El martes 31 de mayo, a las 16,15, inspectores de la Dirección de Control Urbano, que depende de la Secretaría Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná, labraron un acta a las cuatro personas que pernoctaban en la vereda del Instituto Cristo Redentor, de la congregación Franciscanas de Gante, y en las escalinatas de la capilla Nuestra Señora de la Asunción, sobre Avenida Ramírez, y los anoticiaron de la infracción en la que incurrían: la ocupación de un espacio público.
Ese mismo día, y con ese acta, la titular del Juzgado de Faltas N° 2, Marisol Poidomani, los intimó al “cese inmediato de la ocupación indebida del espacio público, retirando los elementos descriptos en el acta de comprobación”, y ofició en forma “urgente” al coordinación de Integración Social de Personas en Situación de Calle de la Municipalidad de Paraná, Leandro Sarli, para que reubique a las personas que ocupaban la vereda y las escalinatas del Cristo Redentor. Además, ordenó a la Dirección de Control Urbano a llevar adelante la medida de desalojo. Las cuatro personas que permanecían habitando ese lugar rehusaron ir al refugio de la Municipalidad de Paraná por lo cual se desconoce hoy qué sitio eligieron para ir a ocupar.
En realidad, en el refugio municipal que funciona en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) de la zona este, hay resistencia para alojarlos por el consumo problemático que tienen, por el caracter violento de alguno y porque el personal y el resto de las personas allí alojados poner reparos a recibirlos.
La cuestión había trascendido el mero asistencialismo que suele aplicar el Estado con las personas en situación de calle: hubo quejas de la comunidad religiosa del Instituto Cristo Redentor, de la Asociación de Padres, de la Iglesia, intervino el Hospital Escuela de Salud Mental, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público de la Defensa y la Municipalidad de Paraná. La cuestión de las personas en situación de calle allí se había tornado compleja de resolver por cuanto se detectó consumo problemático, hechos de violencia y, además, ejercicio de la prostitución. La Iglesia había reclamado al Estado la urgente resolución por las complicaciones que suponía para la comunidad educativa del Cristo Redentor.
Un informe hecho por la División Extensión Comunitaria y Epidemiología del Hospital Escuela de Salud Mental , y dirigido al director del nosocomio, Mauro Gieco, pero con destino a la defensora oficial Carolina Suárez Schumacher, dio cuenta de los resultados de la evaluación psicológica y psiquiátrica de las personas que pernoctaban en el Cristo. “Luego de este primer acercamiento con referentes de diversos sectores, este equipo considera que quienes fueron evaluados en el día de la fecha, no requerían intervención por guardia, ni presentaban criterios para una internación en este hospital”.
Luego, el informe agrega: “Teniendo en cuenta que en momentos de intoxicación por consumo problemático de diversas sustancias podrían presentar riesgo para terceros, y considerando que se encuentran emplazados en una zona donde circulan niños/as y adolescentes, es que se sugiere que se gestione otro lugar donde puedan vivir en condiciones dignas. Para ello se deberá coordinar con autoridades competentes a esta problemática social. Desde la división de Extensión Comunitaria y Epidemiología se están realizando averiguaciones en cuanto a posibles subsidios que les permitan pagar un alquiler, puesto que manifestaron en las entrevistas que accederían a ir a vivir a una pensión pero que no cuentan con los recursos económicos para solventarla”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora