«No podemos aceptar estas condiciones salvajes que está proponeniendo la empresa».

De ese modo, Sergio Groh, secretario gremial de la Unión Tranviarios Automtor (UTA), resumió el tono de la primera audiencia de negociación entre el gremio de los choferes de colectivos, las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno, y la Municipalidad de Paraná este lunes por la mañana, en la Secretaría de Trabajo, en el marco de la apertura del proceso preventivo de crisis que pidieron las firmas concesionarias del transporte urbano en la ciudad.

La «conciliación obligatoria» que se inició este lunes y se extenderá hasta el próximo 5 de agosto obliga a las partes a negociar en el ámbito de la Secretaría de Trabajo sobre la base de un duro plan de recorte que propusieron las empresas que conforman Buses Paraná, que desde hace un año tienen la concesión del servicio de colectivo en la capital provincial. El planteo de Buses Paraná es achicar salarios, recortar frecuencias, aplicar suspensiones rotativas de personal y retirar unidades del servicio, un planteo que los choferes rechazan de plano.

Si en el marco de las audiencias del proceso preventivo de crisis -de momento no hay fecha para una próxima reunión en Trabajo- no hay acuerdo, las partes quedan en libertad de acción y en el actual escenario la consecuencia directa sería la parálisis del servicio. Los choferes cobraron apenas el 19% del aguinaldo y no hay perspectiva de que esa deuda salarial pueda llegar a saldarse en el corto plazo, mientras que la Municipalidad de Paraná inició el proceso para aplicar multas a las empresas por afectación unilateral de la prestación: se eliminó el servicio nocturno, se estiraron las frecuencias y se retiraron coches de circulación.

Marcelo Lischet, gerente de Mariano Moreno, planteó que en el actual escenario tarifario y financiero de las empresas, es imposible cumplir con lo acordado en el contrato de concesión, y por eso dijo que las empresas propusieron reducir frecuencias, suspender en forma rotativa a los choferes y rediagramar los subsidios a los boletos escolar y obrero.

Entre el jueves 11 y el martes 16, los choferes agremiados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevaron adelante un paro de actividades que dejó sin servicio a 110 mil paranese que cada día se transportan en colectivos, y le produjo a las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno una pérdida de $1 millón diario. El conflicto se encorsetó tras la intervención de la Secretaría de Trabajo, que dictó una conciliación por un plazo de 10 días hábiles mientras las partes procuran llegar a un acuerdo. Si ese acuerdo no se alcanza, el conflicto reaparecerá: los choferes apenas cobraron el 19% del aguinaldo y las empresas dicen no contar con los fondos para pagarlo. Y menos aún para sostener el servicio, que ya está en violación del contrato de concesión: Buses Paraná, la concesionaria, eliminó el servicio nocturno en forma unilateral.

Pero el ajuste no se agosta ahí: desde Buses Paraná dicen que en el marco económico actual sólo pueden cumplir con 600 mil kilómetros recorridos por mes, y no los 900 mil kilómetros establecidos según el esquema de recorrido actual.

«Lo que proponen las empresas es una reducción en el salario: pagar solo el 70%; reducción en los francos, de 6 a 4 por mes; una reducción en los servicios, que  afecta directamente al pasajero; una readecuación de vacaciones; y suspensiones rotativas. A esto nosotros lo rechazamos de plano», dijo a Entre Ríos Ahora el secretario gremial de UTA. «Esto lo dejamos asentado por escrito. No podemos aceptar estas condiciones salvajes que está proponiendo la empresa. Este procedimiento no es aceptado por nosotros. Sí vamos a respetar estos días que comienzan hoy, porque somos respetuosos de la normativa. Pero hemos dejado claro que exigimos la cancelación del aguinaldo y que queremos cobrar el salario de julio en el cuarto día hábil del mes de agosto, como dice la ley», agregó.

 

Deuda rechazada

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Ricardo Frank, admitió que el plan de ajuste propuesto por las empresas de colectivos es severo, y que alcanza por igual a choferes y a usuarios. «Ya han dispuesto medidas que afectan el servicio, como la eliminación del servicio nocturno y una variación en las frecuencias. En esto tomó intervención el Municipio y se notificó a las empresas para que hagan el descargo. Después, se emitirá la sanción», dijo.

Respecto de la deuda de $69 millones que reclama Buses Paraná a la Municipalidad, Frank negó que seas real. «Es un ideal que ellos reclaman -explicó-. Ellos deducen que esa deuda se genera a partir de la adecuación tarifaria que se dio en diciembre, cuya aplicación fue en abril. Esos mees en los que no pudieron aplicar el aumento de tarifa lo manifiestan como deuda. Hacen el cálculo de pérdida, y eso da la cifra que reclaman. Pero es un idea. Hoy por hoy, el Municipio reconoce la deuda del subsidio de $2,80, que tres cuotas adeudadas, más la cuarta cuota del boleto estudiantil, que ya está en proceso de liquidación. Lo demás son ideales que pretenden las empresas. Hoy, la deuda de la Municipalidad de Paraná con las empresas no llega a los $7 millones».

El titular de Trabajo, Fernando Quinodoz, admitió que en el encuentro no hubo acuerdo entre las partes, y que la instancia del procedimiento preventivo de crisis tiene su vigencia hasta el 5 de agosto. «No hay fecha de otra audiencia, pero las negociaciones entre las partes van a seguir», apuntó.

La incertidumbre sobre el futuro del servicio de colectivos se ahondó tras esta primera audiencia en la Secretaría de Trabajo.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.