Alfonso José Campitelli y Jorge Adrián Zanabone, integrantes de la firma Relevamientos Catastrales, del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, solicitaron nuevamente se les otorgue el beneficio de la probation en una causa en la que están acusados por el presunto pago de coimas al exgobernador Sergio Urribarri y un grupo de funcionarios que lo acompañaron en sus gestiones. Lo hicieron a través de su abogado, Juan Carlos Palacios.
Los imputados integran la empresa del empresario paraguayo que es uno de los principales señalados en el proceso penal. El 3 de mayo, la investigación penal tropezó con una resolución del juez de Garantías Mauricio Marcelo Mayer, quien sobreseyó a Urribarri; a Carlos Haidar, Director de Informática de la Provincia; y a Miguel Angel Ulrich, Director General de Ajustes y Liquidaciones, por la insubsitencia de la facultad de la Fiscalía para investigar, ya que aseguró que la causa estuvo paralizada durante 23 meses.
Sin embargo, antes de dicha resolución los abogados de Campitelli y Zanabone habían solicitado una probation, o suspensión de juicio a prueba, en la que se comprometían a pagar al Estado, en concepto de multa y reparación económica, una suma total de $13 millones.
El 24 de mayo se realizó la audiencia ante el juez Mayer, quien rechazó la probation por entender que sería contradictorio darle esa salida a los acusados siendo que había dictado el sobreseimiento para otros.
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La suspensión del juicio a prueba, también conocida como probation, es una forma de extinción de la acción penal respecto del o los imputados que se comprometan a cumplir determinadas reglas de conductas durante un período de prueba fijado por un tribunal. Luego de cumplida la probation, el o los acusados son sobreseídos. De comprobarse su incumplimiento, pueden ser llevados a juicio.
«No puedo soslayar los efectos jurídicos del otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba en una causa en la que me he pronunciado que se encuentra fenecida y estimo que legitimar el acuerdo de partes en base al control formal y omitiendo un control sustancial, nos precipitaría en un escánalo jurídico por resultar contradictoria con el pronunciameinto realizado con los coimputados en al causa, me refiero a Urribarri, Haidar y Ulrich», explicó entonces Mayer.
Contra este pronunciamiento apelaron tanto la Fiscalía como la defensa. Este lunes, en audiencia ente el juez de Juicios y Apelaciones Elbio Garzón, la fiscal Coordinadora Matilde Federik, el fiscal Gonzalo Badano, y el abogado defensor de los imputados solicitaron se revoque la decisión de Mayer y se habilite la probation.
Las partes pidieron anular la resolución anterior, ya que la consideran violatoria de los derechos de los imputados a decidir cómo terminar el proceso. Los defensores resaltaron que al no estar firme el sobreseimiento de Urribarri, Ulrich y Haidar, sus defendidos no pueden esperar tanto tiempo para que se cierre el caso; mientras que los fiscales se centraron en que el rechazo de la probation significa que el Estado no pueda recibir una suma millonaria de dinero, que se fijó en el acuerdo de probation.
El juez Garzón, tras oír a las partes, pasó a un cuarto intermedio para analizar las posturas y señaló que su resolución la dará a conocer junto a la petición del viernes -la audiencia que terminó con escrache a abogados-, donde los defensores de Urribarri, Ulrich y Hadar peticionaron se confirme el sobreseimiento que dictó Mayer.
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La acusación contra Campitelli y Zanabone
Campitelli y Zanabone, directivo y empleado de la firma Relevamientos Catastrales S.A, propiedad del empresario paraguayo Cardona Herreros, están acusados del delito de dádivas en calidad de partícipes secundarios. En esta causa hay 11 imputados, muchos de los cuales eran funcionarios públicos. Entre ellos Urribarri; José Gervasio Laporte, Secretario Legal y Técnico de la Provincia; Luis Alfonso Erbes, Subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; Humberto Flores, Secretario de Hacienda de la Provincia; y Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo.
Según la acusación, Campittelli y Zanabone participaron en la elaboración de la propuesta de la firma para ganar una licitación para implementar sotfware en la Administración Pública y también recibieron pagos de coimas. Lo hiceron a sabiendas de que tenían información privilegiada sobre el pliego de condiciones antes de que se formalizara públicamente el llamado a licitación.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.