El pedido de juicio político que elevaron  los abogados Rubén Pagliotto, Luis Leissa y Emilio Martínez Garbino, entre otros, contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Claudia Mizawak, tiene como línea argumental los dichos de Carlos Chiara Díaz. Entre las acusaciones -todas de suma gravedad-, brilla por contraste con los valores institucionales, la relación comercial que vincularía a Mizawak con Sergio Urribarri.

Existe una teoría vinculada a la salud, proveniente de los espectros menos tradicionales de la medicina, que explica algo interesante: cuando empieza a doler, en realidad el cuerpo ya atravesó la enfermedad. Todo sucedió antes.
Entre Ríos atraviesa una crisis institucional. ¿O a caso hay otro modo de presentar la situación? En menos de un mes se comienza a tratar el juicio político a un vocal del Superior Tribunal de Justicia y en función de sus dichos frente a la comisión correspondiente, se presenta otro pedido de juicio y en este caso a la presidente del máximo tribunal de la provincia.
Lo peor, en este caso en particular, son las causas: en el texto elaborado por Rubén Paglitto, que lleva la firma de Emilio Martínez Garbino y Luis Leissa, se apunta a Claudia Mizawak por mal desempeño de sus funciones, participación comercial en sociedades con Sergio Urribarri, malversación de fondos públicos (por recibir sobresueldos encubiertos), negligencia, inidoneidad e incumplimiento de las obligaciones y atribuciones de superintendencia (por el caso de las armas robadas). Y la lista sigue, aunque en su mayoría, las principales acusaciones van de la mano con la peor patología que puede sufrir un estado democrático: la violación a la división poderes y, peor aún, la negociación entre las partes por fines personales.
La crisis institucional, en rigor, no sucede hoy. La crisis institucional tuvo, probablemente, su peor parte en el Gobierno de Sergio Urribarri cuando no se investigaba ninguna causa de corrupción, ni se ventilaban los viáticos ni los viajes de los vocales del Superior Tribunal y las dos cámaras legislativas trabajaban, únicamente, en perfeccionar la obediencia y levantar la mano. Ahora, sencillamente, el padecimiento quedó expuesto, pero el paciente no está curado.
LA SOCIA.
La habilidad del vocal Carlos Chiara Díaz para sintetizar un buen título durante su defensa, en rigor, opacó otros pasajes de su declaración frente a la Comisión de Juicio Político que eran, en efecto, mucho más poderosos.
“La reina de los viajes”, sin duda, tiene pregnancia y efecto. Pero Chiara Díaz, y esto es lo que toma Pagliotto en esencia, apuntó directamente a la relación de la máxima autoridad del Superior Tribunal con el Poder Ejecutivo. La sociedad entre Claudia Mizawak y Sergio Urribarri.
Y lo hizo de frente.
“Hay un acuerdo suspendido, es muy gracioso el tema. El doctor Castrillón en el Acuerdo N° 20 del 28 de junio de 2016, Acuerdo celebrado en el edificio nuevo, tuvo un ataque, ahí sí de exasperación y de exaltación – no sé debido a qué – con la doctora Mizawak, le dijo de todo, le dijo directamente que a ella le habían descubierto que era socia del señor Urribarri, y por tanto ¿por qué no renuncias?“, dijo Chiara Díaz y reprodujo Pagliotto.
El vocal dio más detalles: “No tuvimos más Acuerdos, el Tribunal no tuvo más Acuerdos y si quieren lo ofrezco como prueba, recién comenzó el 2 de agosto con el Acuerdo N° 21. ¿Por qué? Porque estaba este problema… No sé de dónde sacó que había una integración social de la doctora Mizawak con el señor Urribarri, que tenía domicilio fuera de acá, en Buenos Aires. Pero lo dijo ahí, hasta estaba la Secretaria, no sé si dejó constancia o no, pero evidentemente ese es el tema”.
Pagliotto, además, cita al periodista Osvaldo Bodean. En una nota publicada bajo el título “Carta abierta a Claudia Mizawak”,  el periodista pregunta si “¿no es verdad entonces que hasta agosto de 2008 integró una sociedad (AyM S.A.) con quien es su actual esposo, Raúl Arroyo, y contemporáneamente, durante nueve meses, ejerció como Vocal del Superior Tribunal de Justicia? De ser ello cierto, ¿recayó en incompatibilidad?”.
El caso Arralde, que refiere a una acción de inconstitucionalidad iniciada por Juan Carlos Arralde contra la designación de Guillermo Smaldone al frente del Tribunal de Cuentas, es otra de las objeciones que señala Chiara Díaz y toma Pagliotto.
Dijo Chiara: “¿Por qué renuncia Smaldone? Renuncia porque le informaron que el orden de votos había quedado alterado definitivamente y que él iba a ser declarado mal designado. Entonces renunció y planteó después, con la anuencia del Fiscal de Estado (Julio Rodríguez Signes) y el Procurador (Jorge) García, que la cuestión era abstracta ¿Qué hizo la Doctora Mizawak? Reformuló la integración del tribunal y lo puso a Matorras, que salió excusándose que tenía un hermano que estaba en la lucha política. La cuestión es que cambió el objeto procesal….”
Añade Pagliotto en el pedido de juicio político: “No existe ningún tipo de dudas, que de comprobarse la veracidad de los hechos relatados por el vocal, se demostraría la estrecha ligazón subjetiva entre el ex mandatario, el ex presidente del Tribunal de Cuentas y la actual titular del STJ”.
Otro capítulo es el económico. Y, en este, también, Urribarri juega un rol central. Según denuncia Pagliotto, Mizawak “habría gestionado y aceptado el pago por el Gobierno de la Provincia, de fondos provenientes de la Partida 392 “Gastos Reservados” -del ítem 39º “Otros Servicios”- del Presupuesto Provincial para acreditar dichos fondos en el Presupuesto del Poder Judicial bajo el concepto de “Gastos Protocolares y de Representación” con el fin de que le fueran efectuados pagos mensuales en beneficio propio y en beneficio de otros miembros del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos”.
Se trata, en síntesis, de “un sobresueldo encubierto”, dicen los abogados.
En síntesis, Pagliotto plantea acabadamente su hipótesis: “No existen dudas que la concesión de estos privilegios económicos otorgados por el ex gobernador, sumado además al aparente vínculo societario entre ambos, demuestran una cercanía económica – y tal vez comercial – entre la Presidenta del Alto Cuerpo del Poder Judicial y quien oportunamente fuera el máximo responsable de la Administración de la Provincia”.
En otras palabras, lo que había dicho un Emilio Castrillón exaltado y reveló Chiara Díaz: “Le dijo de todo (a Mizawak), le dijo directamente que a ella le habían descubierto que era socia del señor Urribarri, y por tanto ¿por qué no renuncias?”

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.