computadoras fue que ocurrió aquella revelación y que dieron cuenta del estado de sospecha en el que la Procuración ha puesto el crecimiento patrimonial del exgobernador Urribarri, el modo cómo una empresa contratada por el Estado entrerriano entre 2007 y 2014 financió actividades privadas del extitular del Ejecutivo y su familia, y en qué medida Relevamientos Catastrales se hizo de jugosos contratos mediante el pago de coimas a funcionarios provinciales.
El fiscal Badano se ocupó de explicar esa vez en Tribunales por qué la Procuración considera una prueba relevante esas computadoras para la investigación de dos causas por corrupción que involucran a Urribari: una por enriquecimiento ilícito y otra por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, en las dos involucrado Cardona Herreros.
El fiscal relató que la causa por enriquecimiento que se abrió a Urribarri en 2015 incorporó a un empresario que resultaría clave en su “desproporcionado” crecimiento patrimonial: Cardona Herreros. Y para eso se basó en un informe pericial del contador Héctor Enrique, que se desempeña que demuestra de qué modo la incorporación de un patrimonio de 11 millones de dólares a los bienes del exgobernador sólo pudo ser posible con la participación del empresario de origen paraguayo. “Urribarri utilizó la infraestructura de Cardona Hereros para su crecimiento patrimonial. Este dinero que incorporó a su patrimonio, además, no encuentra registro en ningún organismo oficial. No está en la ATER ni en la AFIP, ni en ninguna declaración jurada. Hemos podido determinar que Cardona Herreros compraba vehículos para la familia Urribarri, le compraba viajes al Caribe, para que viajen el exgobernador y su familia. También está la compra de muebles. Y de todas estas operaciones no existe registro en otro lado que no sea en las computadoras de Cardona Herreros que secuestramos”, afirmó.
“La única manera de registrar esos movimientos era en las computadoras de Relevamientos Catastrales y de Cardona Herreros. Se valían de planillas de Excel, el envío de mail entre ellos, vinculados a inmuebles, viajes y muebles. Urribarri utilizó la estructura de Cardona Herreros por medio de Relevamientos Castastrales. En la empresa, cuando allanamos descubrimos que tenía cajas fuertes y equipos informáticos para poder administrar este dinero”, señaló el fiscal. “También hay datos de eso en la computadora secuestrada en el domicilio de Cardona Herreros”, apuntó.
Según Badano, las computadoras resultan una “pieza fundamental” porque registraron “las operaciones que no están asentadas en ningún lado”.
En una de las computadoras secuestradas, la de la empleada Laura Suárez, de Relevamientos Catastrales, la Fiscalía halló datos sobre “la compra de pasajes en Aerolíneas y en Austral a nombre de Urribarri, y sus hijos Mauro y Franco. Está hasta el detalle de los precios. Encontramos detalles de pagos a nombre de SDU, esto es Sergio Daniel Urribarri. También operaciones de cambio de pasajes a nombre de Bruno Urribarri; el pago de departamentos, con cuotas en dólares y hasta pagos a la empresa Kriptak Inc, de la familia Urribarri”.
En forma aleatoria, el fiscal Badano fue leyendo en la audiencia de Tribunales copia de la documentación encontrada en las computadoras secuestradas en la casa de Cardona Herreros y en las oficinas de su empresa. “Se encontró el dato del pago del teléfono celular de Urribarri, que lo hacía Cardona Herreros. También los gastos de un viaje a Venecia”, afirmó. Luego, leyó los datos de información encontrada en la computadora personal de Cardona Herreros: allí se dio con registros de la compra de un “voucher” de un tour por La Habana a nombre del exministro de Gobierno, Mauro Urribarri. También, los gastos pagados por un viaje a Madrid del exgobernador y su esposa, Ana Lía Aguilera.
También, el registro de un viaje de la familia Urribarri a Miami.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.