La empresa TEP SRL, que se atribuye a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y actual funcionario del Senado de Entre Ríos, participó en la facturación a lo largo de 2014 $ 4.788.623,36 al Estado provincial por la tarea de instalación de cartelería en la vía pública.
TEP SRL cobró por sí sola, según el texto del decreto N° 5.089, del 23 de diciembre de 2014, firmado por el entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, $ 1.578.720,00 “en concepto de publicidad del aviso oficial Estática en cartelera – vía pública (afiches de 1,48 metros x 1,09 metros): Difusión acciones de gobierno / Gobierno de Entre Ríos, consistente en la colocación y mantenimiento de afiches en 4.000 espacios en vía pública distribuidos entre las ciudades de Paraná (2.500), Concordia (750) y Gualeguaychú (750), en dos periodos mensuales de 10 días cada uno, desde el mes de marzo al mes de diciembre de 2014”, según detalla el decreto.
Otro decreto, el N° 5.091, del 23 de diciembre de 2014, también firmado por el ministro Báez, autorizó el pago por la instalación y mantenimiento de cartelería “distribuidos en diversas ciudades y rutas de la Provincia de Entre Ríos”, dice el decreto, sin mayores especificaciones.
La tarea se cumplió, dice la norma, durante los meses mayo a diciembre de 2014, y el trabajo en este caso se distribuyó entre tres empresas: Jesús y José María Bustamante (Paraná), Fernando Montañana (Concepción del Uruguay) y TEP SRL (Paraná).
En este caso, el monto que pagó el Estado fue de $ 1.941.186,56.
Un nuevo decreto, el N° 5.119 del Ministerio de Cultura, fechado el 29 de diciembre, autorizó un pago semejante: publicidad estática con difusión de mensajes de acciones de gobierno, durante los meses mayo a diciembre de 2014, “para lo cual fueron contratadas las firmas: Jesús y José María Bustamante (Paraná), TEP SRL (Paraná) y Fernando Montañana (Concepción del Uruguay) por la suma total de $ 1.268.716,80”.
Sumados los tres pagos dan aquella cifra de $ 4.788.623,36, y en las tres figuró la empresa TEP SRL.
Antes y después de 2014 las contrataciones entre Báez-Urribarri y TEP SRL continuaron. A decir verdad, se extendieron entre el período 2010/2015 y están siendo investigadas por los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro, y según la tesis que expusieron en la audiencia que se realizó en Tribunales el viernes, a la que faltó Báez, pero a la que sí se hizo presente su abogado, Ignacio Díaz, que intentó, sin éxito, introducir una chicana a la pericia fotográfica que se hará este lunes.
¿Por qué una pericia fotográfica? Porque la sospecha que tiene la Justicia es que la publicidad en cartelería fue amañada durante la gestión Urribarri-Báez: las contrataciones estaban “direccionadas” a la empresa del cuñado del exgobernador y que además se pagaba sin constatar si el servicio efectivamente se había cumplido tal como se lo contrató.
La forma de comprobarlo era yendo al lugar donde se instalaba un cartel, sacarle una foto, y agregar esa foto al expediente de publicidad y recién entonces liberar el pago. El ardid habría sido no ir a constatar y repetir casi siempre la misma foto. Por eso, el fiscal Brugo se permitió bromear con el hecho de que en muchas de las fotos se repetía la misma vaca, pastando debajo del mismo cartel en la misma ruta.
“Así, en el período entre 2010 y 2011, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de los oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente”, planteó el fiscal Brugo.
Y agregó: “Además de estar el direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplieron con las prestaciones por medio de ficticias constataciones, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, este último responsable de constataciones de publicidad en vía pública”.

“El trabajo de Fiscalía consiste no sólo en probar el direccionamiento de las contrataciones efectuadas a través de procedimientos irregulares mencionado en la apertura de causa, llevado a cabo por Báez, sino también la falsedad ideológica de las certificaciones de las fotografías que dan cuenta del cumplimiento de la publicidad, en un período de tiempo que se tenía que hacer en forma mensual”, indicó Brugo.
Y apuntó: “Por otro parte, tenemos un gran perjuicio ocasionado al Estado provincial: haberse pagado (la publicidad) con una constatación de obra que no fue acreditada. Concretamente, uno de los incumplimientos por parte de las personas, Báez y Tamay, era el control efectivo en forma mensual que tenían que hacer de la realización de esas publicidades. Es por eso que nosotros, en la apertura de causa, cuando hablamos de ficticias constataciones, es porque está acreditado dentro de cada uno de los legajos que dichas constataciones fueron ficticias”.
Este lunes habrá una pericia judicial para establecer la tesis de la Fiscalía: que las distintas fotos en realidad son una misma, y que por lo tanto no se cumplió con la tarea de certificar que el trabajo efectivamente fue hecho por la empresa contratada.
Los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi deberán comprobar la hipótesis de los fiscales Brugo y Yedro.
Quedó descartada, por decisión del juez de Garantías, Humberto Franchi, la petición del defensor de Báez, Ignacio Díaz, que pretendió ampliar la pericia en un punto: que los peritos determinasen también si las fotografías adjuntadas como certificaciones de publicidad se correspondían con las órdenes que había emitido el Ministerio de Cultura y Comunicación.
La fiscal Yedro señaló al respecto que los peritos son fotógrafos, y no pueden excederse en sus facultades y certificar algo que no pueden. Por eso, el juez rechazó el planteo.
En la acusasación, los fiscales apuntaron también a Urribarri.
Dice el escrito de apertura de causa que “Urribarri, en su calidad de gobernador de la provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como director general de Información Pública del Gobierno y posteriormente como ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los señores Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana María Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado provincial, en una suma que aún resta determinar”.
La acusación más hiriente para el tándem Urribarri-Báez-Tamay es la observación que hizo el fiscal Brugo, y que recogió, de modo textual, el sitio Página Judicial: una misma vaca debajo de diferentes carteles, lo cual daría cuenta del incumplimiento en la constatación de los trabajos contratados.
“Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses”, ironizó el fiscal. “Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”, acotó.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.