La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) se metió con la concesión del servicio de transporte urbano en Paraná, adjudicado por la Municipalidad a la Unión Transitoria de Empresas (UTA) conformada por San José SA y Kenia SA, que presta el servicio desde el domingo 7 de diciembre último.
La cámara del transporte advirtió que “la situación provocada por la Municipalidad de Paraná en el marco del cambio de concesionario de transporte automotor de pasajeros urbanos sienta un nefasto precedente de alcance federal, con consecuencias directas sobre todos los operadores del transporte urbano de pasajeros en las distintas jurisdicciones del país”.
“En efecto -señaló en un pronunciamiento que se conoció este lunes-, la Municipalidad de Paraná, mediante pliegos y diseños contractuales, ha puesto en práctica una nueva arquitectura regulatoria sin medir sus efectos sistémicos y sociales. La carga salarial constituye, por lejos, el principal pasivo de esta actividad, dada la magnitud de las dotaciones necesarias para la prestación del servicio. Imponer su asunción sin previsión contractual ni reconocimiento económico alguno distorsiona la competencia, rompe la igualdad entre oferentes y vulnera principios elementales de razonabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica que deben regir todo esquema concesional”.
De ese modo, la Fatap se refirió a la situación que enfrenta Buses Paraná, la prestadora del servicio hasta el 6 de diciembre último, y el desamparo en el que quedaron los trabajadores de las empresas Ersa Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SA. Un fallo judicial ordenó a la prestadora actual, San José, a absorber a los 237 empleados de Ersa Urbano, pero la nueva empresa decidió no acatar la medida.
Una cautelar obliga a San José a absorber a todos los choferes
“Desde el punto de vista jurídico, resulta inadmisible trasladar ese costo al prestador saliente cuando el contrato de concesión que finaliza no prevé compensación, reconocimiento, ni mecanismo alguno para absorber dicho devengamiento, precisamente porque esa obligación nunca formó parte de la concesión otorgada. Forzar esa carga implica modificar retroactivamente la ecuación económico-financiera del contrato, con un perjuicio patrimonial directo y grave”, señaló la cámara al referirse a la responsabilidad en el pago de indemnizaciones a los exempleados.
Y agregó: “Esta ingeniería normativa —impulsada tanto por determinados actores como por el poder concedente que la promueve y valida— terminará favoreciendo nuevas concesiones adjudicadas a operadores que, aun ostentando trayectoria y experiencia en el sector, parecen prescindir de reglas de conducta claras y de los códigos elementales que históricamente permitieron ordenar y sostener la actividad. Las consecuencias de este esquema no recaen únicamente sobre las empresas. Impactan de manera directa sobre 237 trabajadores, quienes lejos de verse protegidos, quedan expuestos a la pérdida de continuidad laboral y, en muchos casos, también al riesgo cierto de no percibir indemnizaciones frente a escenarios de quiebra o concursos preventivos de las empresas salientes, dificultando seriamente el cobro de sus acreencias.”
En ese marco, la Fatap, dijo, “no permanecerá pasiva frente a un antecedente que compromete la sustentabilidad del sector en todo el país, por lo que evaluará las acciones institucionales, políticas y jurídicas en defensa de la seguridad jurídica, la equidad en las licitaciones y la viabilidad económica de los operadores. En ese marco, insta a la Unión Tranviarios Automotor a que asuma una posición institucional clara y responsable, evitando soluciones aparentes que, lejos de proteger el empleo, terminan exponiendo a los trabajadores a escenarios de mayor vulnerabilidad. Paraná constituye una señal de alerta para todo el sistema. Debemos actuar para que el transporte urbano de pasajeros continúe siendo una actividad viable, previsible y con reglas claras, so pena de derivar en un escenario de incertidumbre que perjudica por igual a empresas, trabajadores y usuarios”.
“La competitividad no se logra destruyendo patrimonio empresario, empujando a las empresas al quebranto y utilizando a las familias trabajadoras como variable de ajuste”, subrayó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora