Este miércoles 15, y después de 60 días de proceso, llegó a su conclusión el juicio político al juez Carlos Alberto Chiara Díaz, quien fuera vocal de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Era el segundo proceso de ese tenor.

El primer amague de juicio político a Chiara Díaz ocurrió con la presentación que efectuó en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el 5 de julio de 2016, un grupo de dirigentes, integrado por Augusto Alasino, Héctor Maya, Hugo Berthet, Aníbal Vergara, Sergio Paz, Domingo Daniel Rossi y Carlos Reggiardo.

La iniciativa, no obstan te, fue rechazada in límine en la sesión del 30 de agosto de la Cámara Baja, y según palabras del diputado Diego Lara, presidente de la Comisión de Juicio Político, por “lo confusa, por lo impreciso y hasta, permítame decir, por la vulgaridad que tienen algunos de los pasajes de la misma, donde hay apreciaciones y cuestionamientos subjetivos, diría yo, que analizan la vida privada o la vida íntima del magistrado denunciado, que trascienden la función pública y que no tienen ninguna relación con la misma, porque hacen referencia a cuestiones que fueron de público conocimiento hace algunos años”.

Se refería Lara a un juicio por alimentos de una pareja de Chiara Díaz, Liliana Mercedes del Valle Mac Dougall, en representación de su hijo, que, sin embargo, después fue anexado como prueba al segundo juicio político.

Ese segundo pedido fue  hecho el 14 de noviembre.

El abogado Carlos Reggiardo vuelve a presentar una denuncia contra Chiara Díaz, ahora por mal desempeño de su función, y esa vez sí se le dio cabida y trámite. El 23 de noviembre, la Comisión de Juicio Político consideró que la acusación reunía los elementos para comenzar a investigar.

La Comisión, integrada Diego Lara (presidente), Rosario Romero, Pedro Báez, Juan José Bahillo, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzmán, Ángel Vázquez, por el Frente para la Victoria; Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola, Esteban Vitor, por Cambiemos; y Gustavo Zavallo, por el Frente Renovador, empezó a producir medidas de prueba y llamó a declarar a Chiara Díaz, que fue el 1° de diciembre, en aquella intervención en la que cargó tintas sobre la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, a quien calificó como la “reina de los viajes”.

“Yo no soy un delincuente. Hay muchos de los que figuran en estas actuaciones que sí lo son, que tienen condena firme, y que a lo mejor no les importa que se les diga una cosa u otra. A mí sí me importa”, fue otra de las frases que lanzó Chiara Díaz en su descargo.

Días después de la altisonante defensa de Chiara Díaz, el 5 de diciembre el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos emitió un comunicado en el que informaron que no realizarían declaraciones “con el fin de no interferir con el trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ni con la defensa del vocal investigado”. “Una vez finalizado este proceso se harán públicas las aclaraciones institucionales o personales que se estimen convenientes”, agregaron.

Por unanimidad, la Comisión de Juicio Político de Diputados decidió enjuiciar  al vocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Chiara Díaz. La acusación es bien conocida: es por haber cobrado viáticos para realizar tareas que nada tienen que ver con la función de juez y por las reiteradas ausencias de su lugar de trabajo, que habrían atentado contra el servicio de justicia.

El 13 de diciembre, se conoció el dictamen de la Comisión de Juicio Político que fue el principio del fin para el juez. “En esos términos, y en primer lugar, ha quedado demostrado en autos que el doctor Chiara Díaz, a lo largo de los últimos 10 años, tuvo como práctica habitual solicitar autorizaciones para ausentarse de la jurisdicción requiriendo, en la inmensa mayoría de los casos, la liquidación de viáticos por cada día que se encontraba fuera de la ciudad de Paraná y gastos de traslado (ida y vuelta)”, señaló aquel dictamen.

En forma paralela, ingresó a Diputados un pedido de juicio político a la titular del STJ, Claudia Mizawak. El pedido de juicio político a Mizawak lleva las firmas de Jaime Martínez Garbino, Guillermo Mulet, Rubén Pagliotto, Luis Leissa, María Emma Bargagna, Luciano Rotman, Emilio Martínez Garbino, María Eugenia Díaz, Andrés Sobredo, entre otros.

El pedido de juicio político, al igual que en el caso Chiara Díaz, fue por mal desempeño.

Pero en una sesión extensísima, que se llevó adelante el 11 de enero, el pedido de investigación sobre Mizawak naufragó.

La Cámara de Diputados rechazó, por 21 votos a 12, el pedido de juicio político.

El Frente para la Victoria (FPV) sumó los votos de los diputados Ricardo Troncoso, Gustavo Zavallo y Daniel Koch, y logró imponer su mayoría en la votación, y así desechar uno a uno los cinco cargos que pesaban sobre Mizawak.

 

Sólo avanzó el proceso de juicio político a Chiara Díaz, que terminó cerrándose de modo abrupto tras la decisión del magistrado de presentar su renuncia al cargo en forma “indeclinable”.

Este miércoles 15, el Senado, convertido en Corte de Justicia –la primera vez que un proceso de juicio político alcanzó esa instancia– , con la renuncia de Chiara Díaz a su cargo de vocal dispuso el fin de la tramitación “al haber devenido abstracto su tratamiento y resolución”.

El juez, que mientras duró el juicio político se mantuvo suspendido en su cargo y cobraba sólo el 50% del sueldo, podrá ahora tramitar su jubilación.

Chiara Díaz quedó en una rara situación: ni culpable ni inocente. El proceso simplemente concluyó tras su renuncia al cargo. Nadie, excepto que se presente una denuncia en la Justicia, podrá hurgar en su pasado judicial.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.