El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú condenó hoy a 14 años y6 meses de cárcel al intendente de Gilbert, Fabián Constantino (PJ), al hallarlo responsable de tres casos de abuso sexual a mujeres.

La condena -que firmaron los jueces Mauricio Derudi, Alicia Vivian y Arturo Dumón- es sensiblemente menor a la pedida por el Ministerio Público Fiscal y la querella, 17 años de cárcel para Constantino, quien desde mayo de 2o22 está en uso de licencia al frente del Municipio de Gilbert, aunque con el cobro de sueldo.

De igual modo, Constantino no irá tras las rejas sino que seguirá con arresto domiciliario hasta que la condena quede firme. La defensa ya anunció que apelará ante la Cámara de Casación Penal de Concordia.

«No tengo nada de qué arrepentirme», dijo Constantino al ingresar este lunes a los Tribunales de Gualeguaychú.  «Estoy tranquilo, gracias a Dios», agregó. Su abogado, Mario Arcusín, fue más enfático: «Si es inocente, el martes volvería a sus funciones de intendente de Gilbert o puede pedir licencia por otro motivo como estrés», dijo en declaraciones a la prensa.

El querellante Juan Ignacio Weimberg dijo que la sentencia fue firmada de forma unánime por el tribunal. «El tribunal llegó a la conclusión de que fueron probados todos los hechos», observó en declaraciones al sitio R2820Radio.

Luego de escuchar la sentencia, Constantino fue retirado de los Tribunales de Gualeguaychú y llevado a su domicilio, en Gilbert, por un patrullero de la Policía. Allí quedará con arresto domiciliario, con un móvil custodiándolo hasta que el Servicio Penitenciario de Entre Ríos provea de una tobillera electrónica.

Los jueces le impusieron al intendente de Gilbert la prohibición de salir del país y por eso deberá entregar el pasaporte en un plazo de 5  días. Además, se le fijó una caución real de $2 millones.

Weimberg dijo que con la condena en primera instancia «hay mérito suficiente como para iniciarle un juicio político a Constantino y destituirlo del cargo».


Norma Santos, Verónica Portillo y María Luján Aguirre son las tres víctimas denunciantes de los casos de abuso que sentaron en el banquillo de los acusados al intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino (PJ).

Constantino está alejado  de la función pública, aunque sigue percibiendo el sueldo. El 16 de mayo de 2022 inició una licencia con goce de haberes por un plazo de 90 días, un ardid que le permitió sortear una decisión que ya había tomado el Poder Ejecutivo provincial: intervenir el Municipio de Gilbert ante la negativa del jefe comunal de dar un paso al costado.

«Comunico a usted mi solicitud de licencia con goce de haberes para tramitar cuestiones de índole personal, a partir de la fecha lunes 16 de mayo y por un plazo de 90 días», dice la nota firmada por Ángel Fabián Constantino (PJ), intendente de Gilbert, en el departamento Gualeguaychú, y dirigida a Alberto Meneses, titular del Concejo Deliberante.

De ese modo, el jefe comunal peronista que carga con tres denuncias por abuso sexual en la Justicia logró descomprimir la situación de crisis institucional en su ciudad y evitar la intervención que había dispuesto el Poder Ejecutivo provincial.  Pero finalmente la Legislatura no se reunió: Constantino decidió, finalmente, dar un paso al costado.

Se fue, con goce de haberes y para «tramitar cuestiones de índole personal».

La intervención al Municipio de Gilbert, decía el mensaje del Poder Ejecutivo a la Legislatura, se propuso “con el objeto de regularizar la grave situación institucional allí existente en razón del grave incumplimiento de los deberes por parte del Presidente Municipal”.

“El señor Ángel Fabián Constantino, como es de público y notorio, se encuentra con prisión preventiva domiciliaria con motivo de una denuncia por delitos contra la integridad sexual presuntamente contra tres mujeres que radicaron denuncia, de de ellas vinculadas laboralmente con la Municipalidad. La instrucción penal preparatoria se encuentra en trámite y en situación de ser elevada a juicio. La medida dictada, cuyo plazo vence el 29 de mayo próximo, puede prolongarse o no, lo cual depende de la decisión judicial”, indica el texto.

La prisión domiciliaria al intendente de Gilbert fue dispuesta por el juez de Garantías de Gualeguaychú, Ignacio Boris Telenta, “en razón de haber violado reiteradametne el imputado las restricciones de acercamiento a las presuntas víctimas denunciantes de los delitos contra la integridad sexual, lo cual agrava aún más la situación. Ello da cuenta de una actitud renuente al cumplimiento de las órdenes judiciales, lo cual agrava aún más la situación. Ello da cuenta de una actitud renuente al cumplimiento de las órdenes judiciales, lo cual genera una situación de gravedad institucional”, dice el escrito.

De ahí, agrega, la “necesidad de tomar medidas urgentes que garanticen la regularidad del gobierno municipal, con autorización de la Legislatura a fin de restablecer el orden del Departamento Ejecutivo Municipal de Gilber, garantizando el régimen constitucional e institucional en condiciones de normalidad, adoptando las medidas que debió tomar el Concejo Deliberante, que solo ´instó´ por mayoría a la toma de licencia, lo cual fue desoído por el Presidente Municipal”.

Después de citar textos constitucionales que habilitan la intervención de la Provincia, el Ejecutivo señala en el texto enviado a la Legislatura que “aún en ausencia de una disposición expresa en materia de intervención, la obligación que recae sobre la máxima autoridad provincial respecto del cumplimiento del bloque de juricidad vigente en nuestro país, que involucra su propia responsabilidad institucional, política y civil al respecto (…) respaldaría la concreción de medidas tendientes a evitar alteraciones en el orden público socia derivadas del comportamiento de autoridades de nivel municipal, reñidas con el marco jurídico que delimimta y le autoimpone deberes de conducta específicos en materia de ética, probidad y honorabilidad en el desempeño de un cargo”.

Refiere luego al ordenamiento legal que sanciona la violencia contra las mujeres. “Entendiendo que la sustanciación del proceso judicial resolverá sobre tales denuncias, no puede desconocerse que los reiterados incumplimientos del denunciado generan no solo la situación de gravedad institucional descripta, sino que además colisionan contra los derechos y garantías de las denunciantes al etar claramente en una relación asimétrica de poder con el denunciado”.

“Tengo específicamente en cuenta que el denunciado resulta un funcionario público y, sin pretender valorar aquí los hechos en investigación, lo que nos convoca hoy es resolver la situación institucional planteada y evitar que desde los espacios de poder se vulneren derechos y poder garantizar las condiciones para un proceso sin ningún tipo de condicionamientos”, señala el mensaje del Gobernador al Senado.

Y agrega: “Será el Poder Judicial quien dictamine sobre los hechos investigados. Debemos analizar cómo visualizamos la violencia de género contras las mujeres y cómo deben ser analizados y abordados cuando además configuran delitos típicos”.

Al final señala que “este Poder Ejecutivo entiende que se encuentra debidamente acreditada la situación de excepcionalidad para la medida extraordinaria que se propone y debe fijar el tiempo de la intervención. A tal efecto, se propone que el plazo inicial de la intervención sea de 180 días con opción a prorrogarlo hasta tanto se resuelva la situación judicial del intendente Ángel Fabián Constantino”.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora