La primera reunión fue el lunes 10 de febrero, en el Palacio de Tribunales. El tema convocante fue la posibilidad de que se avanzara con un proyecto de ley que pusiera en el freezer la «ley de enganche» salarial del Poder Judicial de Entre Ríos con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Ley N° 10.068, votada por la Legislatura el 18 de noviembre de 2011, dice en su artículo 1°: «Establécese que a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial, se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida,  para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente. A tales fines, el Poder Judicial comunicará al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas el incremento que resulte, con copia de la Acordada respectiva, para su cumplimiento».

El encuentro reunió a miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) pero al cabo de esa reunión se hizo público un escueto comunicado que no permitía conocer el nivel de preocupación por la posibilidad de perder el «enganche».

«Esta mañana se realizó una reunión en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos durante la cual se analizó, como es de conocimiento público, la situación económica del país y su impacto en el servicio de justicia. «En ese contexto, los integrantes del Poder Judicial provincial y organizaciones de la magistratura y empleados judiciales acordaron continuar con las conversaciones en el marco del debate de política salarial que hoy se está analizando», señaló el comunicado que distribuyó el Poder Judicial aquel lunes 10 de febrero.

El segundo encuentro ocurrió el lunes 17, pero en el ínterin hubo reuniones sectoriales. Los empleados judiciales se reunieron el 14 en Concepción del Uruguay.

Ese lunes 17 la AJER distribuyó un comunicado con la firma de su secretario general, Mario Brnusak. «En horas del mediodía, en el Salón de Acuerdos del STJ, nos volvimos a reunir quienes oportunamente consensuamos la génesis de la Ley 10.068, esto es vocales del STJ, encabezados por el presidente, Martín Carbonell; el vicepresidente, Germán Carlomagno; los vocales Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Juan Smaldone, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio; el Procurador Jorge García; el Defensor General, Maximiliano Benítez; por la Asociación de la Magistratura, Gabriela López Arango, Gisela Schumacher y Estela Méndez Castells; acompañadas por la vocal jubilada Leonor Pañeda»; y por AJER, Mario Brnusak, Mabel Pedrero, Fernando Cañete y Florentino Agostini.

«Se suscribió -indicó el gremio de los judiciales- un acta en el cual todos los estamentos del Poder Judicial acuerdan en defensa irrestricta del sistema de recupero de haberes contenido en el artículo primero de la Ley N° 10.068, comprometiéndose a no activar los mecanismos de actualización hasta el 30 de junio próximo, para lo cual el STJ emitirá la pertinente acordada».

Efectivamente, el martes 18 el Poder Judicial anunció que en acuerdo especial los vocales del STJ resolvieron, por unanimidad, «que hasta el 30 de junio de 2020 no se active el mecanismo previsto en el artículo 1º) de la Ley 10.068. La medida se adoptó considerando la situación económico-financiera que afecta a la provincia de Entre Ríos y a la Nación».

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Ese mismo martes 18, el Procurador General Jorge Gacía y el Defensor General Maximiliano Benítez firmaron una resolución conjunto por la cual los dos Ministerios Públicos, el Fiscal y el de la Defensa, acordaron «adherir» a lo resuelto por el STJ.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.