La Justicia se prepara para dar a conocer una nueva resolución en el marco de una causa por presuntas coimas que tiene como principales acusados al exgobernador y exembajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, de la firma Relevamientos Catastrales.

El 3 de mayo, el juez de Garantías de Paraná, Mauricio Mayer, dictó el sobreseimiento de Urribarri, el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; y Carlos Haidar, director de Informativa de la Provincia.

El magistrado basó su decisión en que la Fiscalía violó el artículo 223 del Código Procesal Penal de la provincia, al no pedir prórroga para seguir investigando. También basó esa interpretación en el fallo «Cozzi» de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del 6 de diciembre de 2021 en el que se consideró que los plazos son perentorios, es decir que vencen, y se benefició con el sobreseimiento en una causa por retención de salarios a empleados legislativos a Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, excolaborador del exdiputado radical Ricardo Troncoso. Bajo ese mismo fallo fue sobreseído recientemente el exlegislador.

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La resolución de Mayer fue apelada por la fiscal de Coordinación, Matilde Federik, y el fiscal Gonzalo Badano, quienes el 10 de junio solicitaron al juez Elvio Garzón, del Tribunal de Juicio y Apelaciones, que revoque los sobreseimientos. Ahora, las partes fueron notificadas por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que el jueves 30 de junio, el juez dará a conocer su resolución, supo Entre Ríos Ahora.

En la misma audiencia se conocerá si se le otorga o no la probation a Alfonso José Campitelli y Jorge Adrián Zanabone, integrantes de la firma Relevamientos Catastrales. El 24 de mayo se realizó la audiencia ante el juez Mayer, quien rechazó la probation por entender que sería contradictorio darle esa salida a los acusados siendo que había dictado el sobreseimiento para otros.

Contra este pronunciamiento apelaron tanto la Fiscalía como la defensa. Las partes pidieron anular la resolución anterior ya que la consideran violatoria de los derechos de los imputados a decidir cómo terminar el proceso. Los defensores resaltaron que al no estar firme el sobreseimiento de Urribarri, Ulrich y Haidar, sus defendidos no pueden esperar tanto tiempo para que se cierre el caso; mientras que los fiscales se centraron en que el rechazo de la probation significa que el Estado no pueda recibir una suma de $13 millones en concepto de reparación del daño y multa, que se fijó en el acuerdo de probation.

En esta causa hay 11 imputados, muchos de los cuales son funcionarios públicos. Además de Urribarri, Ulrich y Haidar; también figuran en el caso José Gervasio Laporte, Secretario Legal y Técnico de la Provincia; Luis Alfonso Erbes, Subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; Humberto Flores, Secretario de Hacienda de la Provincia; y Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo.

Así las cosas, de confirmarse los sobreseimiento de Mayer a Urribarri, Ulrich y Haidar, los demás imputados podrían ser alcanzados por el fallo que finaliza el proceso penal.

La audiencia del escándalo

La audiencia de apelación del 10 de junio terminó en escándalo cuando un grupo de militantes de “Equipo Republicano” escrachó a abogados defensores. El hecho generó el repudio general de la comunidad judicial, excepto por parte del Ministerio Público Fiscal.

Los defensores que sufrieron el escarnio de un grupo de personas fueron los defensores Raúl Barrandeguy (por Urribarri), José Candelario Pérez (por Ulrich), Juan Méndez (por Ulrich y Haidar), Miguel Ángel Cullen (codefensor de Urribarri), Ignacio Díaz (por Cardona Herreros), José Velázquez (defensor de Cardona Herreros) y Cristian Panceri (por Guillermo Smaldone).

El caso en cuestión es en el que se investigó el presunto pago de coimas a Urribarri y sus funcionarios por parte de firmas contratistas con el Estado propiedad del empresario Cardona Herreros.

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Los fiscales Federik y Badano solicitaron al juez Garzón que revoque la resolución de su colega Mayer por entender que el fallo viola la Constitución nacional y fallos de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo.

También plantearon que los plazos no son perentorios –como señala el STJ-, sino ordenatorios. «La sentencia de Mayer realiza una interpretación inadmisible», señaló la fiscal Federik y agregó que es «contraria al diseño constitucional y a fallos del máximo tribunal nacional».

«Los plazos de la investigación penal preparatoria son ordenatorios, porque tiene por fin organizar el proceso», agregó y reiteró que el «fallo Cozzi se opone a doctrina de la Corte».

«Estamos convencidos de que la Corte va a revocar el fallo Cozzi. Mientras tanto, vamos a seguir buscando jueces probos que respeten la Constitución», esgrimió entonces.

Por su parte, el fiscal Badano explicó que la causa no estuvo paralizada durante 23 meses, como señaló el juez Mayer, y dio cuenta de una minuta en la que enumeró los diferentes movimientos de la causa, con pedidos de informes, oficios y allanamientos desde que el caso se abrió.

A su tiempo, uno a uno los defensores pidieron que se confirme el fallo de Mayer, destacándolo como acertado al entender que los plazos para investigar se habían vencido; y que fue «ineficaz» el trabajo de la Fiscalía durante la investigación penal preparatoria.

El abogado Miguel Ángel Cullen planteó que el fallo de Mayer fue valiente, puesto que «cumple con la función de un juez de Garantías». «La Fiscalía no sólo no cumple con el artículo 223, sino que tampoco con el plazo de 3 meses para concluir la investigación que fijó Mayer y que fue consentido por las partes», recordó, en referencia al plazo dado en una audiencia celebrada el 23 de febrero de 2021.

Por su parte, Raúl Barrandeguy manifestó que la Fiscalía recabó información durante 2 años «que no servía para nada». «No creo que la Corte se expida en contra», dijo luego en respuesta a la fiscal Federik, que pone esperanzas en el máximo tribunal nacional para revertir el fallo ‘Cozzi’.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.