El diputado provincial Esteban Vitor (Juntos por el Cambio, PRO) alertó que el Poder Ejecutivo pretende imponer “parches de apuro” en su decisión de reglamentar las modificaciones al Consejo de la Magistratura que la Legislatura sancionó por ley en septiembre pasado.

“Mientras todavía está fresca la tinta de esa ley, el oficialismo pretende modificarla  con sorprendente apuro”, dijo el legislador. “Apenas unos meses atrás, el Gobierno provincial avanzó con la sanción de una ley que careció de todo tipo de consensos, a partir de la cual se introdujeron sustanciales reformas en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la provincia, órgano central para  garantizar la independencia judicial. Dichas reformas, básicamente, alteraron el equilibrio constitucional de los distintos estamentos que lo integran, introduciendo además modificaciones en el sistema de evaluación de los aspirantes a jueces y magistrados,  entre ellas, la incorporación de un Banco de Casos. En el debate parlamentario del proyecto nos ocupamos de plantear estas objeciones, como muchas otras, a través de las cuales pusimos en tela de juicio tanto la constitucionalidad de la reforma, como su operatividad”, agregó Vitor.

El texto legal aprobado en la Legislatura modificó la conformación en la integración del Consejo de la Magistratura y darle mayor participación al Poder Ejecutivo, que aumentaría sus representantes de 1 a 3. La iniciativa, que lleva la firma del presidente de la Cámara, Ángel Giano, y que elevaría de 11 a 13 el número de integrantes del organismo encargado de la selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial, plantea la necesidad de «asegurar el equilibrio entre los sectores que lo integran, por tal razón se modifica la representación del Poder Ejecutivo Provincial en un número igual que los representantes del Poder Judicial y la Academia».

No es la única modificación que planteó el proyecto. También reformó el sistema de recusación y excusación, da relevancia a la paridad, modifica la integración de los jurados y crea un banco de casos para ser utilizados en los exámenes de selección. «Nacido al impulso de la necesidad de limitar el poder del Ejecutivo en materia de designación de Magistrados y miembros de los Ministerios Públicos, debemos ir reconociendo sus fortalezas para afianzarlas aún más, pero a la par es necesario transformar la ley que lo ordena, en función de corregir aspectos que le han restado este carácter de Consejo Asesor para que se incorporen los mejores integrantes al Poder Judicial», dice en los fundamentos.

Actualmente, son 11 los integrantes del Consejo de la Magistratura: el representante del Poder Ejecutivo, que es el secretario de Justicia; dos representantes de los abogados, designados por voto directo de los profesionales; dos representantes de magistrados y funcionarios judiciales, también seleccionados por voto directo; tres profesores universitarios de universidades que otorguen título de abogado, al menos uno de una casa de estudios de la órbita estatal; un representante por los empleados judiciales; dos, de las organizaciones sociales.

La modificación  elevaría de 11 a 13 el número de integrantes: tres del Poder Ejecutivo; dos de la abogacía; dos de la magistratura y la función judicial; tres profesores universitarios de materias de Derecho, titulares, adjuntos o asociados, de universidades públicas o privadas, con sede o domicilio en Entre Ríos, dos de ellos de universidades de la esfera pública, con paridad de género; un representante de los empleados judiciales; dos, de las organizaciones sociales.

Pero la reglamentación de esos cambios despierta suspicacias en la oposición.

Sobre ese punto, el diputado Vitor, planteó: “Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón y, transcurridos solo unos meses de su modificación, el Ejecutivo no pudo cumplir con la norma en lo atinente a la conformación del Banco de Casos. Ante ello, sin avergonzarse, la bancada oficialista pretende emparchar aquel error, restableciendo el sistema de evaluación anterior y prorrogando el tiempo para la conformación del Banco de Casos”.

“El apuro y la torpeza con la que el Ejecutivo Provincial y sus funcionarios actúan debe entenderse en la evidente necesidad del Gobierno de avanzar con concursos clave en el ámbito de la Justicia, entre ellos y fundamentalmente, los referidos a la Fiscalía Anticorrupción. Hemos dicho en el recinto que las modificaciones introducidas en la Ley que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura le dan al Gobernador mayor injerencia en los concursos y consecuentemente en la elaboración de las ternas”, sostuvo.

Sobre ese punto, resaltó que en la última sesión de Diputados “el oficialismo quiso tratar esta nueva modificación solicitando que diéramos tablas para su tratamiento y sanción. Desde la oposición, nos negamos categóricamente a ello y pedimos que el expediente sea tratado y analizado por la Comisión respectiva. Sin embargo, ante dicha negativa, el Ejecutivo Provincial ingresó el proyecto en cuestión en la Cámara de Senadores, donde cuentan con la mayoría suficiente para aprobarlo sobre tablas, obteniendo media sanción dicha modificación el día de ayer”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora