El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este viernes por unanimidad una resolución que propone conformar una comisión auditora de los registros contables de las empresas que conforman Buses Paraná, que agrupa a Transporte Mariano Moreno SRL y Ersa Urbano SA, y que tiene la concesión del servicio desde 2018 en la ciudad.
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La iniciativa, impulsada por el concejal Sergio David Cáceres (Frente Creer Entre Ríos), apunta a conocer, a través de una auditoría, los registros contables de las empresas de transporte urbano de pasajeros «desde el momento de la adjudicación hasta la fecha». Para eso, el Concejo propone convocar al Contador Gneral Municipal, a la Dirección de Auditoria Municipal, a Escribanía Municipal, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, al Colegio de Escribanos de Entre Ríos y a representantes de los distintos bloques.
El proyecto de Cáceres se apoya en la ordenanza N° 9.546, que aprobó el pliego de bases y condiciones para la convocatoria a licitación para concesionar el servicio, y la ordenanza N° 9.462 de marco regulatorio del servicio, que obligan a las empresa a presentar información contable al Estado Municipal. Pero hay un punto clave: el artículo 11 de la ordenanza N° 9.546, que establece: “En ningún caso el concesionario podrá dejar de prestar el servicio aduciendo la falta de rentabilidad de la tarifa o déficit de explotación. La falta de prestación por tales motivos constituye una causal de rescisión por culpa del concesionario”.
Desde hace un mes, exactamente el 1° de julio, los choferes de colectivos iniciaron un paro de actividades y las empresas dejaron sin servicio a la ciudad. Los trabajadores reclaman el pago de salarios, y en ese conflicto de momento el Estado sólo ha sido un espectador.
Cáceres hace notar «los frecuentes incumplimientos de los contratos de concesión y las ordenanzas vigentes por parte de las empresas prestadoras del servicio público de transporte urbano de pasajeros, sin percibir siquiera la realidad que sufren día a día miles de usuarios de la ciudad sometidos a un servicio de mala calidad y sin perspectiva de mejora”.
Aún atendiendo el marco de la emergencia sanitaria, el edil dice en su proyecto que la finalidad de la conformación de una auditoría tiene por objetivo “poder esclarecer y transparentar todo el período desde que se adjudicó la concesión de la prestación del servicio, el cual nunca terminó de cumplimentar los deberes y obligaciones de las ordenanzas regulatorias como las condiciones que el propio contrato de concesión establecen”.
En mayo último, los concejales Maximiliano Rodriguez Paulin (PRO) y los radicales Claudia Acevedo, Francisco Avero y Walter Rolandelli firmaron un proyecto de resolución que presentaron en el Concejo y a través del cual piden la conformación del órgano de monitoreo y control Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU)
Al respecto, recordaron que la ordenanza N° 9.462, sancionada el 12 de septiembre de 2016, creó el marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros, y ordenó en su artículo 3° la conformación del órgano de monitoreo de control SITU.
Pero además, la norma dispone que el SITU “estará conformado por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, concejales representantes de los distintos bloques del Concejo Deliberante, especialistas en materia de costos o transporte, un representante de UTA (Unión Tranviarios Automotor) y el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná”.
Pero la última reunión del SITU fue en julio de 2019, un año después de la puesta en práctica de la nueva concesión del servicio, y desde entonces no ha sido convocado.