Después de más de un siglo de vida, cerró el Molino Harinero Brüning, de la localidad santafesina de San Jorge, gerenciado por el empresario Sergio Taselli, el mismo que cerró, antes, el Frigorífico Regional Santa Elena. El cierre dejó a 23 trabajadores en la calle.
La empresa de Taselli nunca tuvo buena prensa. En 2010 el Gobierno de Santa Fe allanó la planta harinera bajo la sospecha de que existían maniobras de adulteración de alimentos. La investigación la llevó adelante la Agencia de Seguridad Alimentaria de Santa Fe, que halló envases cerrados sin rotular, otros sin fechas de vencimiento ni de elaboración; con la fecha vencida. Todo estaba contaminado por defecación de animales.
El nombre de Molinos Brüning adquirió trascendencia en 2005 en Entre Ríos cuando se descubrió una millonaria pérdida de alimentos y de harina vencida en el depósito del entonces Ministerio de Salud y Acción Social, comandado por Graciela López de Degani. En 2010, cinco años después del escándalo, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos pudo determinar que los alimentos vencidos, que fueron quemados en medio del mayor sigilo, supuso un perjuicio al Estado provincial de $2.485.984,730.

La quema había sido ordenada por el Instituto de Control de Alimentos, cuando estaba dirigido por el hoy responsable de Lucha contra las Adicciones, Mario Elizalde, en razón de que buena parte de los productos estaban vencidos o, peor aún, habían sido invadidos por las ratas en el depósito ubicado en el predio del Ejército, donde se guardaban.

La mercadería había sido comprada con una inversión superior a los $6 millones de pesos, aportados en su mayor parte por la Nación, en el marco del plan “El hambre más urgente”. Según el Tribunal de Cuentas, de la documentación reunida en cinco años de investigación y de los testimonios recogidos, se pudo deducir “que no medió un adecuado plan de recepción y entrega programada de mercaderías, no obstante el importante monto invertido, entendiendo que primó la imprevisión, negligencia en quienes tenían la responsabilidad, control y distribución de las mercaderías”, por lo cual, agregaba el dictamen, se acreditó el “nexo causal entre la negligencia y el daño producido al fisco”.
Aquel escándalo le costó a López de Degani el cargo de ministra en el gabinete de Jorge Busti, y de coordinador del depósito general a Hugo Musto, pero ninguno se quedó sin empleo: la ex funcionaria continuó con su función de instructora de residentes en el Hospital San Martín, y Musto fue reubicado en la Cámara de Diputados.

Un pormenorizado informe producido por Alicia Mariela Gamarra, abogada del Tribunal de Cuentas, sigue en detalle cómo fue que ocurrió aquel escándalo de la quema de alimentos que habían sido adquiridos por la Provincia con fondos nacionales por un valor de 6.912.000 pesos y destinados a “familias de mayor vulnerabilidad socio-sanitaria”, según el texto del decreto Nº 2.706 del año 2004 por el cual se aprobó el convenio marco con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El texto contiene un dato clave: antes de que ocurriera la incineración de alimentos que se dejaron vencer o que fueron dañados por roedores, un equipo de auditores del Tribunal de Cuentas había alertado, ya en marzo de 2005, respecto de las deficiencias en el depósito ubicado en Alvarado y Avenida Ejército, en Paraná. Esas anormalidades fueron puestas en conocimiento del entonces gobernador Jorge Busti, y también se notificó a la ministra de Salud y Acción Social, Graciela López de Degani. En junio ocurre lo anunciado: mucha mercadería se daña, y debe quemarse, por orden de Bromatología.

El hecho se conoció el 14 de junio, y luego las autoridades debieron reconocer lo sucedido, lo que dio lugar a la presentación de una denuncia en la Justicia por parte del entonces diputado provincial radical Osvaldo Fernández. La causa, caratulada “López, Graciela Delia – Musto Hugo Alberto s/Incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”, sin embargo no prosperó: el 8 de octubre de 2008 el Superior Tribunal de Justicia sobreseyó a los dos involucrados, López de Degani y Musto.
La entonces titular del Instituto de Discapacidad, la hoy diputada nacional Cristina Cremer de Busti, admitió haber entregado parte de la harina vencida del depósito central, y que había rescatado de la quema. Y dijo que se había entregado a comedores y centros comunitarios. La harina era de marca Brüning, fabricada por un molino de propiedad del empresario Sergio Taselli, adquirente del Frigorífico Regional Santa Elena.

La diputada nacional deslindó responsabilidad por la quema de alimentos después de que se detectara que estaban vencidos o que habían sido invadidos por ratas en un galpón del Ejército en el que estaban almacenados.
En aquel momento, la legisladora estaba a cargo del Instituto de Discapacidad y admitió haber entregado parte de la harina vencida, aunque apuntó que el 23 de mayo de 2005, el entonces director del Instituto de Control de Alimentación, Medicamentos y Bromatología de Entre Ríos, Mario Elizalde, le envió una nota en la cual le elevaba el informe de laboratorio correspondiente a la harina cuya fecha de vencimiento era del 1º de mayo de 2005, en la que se aseguraba “que los alimentos en cuestión se encontraban aptos para el consumo humano, sin presentar riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.