El 28 de mayo de 2013, 4 años atrás, el abogado Guillermo Mulet presentó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal que llevaría a Ricardo Fabián Barreiro al banquillo de acusados y, finalmente, a ser condenado por el delito de falsificación ideológica de documento público.
Este martes 23 el juez Correccional Nº 1 de Paraná, Pablo Vírgala, condenó al empresario a 1 año y medio de prisión condicional, más el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y la accesoria de realizar trabajos comunitarios.
El abogado penalista Guillermo Mulet consideró justa la condena que recayó sobre el empresario kirchnerista santacruceño. “Es un fallo ajustado a derecho”, sostuvo y destacó el trabajo del fiscal Coordinador Alejandro Cánepa, que se hizo cargo de la acusación a último momento.
Si bien se mostró conforme con la condena impuesta a Barreiro, el letrado reiteró que aún sospecha que la licitación en la que la empresa del santacruceño salió adjudicada para llevar estudiantes secundarios a Tecnópolis haya estado “amañada” o direccionada.
Cabe recordar que RP Transportes, firma de la que es titular Barreiro, fue la única empresa que se presentó a la licitación de la Dirección de Turismo Social, dependiente del Ministerio de Turismo, para trasladar estudiantes secundarios al complejo de Tecnópolis, en Villa Martelli, Buenos Aires. Por ese servicio, en diciembre de 2012, la Provincia le pagó a Barreiro $220.000.
Pero a Barreiro se lo condenó por haber introducido, el 1° de octubre de 2012, la aseveración de que no era funcionario provincial en una declaración jurada ante el Registro de Proveedores de Entre Ríos, a pesar de que existía un decreto provincial por el cual se lo designó como coordinador, ad honorem, de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales (Ceicer), que estuvo a cargo de su amigo de militancia, Sebastián Lorenzo.
La designación de Barreiro en el Ceicer fue el 15 de agosto de 2012; en tanto que su ingreso al Registro de Proveedores del Estado, con el número 4.711, fue el 17 de octubre, es decir, dos meses después. En ese trámite mintió al decir que no era funcionario provincial para luego poder presentarse en la licitación del ministerio de Turismo.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, Mulet consideró que la condena que le aplicó el juez Vírgala al empresario fue correcta: “Dentro del hecho por el cual se lo lleva al juicio, la condena está bien porque es delincuente primario sin antecedentes. El juez no ha tenido en cuenta esas sandeces que dijo que él era ignorante y que se lo perseguía por ser el jardinero o por una campaña periodística. En realidad no, se lo perseguía por un delito que el juez Vírgala entendió correctamente que era autor penalmente responsable del delito de falsedad ideológica”.
Mulet resaltó que la pena impuesta a Barreiro es importante ya que “independientemente que sea un año y medio de prisión condicional, en la próxima condena de alguna posible causa de varias que tiene, tendrá que cumplir prisión efectiva”.
“Lo importante es que la segunda (condena) es efectiva sí o sí, aunque le den seis meses lo cumple adentro”, agregó el letrado. En ese sentido, Mulet consideró que el fallo del juez Vírgala “está ajustado a derecho” ya que “para eso están las escalas penales, y para esos se aplican y los jueces son soberanos y hay que aprender a respetar los fallos de la justicia en ese sentido”. Subrayó que “uno quisiera ver presa a cualquier persona que tiene que ver con la corrupción o tenga que ver con un delito desde la función pública.
Una licitación que aún genera dudas
La denuncia original de Mulet contra el empresario santacruceño fue por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Y es que el letrado planteó que se debía investigar cómo fue que Barreiro, en su doble carácter de funcionario y empresario, se presentó a una licitación, y la Provincia lo contrató para trasladar a Tecnópolis a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Pero la fiscalía decidió sólo imputar al empresario por el delito de falsedad ideológica de documento público, por el cual finalmente se lo condenó.
El abogado no abandona su hipótesis de que aquella licitación estuvo direccionada para que sólo se presente Barreiro y se lo contrate. Durante el juicio creció esa sospecha a partir de que se conociera que un funcionario del Centro Experimental de industrias Culturales (Ceicer), entonces a cargo de Sebastián Lorenzo, le haya comprado el pliego al “Jardinero K”. Se trata de Aníbal Beorda, actual titular del organismo, pero que en aquellos días de 2012 fungió como “secretario de Barreiro” –según palabras del juez Vírgala- y adquirió el pliego licitatorio. Al momento de llevar a cabo esa tarea, Beorda era director del Departamento de Competitividad del Ceicer.
“No es normal que un funcionario le compre un pliego a un funcionario”, dijo al respecto Mulet y agregó que “habría que investigar esas conductas y la posibilidad de que esa licitación haya sido exclusivamente armada”.
En ese marco, manifestó que le genera sospecha que la única empresa que se presentó a la licitación haya sido la de Barreiro “siendo que en Entre Ríos están las empresas más importantes de micros del país. Entonces no sé si ésta fue una licitación amañada o dirigida para premiarlo o beneficiarlo a él directamente”.
“La fiscalía ha trabajado bien”
Por otro lado, Mulet destacó el trabajo del Ministerio Público Fiscal y en especial del fiscal Alejandro Cánepa, quien debió hacerse cargo de la acusación días antes del inicio del juicio oral y público a raíz de la designación de Rafael Martín Cotorruelo –ex fiscal Coordinador- como camarista en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.
“La fiscalía ha trabajado bien, definitivamente lo elevaron a juicio y lograron la condena; y el doctor Cánepa estuvo a la altura de las circunstancias cuando le tiraron un muerto dos días antes. Que te cambien un fiscal dos días antes del juicio siempre es complicado”, afirmó Mulet y, finalmente, valoró que el fiscal “es buen abogado, estudioso, que alegó bien y lo convenció al juez de la culpabilidad del imputado”.
El caso Barreiro
Especial para Entre Ríos Ahora.