La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó este lunes las condenas dictadas el 29 de octubre de 2018 contra tres dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Se trata del fallo de primera instancia por el cual se condenó a un año de prisión condicional por el delito de resistencia a la autoridad a Fabián Monzón, secretario adjunto del sindicato e integrante del directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Y a dos años de prisión condicional por el delito de coacciones simples a José Zarza y Noemí Santamaría, ambos integrantes de la conducción de UPCN.
El juicio contra los gremialistas se desarrolló del 22 de octubre al 6 de noviembre de 2018. Entonces, se juzgaron hechos que sucedieron entre el 5 y 7 de junio de 2017, cuando dirigentes de UPCN se presentaron en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante para exigirle a su directora, Noelia Trossero, la incorporación de la enfermera Yanina Migueles. El reclamo se judicializó tras la denuncia de aprietes por parte de Trossero. Los gremialistas fueron acusados de supuestos delitos de coacciones agravadas.
En el juicio, los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala absolvieron al exministro de Salud, Ariel De la Rosa, que también fue acusado por la Fiscalía de apretar a la directora del establecimiento; a la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, y a los dirigentes Zunilda Suárez y Guillermo Barreira.
Sin embargo, condenaron a Monzón, Zarza y Santamaría por resistencia a la autoridad y coacciones simples, respectivamente. Estos apelaron la sentencia a través del abogado Marcos Rodríguez Allende.
Este lunes 3 de agosto, casi 2 años después del fallo de primera instancia, la Cámara de Casación Penal integrada por Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano confirmó las condenas.
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Argumentos
La jueza Marcela Badano fue quien realizó un pormenorizado análisis de la sentencia, y rechazó los agravios planteados por el defensor.
En primer lugar, en cuanto al rol que tuvieron Zarza y Santamaría, resaltó que varios testimonios coincidieron en señalar que impidieron que la directora Trossero pueda salir de su despacho.
“La sentencia reconstruye lo sucedido a partir de lo que dicen Fleishmann, Colobig, Gimenez y Trossero, y las secuencias descriptas: Colobig le avisa a Fleishmann, le dice que la gente de UPCN quiere hablar con la Directora; éste le responde que iban a hablar con ellos, pero junto al personal en el comedor; Fleishmann a su vez, dijo que cuando llega, estaba Zarza con dos mujeres, y que Trossero decidió no hablar a solas con ellos, sino en el comedor junto a otros empleados del Hospital. Y que luego, cuando Trossero llega al hospital, entra junto con Fleishmann a la Dirección, oficina de Trossero, y Fleishmann le informa a Zarza y Santa María, que la decisión de Trossero es hablar en el comedor. En ese momento, cuando la Directora quería dirigirse al comedor, Zarza se interpone en su camino de forma intimidatoria, obstruyendo e impidiendo su paso, y Santa María le pone su mano en el hombro a Trossero, también impidiendo su paso; llevándola nuevamente a la oficina, mientras Zarza le obstruía la salida de la Dirección, y Fleishmann logra tomar del brazo a Trossero para que pueda salir de su oficina, y se dirigen al comedor. Luego, Trossero se dirige a la Jefatura Departamental de Policía de Diamante, donde pone en conocimiento de las autoridades policiales lo sucedido”, señaló.
Luego, con relación a la valoración sobre la conducta de Monzón –resistencia a la autoridad-, refirió que “la sentencia valora que todos son contestes en que luego de que se produjeran las detenciones, de Domínguez, Suárez y Zarza, mientras eran trasladados, Monzón se interpuso en el camino, impidiendo su paso, por lo que terminó detenido”.
“La filmación misma, aportada por la Defensa, es valorada correctamente por el Tribunal como incriminatoria, porque se ve que obstaculiza a los móviles policiales, observándose hasta su resistencia a la detención. También, valora el tribunal que los testigos Villamonte y López (NdelaR: dos policías), dijeron que Monzón les advirtió que era director de I.O.S.P.E.R, y que los iba a hacer trasladar. Se pregunta el defensor por qué estaba Monzón allí, qué era lo que hacía allí, en el momento de la detención. Entiendo que esa no es la pregunta del caso, sino si, estando allí, obstaculizó el accionar policial y los amenazó, pregunta esta última que tampoco puede responderse negativamente sólo porque los funcionarios no sintieran efectivamente miedo”, agregó.
“Analizada la prueba con respecto al delito de resistencia a la autoridad, que concursa con el de amenazas hacia los funcionarios policial, se advierte claramente, de la observación de la filmación contenida en el pen drive aportado por la defensa, que la conducta del imputado configura claramente, al contrario de lo que pretende, una resistencia activa al legítimo accionar policial, no pudiendo derivarse de su vista, su desincriminación. Por lo que a este respecto, cabe confirmar también la sentencia puesta en crisis”, finalizó Badano al rechazar el recurso defensivo.
El caso
Todo comenzó el 1° de junio de 2017. Ese día, Noelia Trossero, directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, dispuso la baja de una suplencia extraordinaria que cubría, desde 2013, la enfermera Yanina Migueles, quien además era delegada de UPCN.
La baja la fundó en tres motivos: su resistencia a acatar la orden de traslado de la sala 2 a la sala 3, y porque además tenía dos expedientes en marcha, por irregularidades en el suministro de medicamentos a dos pacientes distintos. Las suplencias extraordinarias las maneja el Poder Ejecutivo, no un director de hospital, aunque en la práctica sucede así: un funcionario de menor jerarquía puede disponer su continuidad o no.
Como fuere, aquella decisión de Trossero fue el disparador el escándalo: entre el lunes 5 y el miércoles 7 de junio se sucedieron una serie de hechos que derivaron en la detención de cinco dirigentes de UPCN y la apertura de una causa penal, bajo los cargos de coacciones agravadas, amenazas y resistencia a la autoridad. Entre los acusados, seis dirigentes del sindicato que dirige el diputado peronista José Ángel Allende, y el exministro de Salud, Ariel de la Rosa.
Los dirigentes acudieron a Diamante en procura de lograr que Trossero diera marcha atrás con la decisión de dar de baja la suplencia de Migueles. La funcionaria denunció que para conseguir ese cometido fue «apretada» y «amenzada» por la dirigencia de UPCN. Incluso, en el juicio se ventiló una comunicación telefónica con el entonces ministro De la Rosa quien aludió a «ciertas cositas» que conocía de Trossero y que podría divulgarlas, aunque no se llegó a establecer a qué se refería.
En aquellas convulsionadas jornadas que ocurrieron en la Colonia de Salud Mental de Diamante, los sucesos principales se dieron el miércoles 7 de junio, cuando dirigentes de UPCN protagonizaron los incidentes de público conocimiento. Ese día fueron detenidos Fabián Monzón, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza y Guillermo Barreira. El 9 de junio quedaron en libertad Domínguez y Suárez, mientras que a los demás el juez de Garantías les impuso 15 días de prisión preventiva domiciliaria.
Tras la renuncia de De la Rosa, el gobernador Gustavo Bordet designó en su reemplazo a Sonia Velázquez, quien juró el lunes 12 de junio. La nueva titular de la cartera sanitaria decidió, entre sus primeras medidas, la reincorporación de Migueles, tal como lo había ordenado De la Rosa.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora