La Justicia declaró abstracto un recurso de amparo colectivo que había presentado el Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec) contra la Municipalidad de Paraná por la falta de servicio de colectivos en la ciudad.

En el planteo, la entidad pidió que «se ordene, en forma urgente, el inmediato restablecimiento del servicio público de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná, que se ha interrumpido intempestivamente, en forma unilateral e ilegítima por parte de las demandadas, con el objeto de asegurarles a los usuarios su goce de manera regular y continua y según las normas de calidad y seguridad. Lo requerido, no es más que dar cumplimiento a lo establecido en nuestra constitución nacional, provincial y legislación vigente, y brindar correctamente el servicio de transporte público de pasajeros».

El escrito, patrocinado por los abogados Mariela Panceri, Viviana López y Facundo Calleja, sin embargo, resultó abstracto por cuanto cuando llegó a resolución del juez Alejandro Joel Cánepa, el servicio de colectivos ya se había restablecido. El magistrado consideró que en función del informe recabado, «a través del cual se da cuenta del levantamiento de la medida de fuerza que implicó la suspensión de la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná», dispuso declarar «abstracta la cuestión planteada en autos por el Centro de Orientación, Defensa y Ecuación del Consumidor» en tanto «el objeto de la presente acción»  ha «perdido actualidad».

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Los hechos

La huelga de choferes de colectvos, que dejó sin transporte público de pasajeros a Paraná durante 15 días -entre el martes 6 y el martes 20 de agosto, produjo a las empresas una pérdida que se calcula en unos $20 millones, la imposibilidad de viajar para 110 mil personas que a diario utilizan ese servicio, pérdidas todavía incalculables para el comercio y el cruce de reclamos, demandas y planteos que llegaron hasta la Justicia.

El conflicto asomó en julio y dejó sin transporte a Paraná entre el juevse 11 y el lunes 15 del mes último. El armisticio, precario, sólo fue posible tras la presentación en la Secretaría de Trabajo de un proceso preventivo de crisis por parte de Ersa Urbano SA y Mariano Moreno SRL. El secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz, dictó una conciliación, que se extendió entre el 22 de julio y el 5 de agosto: durante ese plazo analizó el planteo de las empresas, que incluyó un durísimo plan de ajuste, con despidos y suspensiones de choferes.

Al final, decidió rechazarlo y sobrevino la huelga, el martes 6.

En medio, se sucedieron las negociaciones infructuosas, los llamados al levantamiento del paro, la inflexibilidad y la imposibilidad de encontrar una salida. El sábado 10 de agosto, un día antes de las primarias, la Municipalidad de Paraná fue a la Justicia con una medida autosatisfactiva -un especie de recurso de amparo- por el que pretendió que un tribunal, la Cámara Contenioso Administrativo, obligara a las empresas a volver a prestar el servicio. Pero en la Justicia encontró un revés: le dijeron que esa tarea, restablecer la prestación, era resorte exclusivo del Estado municipal.

El viernes 16, la Provincia anunció que adelantaba el subsidio de $12  millones que debía depositar a fin de mes para que las empresas pudieran saldar la deuda salarial con sus trabajadores -el eje del conflicto-  pero era el inicio del fin de semana largo. Esa cifra no se acreditó en las cuentas de la Municipalidad sino hasta el martes: ese día se transfirió a Ersa Urbano y Mariano Moreno y durante el día el dinero llegó a las cuentas sueldo de los choferes. Al otro día, miércoles 21, los colectivos volvieron a funcionar.

De igual modo, de fondo subsiste un problema de financiamiento y desde Buses Paraná aseguraron que el sistema es inviable si no se agrega una línea adicional de subsidio de $16 millones al mes más la tarifa a $29, que empezó a aplicarse desde este mes. En eso está gestionando la Municipalidad ante el Ministerio de Transporte de la Nación.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.