- Por Christian Leissa (*)
Vamos a analizar el estruendoso, repentino, unilateral e irresponsable anuncio del Gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo General de Educación, sobre la vuelta a clases “presenciales”, mientras la provincia atraviesa su peor momento en términos sanitarios, epidemiológicos, económicos y sociales.
Entre Ríos es una provincia que fue declarada hace poco por ley y de manera “expres” en “emergencia solidaria” de manera virtual, por diputados y senadores, ley que el conjunto de los trabajadores estatales, activos y jubilados, bien conocemos y padecemos, pagando con nuestros bolsillos el ajuste generado por años de despilfarro de la administración provincial y la crisis generada por los efectos de las políticas neoliberales.
Es una provincia en la que los trabajadores estatales, en su mayoría, vivimos con sueldos de pobreza y que este mes comenzamos a cobrar un miserable bono en negro de 3.500 pesos, obligados a poner el cuerpo sin las más mínimas garantías de seguridad e higiene.
Mientras, los señores miembros del Poder Legislativo y los altos funcionarios provinciales con sueldos excesivamente abultados y hasta rozando la inmoralidad, trabajan de manera virtual, en la suntuosa comodidad de sus lujosos hogares, pero obligan a la gurisada y a los laburantes a exponerse a las más crueles condiciones de vulnerabilidad frente a este implacable y letal enemigo invisible, llamado Covid-19, que al día de hoy ha contagiado a casi 16.000 entrerrianos, a 1.143.800 compatriotas y se ha cobrado la vida de 31.000 personas solamente en nuestro país.
Por lo dicho anteriormente y mucho más, concluyo que: el verdadero apuro por abrir las escuelas no es porque al Gobierno de Entre Ríos le importe la educación, los docentes o la gurisada.
Es simplemente para la foto y con esa foto-postal tribunera, avalar la apertura de los casinos, el turismo, la temporada de verano y los carnavales, entre otras actividades.
Si al Gobierno provincial y al Poder Legislativo le importara de verdad la educación, no permitirían que se fumiguen escuelas rurales, mejorarían el transporte escolar, destinarían fondos a mejoras edilicias en las escuelas, mayor presupuesto a comedores y partidas de limpieza.
Si de verdad importara, seríamos convocados a debatir nuevas formas de enseñanza, contenidos a desarrollar y los docentes tendríamos un salario digno y 100 % en blanco.
(*) Christian Leissa es docente de Islas, enrolado en la Agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).