El 22 de noviembre, Héctor Alfredo Scheytt, en su calidad de presidente del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, envió una nota intimidatoria a un profesional de Paraná en la que le avisa que “hemos tomado conocimiento que Ud. estaría brindando servicios odontológicos a beneficiarios de obra social Iosper”.

En la nota que le llegó al odontólogo se lo intima a que “en un plazo no mayor a 10 días corridos a partir de recibida la presente rectifique o ratifique” la situación, y le avisan que “en caso de considerarlo pertinente se reunirán todos los antecedentes a fin de evaluar si corresponde o no la evaluación (sic) de su conducta ética por parte del Tribunal de Honor”.

El Colegio de Odontólogos dictó una resolución interna, la N° 404, el 27 de noviembre de 2021, y estableció un protocolo arancelario para convenios y contratos asistenciales «mediante los cuales se brindan prestaciones odontológicas a beneficiarios del sistema de la seguridad social (mutuales, obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.)». Además,  impuso a todos los profesionales la obligación de firmar una declaración jurada en la que asumen la responsabilidad de respetar los aranceles que fije la entidad so pena de aplicar sanciones.

En los hechos, esa norma derivó en que desde hace un año los afiliados al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) estén sin cobertura odontológica por cuanto la obra social aduce que los índices arancelarios son imposibles de afrontar financieramente.

Aún así, Iosper ha procurado acordar por fuera del Colegio con los distintos Círculos Odontológicos, sin suerte.

René Valentini, presidente del Círculo Odontológico de Paraná, recibió una propuesta económica de cobertura a los afiliados al Iosper, pero la rechazó. ¿La razón? La presión del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos. Eso respondió Valentini este mes al presidente de Iosper, Fernando Cañete, en una nota en la que dijo que “nos resulta imposible avanzar en el análisis” de la oferta “debido a que el ofrecimiento realizado no cumple con la norma arancelaria sancionada” por el Colegio.

El Círculo Odontológico de Paraná impugnó la aplicación de ese régimen arancelario con una presentación judicial ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y también por vía administrativa ante el Ministerio de Gobierno: en ninguno de los dos casos hubo pronunciamiento.

A pedido del Iosper, la Fiscalía de Estado emitió dictamen sobre la “obligatoriedad, alcance y legalidad de la normativa interna que aplica el Colegio de Odontólogos de la Provincia para establecer los aranceles mínimos para sus colegiados y para la obra social, lo que para ese Colegio se consideran de cumplimiento obligatorio”. Los aranceles que impone el Colegio resultan “excesivamente onerosos y por lo tanto inconvenientes” en comparación con las tarifas que cobran los Cïrculos Odontológicos, con los que el Iosper pretende rubricar convenios prestaciones.

Disputa Iosper-odontólogos: qué dice el dictamen de Fiscalía de Estado

En opinión de la Fiscalía de Estado, por aplicación de la Ley N° 7.468, de creación del Colegio de Odontólogos, “existe una facultad expresa consagrada” de negociar aranceles con el Poder Ejecutivo, “pero no para establecer o imponer, sin más, aranceles mínimos y obligatorios para sus colegiados y para las obras sociales, sino para propiciar ante el Poder Ejecutivo la fijación de esos aranceles mínimos”.

 

“Del análisis de esa norma –dice el dictamen que firma el fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes, surge entonces que dicha facultad se limita a la posibilidad  de proponer al Poder Ejecutivo los aranceles mínimos que se pretendan, siendo este último quien, en definitiva decidirá respecto de ello mediante la emisión del respectivo acto administrativo que así lo determine. Recién en esa instancia, y para el caso que el Poder Ejecutivo acepte como conveniente la fijación de tales aranceles, podrá ese Colegio imponerlos a sus matriculados y a las obras sociales. Lo cierto es que el propio Iosper desconocer la existencia de decreto o resolución emitida por el Poder Ejecutivo”, instrumento mediante “los cuales se haya avalado o aprobado la fijación de los aranceles mínimos que el Colegio pretende aplicar”.

Como fuere, esa norma sigue aplicándose, y ha derivado en el hecho que desde hace un año los 300 mil afiliados a Iosper estén sin cobertura odontológica.

El Ministerio de Salud, que ha reprochado esa situación, convocó al Colegio de Odontólogos a una mesa de discusión para este jueves. A ese encuentro no acudirá ningún representante de Iosper. Esperan que de ese ámbito surja un acuerdo que permita restablecer las prestaciones odontológicas a los afiliados al sistema de seguridad social.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora