Este domingo se cumple el segundo día de paro de los colectivos en Paraná. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió un paro hasta el lunes a raíz de una deuda salarial de la concesionaria del servicio, Buses Paraná, que agrupa a las empresas Mariano Moreno SRL y Ersa Urbano SA, decisión que se mantuvo a pesar de la conciliación obligatoria que dictó este sábado 8 la Secretaría de Trabajo.
Personal e institucionalmente hemos realizado todas las gestiones y acciones para cooperar con las empresas y trabajadores y que servicio de transporte urbano de pasajeros vuelva a funcionar normalmente en #Paraná.
— Adán Bahl (@adanhbahl) February 8, 2020
El intendente Adán Bahl se refirió al conflicto en el servicio de transporte urbano de pasajeros y afirmó: “Personal e institucionalmente hemos hecho todo para que el transporte vuelva a funcionar normalmente. Ahora, ante esta nueva situación de conflicto, vamos a dar los pasos legales como poder concedente”.
“No se puede tener en vilo a toda una población todos los meses. Las empresas tienen la obligación de prestar el servicio y si no pueden hacerlo deberán tomar las decisiones del caso. Personalmente hemos hecho todas las gestiones, gestos y acciones para cooperar con las empresas y trabajadores, pero nuestra obligación es con los vecinos y contribuyentes. Y en el futuro nuestras decisiones irán en ese sentido”, resaltó Bahl.
El marco regulatorio de la concesión del transporte urbano, aprobado por ordenanza N° 9.462, establece en su artículo 32°: «Es obligación primordial del Concesionario la de prestar el Servicio en forma regular y continua. El Concesionario que interrumpiera el Servicio sin causa justificada se hará pasible de las penalidades y sanciones establecidas en la presente, en el Pliego de Concesión y normativa aplicable».
Entre las sanciones que prevé la ordenanza está la caducidad, y ésta opera cuando «los servicios se realicen en forma deficiente o incompleta de manera reiterada por causas imputables al Concesionario, y no se regularicen los mismos después de haber sido intimados formalmente». En caso de caída de la concesión, la Municipalidad tiene un plazo de 60 días para llamar a una nueva licitación.
Ya ocurrieron tres intimaciones de parte de la Municipalidad desde que el servicio entró en emergencia, con sucesivos paros de los choferes.
Primero fue a comienzos de agosto de 2019, en medio del feroz paro que dejó sin servicio durante 15 días a la ciudad.
Ni siquiera prosperó una medida que la administración Varisco presentó en la Justicia ese mismo mes con la pretensión de que los choferes vuelvan a prestar el servicio. Un juez dijo que la Municipalidad no tiene potestad para declarar como «servicio esencial» al transporte urbano, a pesar de que el Concejo lo aprobó por ordenanza y la Legislatura, por ley. La Justicia entiende que eso sólo cabe al Congreso de la Nación.
En diciembre, cuando Adán Bahl asumió la Intendencia, lo madrugó una medida de fuera de los choferes que restringió el servicio. Entonces ocurrió la primera intimación de la actual gestión.
El viernes, cuando se hizo el anuncio del paro de tres días por parte de los choferes, el Municipio volvió a intimar a la concesionaria a mantener el servicio.
De momento, la administración Bahl no ha escogido el otro camino que se le abre: aplicar la Ley de Servicios Esenciales, que aprobó en un trámite exprés la Legislatura a finales de 2019.
El jueves 2 de enero de 2020, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el texto de la Ley N° 10.774, que había sido impulsada por el diputado provincial Juan Reynaldo Navarro (PJ).
La ley, tipificada «de orden público», supone en los hechos una limitación del derecho de huelga por parte de organizaciones sindicales que representen a trabajadores que presten esos servicios esenciales. Fija la norma que en caso de protesta sindical, «deberá garantizarse la prestación de los servicios esenciales a fin de evitar su interrupción».
La calificación de «ley de orden pública» supone que la norma empieza a regir desde el momento de su promulgación, y «nadie puede dejar de cumplirla. Está por encima de cualquier acuerdo», dijo una fuente del Gobierno.
La iniciativa, sancionada por el Senado en la sesión del último 27 de noviembre, consta de cinco artículos -el último de forma- y declara «como servicios esenciales la recolección de residuos urbanos, tanto domiciliarios como patológicos; el servicio de potabilización y distribución de agua; el servicio de transporte público urbano de pasajeros; y el cementerio -la inhumación, cremación, tumulación o entierro de cadáveres-, en todo el territorio de la Provincia de Entre Rios».
«Entiéndase por servicio esencial -ilustra el artículo 2°-, aquel que debe ser prestado de manera obligatoria y continua por quien corresponda, ya sea el gobierno provincial o local, y que de ninguna manera se puede suspender su provisión de forma tal que se ponga en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población». Y apunta que en aquellos casos en que «por razón de un conflicto de trabajo, las partes decidieran adoptar medidas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizarse la prestación de los servicios esenciales a fin de evitar su interrupción».
De momento, ningún municipio a apelado a esa ley para garantizar los «servicios esenciales» ante una huelga. Y es que en la Justicia no hay opinión muy favorable a su constitucionalidad.
En noviembre, cuando ocurrió el conflicto con la recolección de residuos, un juez pidió a la Provincia que tramite ante el Ministerio de Trabajo de la Nación la declaración de «servicio esencial», y entonces quedó claro que la Provincia, ni la Legislatura, tienen facultades para hacerlo.
De la Redacción Entre Ríos Ahora