La vía de salida al conflicto de los colectivos en Paraná será a través de la declaración de emergencia, una herramienta que la administración del intendente Sergio Varisco ya tiene resuelta adoptar aunque por estas horas se discute si será mediante un decreto o una ordenanza, alternativa esta última que  requerirá convocar a sesiones extraordinarias al Concejo Deliberante.

Desde el vamos, la emergencia permitirá abrir el contrato de concesión del servicio de transporte de pasajeros -que entró en vigencia apenas un año atrás, el 8 de julio de 2018– y «flexibilizar» condiciones de prestación por parte de Buses Paraná, la agrupación en la que confluyen las empresas Ersa Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL. En cualquier caso, sea vía decreto u ordenanza, los 100 mil pasajeros que a diario utilizan los colectivos sentirán el ajuste: aumento de la tarifa y merma de los servicios.

Las empresas dicen que en las actuales condiciones no pueden cumplir con los 900 mil kilómetros de recorrido al mes que exige el contrato de concesión, y que sólo están en condiciones de recorrer 600 mil kilómetros. Ya elevaron un pedido de recomposición de la tarifa -hoy en $20, pero que a partir del 1° de agosto subirá a $22,80-, primero a $28 -con un subsidio de $11 millones- pero ahora pretenden un bolet0 a $40. Enfrente, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los choferes, puso un ultimatum: cobrar el salario de julio el cuarto día hábil de agosto y que las empresas cancelen el aguinaldo -han pagado sólo el 19%- como condición sine qua non para no ir de nuevo al paro.

Por ahora existe una tregua incierta: el lunes 22 comenzó a regir una medida cautelar que adoptó la Secretaría de Trabajo de la Provincia al acoger favorablemente un proceso preventivo de crisis presentado por Buses Paraná, período que vence el 5 de agosto. Aunque allí las empresas presentaron un durísimo plan de ajuste que ya fue rechazado por la UTA -no piensa convalidarlo- y también por el órgano de monitoreo y control de la concesión, el  Servicio Integral de Transporte Urbano (SITU), que advirtió que ninguna medida que se pueda tomar en el ámbito de Trabajo, y que suponga la afectación del servicio, puede tener validez sin su intervención. Y reclamó la convocatoria de la Provincia y de la Nación para estructurar un salvataje del servicio que evite que nuevamente 100 mil usuarios se queden sin servicio.

El órgano de control y monitoreo de la concesión rechazó el diagnóstico y las medidas que proponen las empresas, y dejó constancia que “las modificaciones” que puedan aplicarse deben ser tratadas por el SITU. Y dada la gravedad de la situación, pidió a la Municipalidad de Paraná que convoque para este lunes 29, a las 9, a los intendentes de la zona metropolitana y a la Dirección de Transporte de la Provincia. Se aguarda que para esa reunión asistan Exequiel Donda (Cambiemos), de San Benito; José Luis Dumé (vecinalista), de Oro Verde, y Edgardo Dellizzotti (peronista), de Colonia Avellaneda.

Desde la administración Varisco quieren comprometer en el conflicto al gobierno de Gustavo Bordet en la resolución de la problemática del transporte, que no sólo alcanza a Paraná sino a cuatro jurisdicciones más: San Benito, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y Oro Verde.

En emergencia

 

«Nos encontramos en una situación tal en la que Nación y Provincia prácticamente no nos están auxiliando con el tema de los subsidios. Lo que nos dan es muy poco para que nosotros podamos hacer frente lo que es la demanda de $40  el boleto que es lo que los empresarios necesitan para pagar el sueldo», dice Walter Rolandelli, secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, que tiene a su cargo la redacción de la emergencia. «No es un problema sólo de Paraná como dice (el secretario de Trabajo de la Provincia, Fernando) Quinodoz. Es un problema también de la provincia. La Provincia firmó un acuerdo con la Nación en el que se obligó a garantizar el servicio», apuntó.

Respecto de los intendentes de la zona metropolitana, Rolandelli pidió que asistan a la reunión del SITU de este lunes. «El gran déficit de las empresas deriva de los servicios del área metropolitana. Pero parece que a ellos este tema no los afecta en nada. No se hacen cargo de nada», disparó.

Rolandelli, en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, dudó de la posibilidad de que el conflicto se resuelva en el ámbito de la Secretaría de Trabajo por cuanto, entiende, la vía del procedimiento preventivo de crisis no desembocará en un acuerdo de partes. «Yo no lo tengo fe, sé que no va a salir», afirmó.

Y demandó la intervención de la provincia. «La provincia parece que es ajena a esto, y no lo es», concluyó.

-¿Qué implica la emergencia del servicio de colectivos?

-La emergencia permitiría mayor flexibilización en los recorridos, que se pueden  rediagramar, y de ese modo, abaratar costos de las empresas.

El concejal Carlos González (Cambiemos) dijo a Entre Ríos Ahora que se está «evaluando» el formato de la declaración de emergencia, que podría salir por decreto o, lo más probable, por ordenanza. «La problemática que tenemos es económica. Estamos trabajando para que los colectivos sigan en la calle y no volvamos al paro de los choferes. La emergencia es una herramienta», aseguró.

«Pero en esto no queremos dejar a nadie al costado. El Concejo tiene que intervenir también», aseveró.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.