El exintendente de Gualeguay Luis Erro (PJ) fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional más la accesoria de cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y se lo obligó a “reparar” el daño económico causado al Estado Municipal, hecho constatado por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos por el delito de abuso de autoridad en dos causas que llegaron a juicio abreviado: la denominada de la “espuma” y de las “luminarias”.
La pena fue impuesta en el marco de un acuerdo de juicio abreviado que refrendaron los jueces Fernando José Martínez Uncal, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Uruguay; Maximiliano Otto Larocca Ress, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Mauricio Marcelo Mayer, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.
Este miércoles, Erro se pronunció en redes sociales.
“En mi caso, acepté una condena de dos años en suspenso por un supuesto abuso de autoridad que sé que nunca existió. Lo hice por la misma razón que ellos: para no seguir atrapado en procesos que parecían no terminar jamás.
“Los entiendo profundamente.
“Tienen hijos, familias, vidas que cuidar.
“Ninguno eligió la política: eligieron simplemente trabajar y cumplir con su deber.
“Decidimos cerrar así un capítulo que jamás debió existir.
“Y hoy lo digo con serenidad y con absoluta convicción:
“Ninguna de las causas fue por corrupción.
“Nunca me quedé con un solo centavo.
“Todo formó parte de una persecución por atreverme a enfrentar al poder.
“Mi único deseo ahora es que esta página, tan dolorosa como injusta, finalmente se cierre.
“Que llegue por fin un tiempo de paz, verdad y reparación para todos los que fuimos perseguidos sin razón.
“A mi pueblo, gracias.
“Gracias por no soltarme, incluso en las tormentas más oscuras.
“Su cariño ha sido el faro que me mantuvo de pie”.
Las investigaciones
En 2022 el exintendente Erro estuvo a punto de cerrar esas causas con un abreviado también, pero el acuerdo finalmente se cayó.
El escrito que presentó ante el tribunal la Fiscalía planteó que «venimos por el presente a solicitar la aplicación del Procedimiento o Juicio Abreviado regulado en nuestra ley procesal penal, en virtud del cual, a partir de la intimación y con confesión de los imputados sobre su intervención en los hechos, se habilita el acuerdo de las partes, asentado en el libre consentimiento de los encausados. Y ello es así a los efectos primordiales de reconocer la veracidad y efectivo acaecimiento de los hechos que conforman las hipótesis acusatoria (infra explicitadas), pactar la calificación legal y la imposición de la pena».
Lo que había empezado el 10 de noviembre de 2022 como una audiencia de juicio abreviado, fue suspendida ese día por un imprevisto corte de luz. Se retomó el martes 6 de diciembre, pero lo que en principio parecía un acuerdo cerrado, finalmente naufragó.
Erro desistió del acuerdo que previamente se había trabajado durante al menos dos meses. En audiencia ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay -conformado por Roberto Javier Cadenas, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay; José Alejandro Calleja, juez de Garantías y Transición de Victoria; y Gustavo Acosta, entonces juez de Garantías y Transición de Nogoyá- buscó aplazarlo hasta 2023, y como esa posibilidad chocó con la negativa del Ministerio Público Fiscal, el abreviado se cayó.
¿Qué pasó? En el Ministerio Público Fiscal arguyeron que estaba todo listo para la firma pero que a último momento el exintendente Erro puso condiciones. La razón fue que también quería incluir en el abreviado una causa por enriquecimiento ilícito que está en proceso.
Fue así que junto a su defensor pidió aplazar el trámite del abreviado hasta febrero -y en el ínterin resolver la investigación sobre su patrimonio- pero no hubo forma de acordar: el fiscal Jorge Gamal Taleb no acompañó esa petición.
Qué se investigó.
1) La «causa de la espuma». Se trata de una causa que se abrió a partir de una denuncia formulada en febrero de 2013 por el exintendente local Héctor Jaime, que fue funcionario de Cambiemos de Gualeguay de Anses hasta diciembre de 2019. En la apertura de causa, estaban acusados, además de Erro, el exsecretario de Turismo, Cultura y Deporte, Mariano Dunat; al secretario de Gobierno, Mariano Iturbe; el exsecretario de Hacienda, Pablo Figueroa; y Carolina Camino, una comerciante que ganó la licitación para proveer de espuma a los carnavales de Gualeguay de 2013. La contratación fue en forma directa, en violación a las normas municipales.
Los hechos fueron caratulados como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores. Mariano Dunat como autor por comisión y Luis Erro en carácter de comisión por omisión. Las partes acuerdan solicitar la absolución de Pablo Daniel Figueroa y Mariano Emanuel Iturbe por el delito que se les imputara, como así también, debido al cambio de calificación legal y a su condición de extraneus, entienden procedente la solicitud de la suspensión del juicio a prueba respecto de Carolina Caminos..
2) La «causa de las luminarias»: esa causa se inició a instancias de una denuncia formulada por el fallecido intendente de Gualeguay, Federico Bogdan (UCR-Juntos por el Cambio). El dirigente denunció irregularidades en la obra de mejoramiento del alumbrado público. La empresa que fue beneficiada con la contratación fue la firma Radio Lux.
La causa avanzó, y se imputó los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y defraudación al Estado en los procesos administrativos de la obra, que fue financiada por el programa nacional Más Cerca, en 2014. Entonces, el municipio recibió $1,4 millones para la iluminación de los bulevares Arturo Illia y San Juan. Según la acusación, parte del dinero fue utilizado para otros proyectos, desviando los fondos que tenían un destino exclusivo.
Quedaron involucrados el contador Silvio Oscar Carballo (director de Hacienda del Municipio) y Cristian Fabián Fattor (director de Energía del Municipio)
«En este segundo quebrantamiento normativo, el procedimiento de contratación directa mediante el fraccionamiento de las compras fue ideado y proyectado por el Contador Silvio Carballo, y la elusión ilegítima del llamado a licitación que éste propusiera no fue evitado por Luis Erro, a pesar de que debía hacerlo en virtud de su posición de garante institucional. Por su parte, Fattor, en su calidad de Director de Energía del Municipio y responsable técnico de la obra, suscribió en forma fraccionada las órdenes de compra del material destinado a la obra», decía el texto del abreviado.
Hubo otra investigación penal, «la causa de los cheques», tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de Entre Ríos, porque es anterior a 2014. Se trata de una investigación por el presunto delito de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público. La causa se originó por una denuncia del propio tesorero municipal, Rodolfo Estapé, sobre la existencia de cuatro cheques de $2.500 cada uno que fueron recibidos por el Ejecutivo en diciembre de 2009, en el marco de los carnavales 2010, de los cuales solo recibió fotocopias. El dinero de los cheques fue repuesto por el Ejecutivo luego de la denuncia del tesorero, quien fue removido del cargo.
En esa investigación Erro fue sobreseído.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora