Paula Montefiori fue defensora de Pobres y Menores Interina de Paraná hasta el 28 de abril de este año. Ese día la esposa de Juan José Canosa, el extitular del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer) y hoy asesor legal de la Cámara de Diputados, retiró su título de la oficina del Poder Judicial luego de comunicarle su renuncia al defensor general, Maximiliano Benítez. Estuvo en la Defensoría N° 11 desde 2013 y ahora su cargo está en proceso de concurso público en el Consejo de la Magistratura provincial.
En los pasillos del Poder Judicial se especuló con que en realidad Montefiori no había renunciado, sino que Benítez le había pedido la dimisión ante la investigación de la causa Sidecreer que la rozaba por ser la esposa de Canosa, imputado por los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo por los supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. En la primera investigación, Canosa está camino al juicio oral y público.
Ante los rumores que llegaron a la prensa, el defensor general negó que a Montefiori se le haya pedido la renuncia: “En ningún momento le pedí la renuncia”, dijo a Entre Ríos Ahora.
La causa contra Canosa que compromete a su esposa es la que tramita bajo el paraguas del enriquecimiento ilícito. La investigación de la fiscalía llegó incluso a tocar la puerta de la casa de la madre de la ex funcionaria judicial. En enero se realizó un allanamiento en el departamento de Sofía Montefiori, madre de la ex defensora oficial. El procedimiento judicial y policial fue en calle Buenos Aires, y allí los investigadores hallaron material relacionado con la causa Sidecreer.
Lo que sobrevino luego fueron más dolores de cabeza y mayor exposición pública para Canosa y su esposa. El apellido Montefiori, la entonces defensora del Poder Judicial, comenzó a aparecer en los medios que seguían el caso. Tres meses después de aquel allanamiento, la defensora renunció.
El 7 de julio pasado se publicó en el Boletín Oficial de Entre Ríos la resolución N°225 del Consejo de la Magistratura por la cual se admiten las solicitudes de inscripción a los Concursos Públicos Nº 208 al Nº 212.
En rigor, según se informó oficialmente, el período de inscripción a los concursos públicos Nº 208, 209, 210, 211 y 212 finalizó el 21 de marzo de 2017. Los mismos están destinados a cubrir: un cargo de defensor público N° 4 de Gualeguaychú; tres cargos de defensores públicos N° 1, N° 5 y N°6 de Concordia; un cargo de defensor civil N° 2 de Gualeguay; un cargo de defensor civil N° 3 de Concepción del Uruguay; y cuatro cargos de defensores civiles N° 1, N° 7, N° 9 y N°14 de Paraná, respectivamente”.
Lo cierto es que la publicación oficial no informó si la defensoría N°11 que ocupaba Montefiori también sería concursada. Ante una consulta de Entre Ríos Ahora, el defensor general Maximiliano Benítez confirmó que dicha defensoría también está en proceso de concurso. No obstante, aclaró que la convocatoria se realizó mucho antes de que la ahora ex funcionaria judicial presentara su renuncia.
Asimismo, Benítez informó que no designó un reemplazante para Montefiori ya que el proceso de concurso está en marcha, sólo falta que se conforme el jurado y que se fije la fecha para que los postulantes se presenten.
El jefe de los defensores señaló que los únicos movimientos que hizo en la Defensoría de Pobres y Menores de Paraná fue trasladar a la Defensoría General a Ignacio Gaspar Reca Ríos, que se desempeñaba como defensor auxiliar y nombrar en su reemplazo a Luis Sebastián Lescano, que estaba en la Defensoría de Pobres y Menores de Diamante.
“La renuncia de Montefiori no cambia la situación porque se había llamado a concurso antes. Ahora se publicaron la lista de los inscriptos”, explicó Benítez y señaló que “están llamados a concursos las defensorías multifueros, las Defensorías Civiles, la Defensoría de Casación y las Defensorías Penales de toda la provincia, incluida la de Paraná”.
Preguntado sobre el perfil que debe tener un funcionario del Ministerio público de la Defensa, Benítez sostuvo que “aparte de ser abogados, lo que tiene que tener el profesional es fundamentalmente compromiso social, porque nosotros trabajamos con la pobreza tanto en la parte civil como penal”.
“En la parte penal defendemos el 90 o 95 por ciento de las personas imputadas de delito en la provincia de Entre Ríos. Generalmente es gente humilde, entonces el Defensor debe saber tratar con esas personas. El lugar de Defensor hace que tengas que tener un compromiso distinto que otro cargo en la justicia”, concluyó.
Especial para Entre Ríos Ahora.