La media sanción que dio este miércoles la Cámara de Diputados al proyecto del Poder Ejecutivo que reforma el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos mereció fuertes críticas de parte del Colegio de la Abogacía y de la Asociación de la Magistratura y de la Función Judicial, entidades que participaron del debate previo en la Legislatura y que realizaron observaciones a la iniciativa oficial que, al final, no fueron tenidas en cuenta.

La iniciativa planteó elevar de 11 a 13 el número de integrantes del organismo encargado de la selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial. No es la única modificación que plantea el proyecto. También reforma el sistema de recusación y excusación, da relevancia a la paridad, modifica la integración de los jurados y crea un banco de casos para ser utilizados en los exámenes de selección. «Nacido al impulso de la necesidad de limitar el poder del Ejecutivo en materia de designación de Magistrados y miembros de los Ministerios Públicos, debemos ir reconociendo sus fortalezas para afianzarlas aún más, pero a la par es necesario transformar la ley que lo ordena, en función de corregir aspectos que le han restado este carácter de Consejo Asesor para que se incorporen los mejores integrantes al Poder Judicial», dice en los fundamentos.

 

 

Actualmente, son 11 los integrantes del Consejo de la Magistratura: el representante del Poder Ejecutivo, que es el secretario de Justicia; dos representantes de los abogados, designados por voto directo de los profesionales; dos representantes de magistrados y funcionarios judiciales, también seleccionados por voto directo; tres profesores universitarios de universidades que otorguen título de abogado, al menos uno de una casa de estudios de la órbita estatal; un representante por los empleados judiciales; dos, de las organizaciones sociales.

Consejo de la Magistratura: consideran «inconveniente» la mayor injerencia del Ejecutivo

La modificación que ahora se impulsa en la Legislatura apuntaba a elevar de 11 a 13 el número de integrantes: tres del Poder Ejecutivo; dos de la abogacía; dos de la magistratura y la función judicial; tres profesores universitarios de materias de Derecho, titulares, adjuntos o asociados, de universidades públicas o privadas, con sede o domicilio en Entre Ríos, dos de ellos de universidades de la esfera pública, con paridad de género; un representante de los empleados judiciales; dos, de las organizaciones sociales.

En una declaración conjunta, el Colegio de la Abogacía y la Asociación de la Magistratura destacaron que el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos “ha sido un organismo modelo en el país y su funcionamiento ha sido correcto durante los casi veinte años de su vigencia”.

El Colegio de la Abogacía ve con «preocupación» la reforma del Consejo de la Magistratura

 

Y recordaron que por invitación de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, expusieron en el recinto sus observaciones a la iniciativa del Gobierno y “cuestionamos”  tanto la oportunidad como la velocidad del tratamiento de un proyecto de ley “que no promovimos, ni alentamos”.

“No obstante, junto a otras instituciones, realizamos observaciones al proyecto de reforma, respecto de algunas modificaciones que, entendimos, no resultaban adecuadas ni beneficiosas para el sistema de designación de las y los miembros de las magistraturas judiciales”, apuntaron.

Consejo de la Magistratura: Diputados dio media sanción a la reforma

 

En sentido, plantearon oposición “a la ampliación de la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo; a la eliminación de las Facultades de Derecho; a la vista al Superior Tribunal de Justicia para la calificación de antecedentes; y, sobre todo, a la elevación de las ternas sin orden de mérito, lo cual consideramos afecta la transparencia de la designación”.

“Además –resaltaron-, se sostuvo la necesidad de mantener la representación estamentaria en los jurados; de disponer la obligación de los Ministerios Públicos de comunicar las vacantes en su seno; de establecer una doble instancia en el recurso judicial, con plazos perentorios;  de examinar a los aspirantes en temas trascendentes como independencia judicial, ética y perspectiva de género; y de establecer recaudos concretos, mecanismos y recursos presupuestarios y de infraestructura suficientes para garantizar la agilidad en la convocatoria, desarrollo y finalización de los concursos”.

Respecto del “banco de casos”, creado para la evaluación de idoneidad de los concursantes, “advertimos con mucha preocupación su falta de regulación concreta, la indeterminación del sistema propuesto, su confusa implementación y -sobre todo- la falta de un estudio riguroso sobre el modelo que se propone, reparando en las dudas existentes respecto del número de casos suficiente para cada fuero e instancia, en la disparidad y diversidad de fuentes para su confección, y en la ausencia de una autoridad de control y/o aprobación de los casos para su incorporación al banco; proponiendo que sean las Universidades de Derecho quienes confeccionen los mismos”.

“Debemos reconocer y destacar que algunas de tales propuestas han sido tomadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales e incorporadas al proyecto aprobado; entre otras, la que se oponía a una mayor injerencia del Poder Ejecutivo en dicho organismo. También se mantuvo la tríada de jurados por estamentos, se eliminó la injerencia del Superior Tribunal de Justicia en la calificación de antecedentes, y se establecieron plazos perentorios para resolver el recurso judicial”, señalaron Pero enseguida indicaron: “Otras, sin embargo, no han sido tenidas en cuenta en el proyecto que recibió media sanción en Diputados”.

En ese sentido, destacaron: “En función de ello, instamos a que las referidas observaciones sean consideradas cuando el mismo proyecto sea tratado en el Senado, en el entendimiento de que algunas de las normas modificadas no redundarán en la mejora del funcionamiento del sistema al que aspiramos y otras, tales como el ocultamiento del orden de mérito en las ternas, implicarán un retroceso a nivel institucional con el que no estamos de acuerdo ni convalidamos”.

Al final, hicieron un llamado “a la reflexión de los poderes públicos en el sentido de que, si bien entendemos que cualquier proceso es perfectible, y que los veinte años de vigencia del Consejo habilitan una revisión de su funcionamiento, su reforma debe apuntar, siempre, a la excelencia del sistema. Un Poder Judicial independiente, así lo exige”.

Diputados Reforma Consejo M… by Entre Ríos Ahora

De la Redacción de Entre Ríos Ahora