El extitular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Jorge Rodríguez, fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional, y el actual subadministrador del organismo, Néstor Kemerer, a dos años y cuatro meses de prisión condicional al haber sido encontrados culpables del desvío de fondos del organismo para la creación de la escuela Nº235 Heraclia Ruiz Díaz, inaugurada en marzo de 2014.

Este martes, en la lectura del adelanto de sentencia, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Daniel Malatesta, consideró probado que Rodríguez y Kemerer desviaron fondos del organismo, violando la normativa vigente que les impone que el dinero debe ser destinado a la construcción y mantenimiento de caminos, entre otras cosas. Además, absolvieron de culpa y cargo a Mario Heyde, tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal ya que no se encontró prueba de convicción en su contra.

En la lectura de la resolución, Labriola explicó que durante el juicio se demostró que además del desvío de fondos hubo otras irregularidades como la existencia de contratos a docentes bajo el “ropaje” de ser empleados viales y que en muchos casos hubo contratos antedatados con la Asociación Civil Los Viales.

El presidente del Tribunal señaló que los contratos tienen fecha del 7 de febrero de 2014, pero que ello resultaba materialmente imposible puesto que la asociación se creó meses después, en agosto de ese año.

Asimismo, advirtieron que no resultaba lógico el argumento defensivo de que la asociación se creó para cumplir una exigencia del Consejo General de Educación (CGE), que en su normativa 240 especifica qué instituciones pueden administrar una escuela. Los jueces se preguntaron por qué se recurrió a la creación de la asociación civil ya que bien podía el Sindicato de Obreros y Empleados Viales (Soever) administrar la escuela.

Los magistrados también remarcaron que el organismo vial no podía administrar una escuela, y que ello les fue advertido por la auditora del Tribunal de Cuentas, Nancy Vinagre; y por funcionarias del CGE.

En otro punto de la resolución, los jueces consideraron que los imputados ocultaron al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que los sueldos de los docentes eran pagados por Vialidad. Y que esse ocultamiento quedó a la vista en los informes que Kemerer elevó al auditor del organismo de contralor, a quien se le presentaron los contratos antedatados con la asociación civil y no aquellos que habían sido firmados por los docentes con Vialidad, con cargos de empleados viales.

Así las cosas, el Tribunal consideró que Rodríguez y Kemerer “apartaron los bienes que le fueron confiados a su cargo” para crear, solventar y sostener una escuela pública de gestión privada. En ese sentido, se precisó que el perjuicio al Estado fue de más de 4 millones de pesos.

 

 

En cuanto a la determinación de la pena, impusieron la pena de 2 años y 6, para Rodríguez; y 2 años y cuatro meses de prisión condicional para Kemerer. Asimismo, se los inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos y se les impuso realizar tareas no remuneradas, por el plazo de 2 años, a favor de una institución que determine la Oficina de Medios Alternativos (OMA).

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.