A finales de 2024, el Gobierno anunció la apertura del primer concurso público para cubrir la Jefatura del Registro Civil de Nogoyá. Se trató de un concurso público y abierto de antecedentes y prueba de oposición

Pero desde el vamos la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) planteó su disidencia con la convocatoria.

La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, dejó asentado el rechazo del sindicato a la forma “unilateral” en que buscan implementar los anunciados concursos en la Administración Pública provincial. “Estamos a favor de los concursos, pero con reglas claras”, subrayó y acusó al funcionariado de tercera línea de “querer venderle espejitos de colores al gobernador, sin medir las consecuencias y sin ni hablar con los trabajadores”.

La decisión del Poder Ejecutivo quedó contenida en el decreto Nº 3.556, del 28 de noviembre de 2024, a través del cual se dispuso el llamado a concurso público y abierto para la cobertura del cargo de Jefe de Departamento del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Nogoyá.

UPCN interpuso recurso de revocatoria contra ese decreto. El gremio arguyó que la norma “habría sido dictada sin consulta previa ni participación de las entidades sindicales, contradiciendo el acuerdo paritario del día 18 de diciembre de 2024, donde se habría acordado que no se avanzaría en la implementación de concursos de modo unilateral y que la convocatoria se realizaría a partir de un reglamento general consensuado con la participación gremial”.

Además, manifestó que “como la convocatoria se limita a un único cargo, Jefe de Departamento de la Oficina Registral de Nogoyá, ello generaría sospechas de direccionamiento político y agregó que no se acompaña de un plan integral de concursos ni se explicita la razón por la que se comienza solo con ese cargo, tampoco claridad sobre si el nombramiento otorgará estabilidad definitiva o si será transitorio”. Y que “el reglamento impone condiciones que restringen el acceso de forma arbitraria a la participación”.

Pero los reproches de UPCN fueron rechazados por el Gobierno a través del decreto Nº 1.781 del 21 de julio

Un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad y Justicia rechazó los planteos del sindicato y alegó que “no tiene anclaje jurídico indicar que hay discrecionalidad en el manejo del concurso ni mucho menos en las disposiciones del Reglamento General del Concurso que tiene como finalidad establecer instancias a cumplimentar durante la selección que comprenderá a las personas aspirantes al cargo, además de las pautas y condiciones que serán empleadas para la evaluación integral de cada postulante de acuerdo al perfil requerido para el mentado cargo”.

En el mismo sentido, la Fiscalía de Estado puso de relieve que el decreto impugnado “da cuenta de un obrar razonable del Estado empleador, dentro de los límites de la legalidad, en tanto no se advierte un actuar manifiestamente ilegal y/o arbitrario en el llamado a concurso para cubrir un cargo de la Administración Pública, toda vez que responde a plausibles motivaciones, como lo es el respeto a la manda constitucional de acceder al empleo público sin más recaudo que la idoneidad, acreditada mediante el mecanismo de selección por concurso”.

En ese marco, el Ejecutivo rechazó “en todos sus términos” el recurso de revocatoria de la UPCN.


De la Redacción de Entre Ríos Ahora