La Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió al juez federal N° 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, que le remita el expediente de la causa que inició el diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos, Entre Ríos) y que derivó en el aplazamiento de la designación de los representantes del Congreso de la Nación ante el Consejo de la Magistratura. Alonso hizo lugar a una medida precautelar pedida por Casaretto.

«or disposición del Tribunal, requiérase al titular del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Paraná que, en el plazo de 3 horas, remita, en formato digital, la causa CAF 3415/2022 ´Casaretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados Nacional y otro s/ amparo ley 16.986´″, dice el escueto parte de la Corte que llegó a la Justicia Federal de Paraná.

 

El 12 del actual, el magistrado hizo lugar a una medida precautelar pedida por Casaretto y ordenó a los titulares  del Senado y de Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, respectivamente,  que se abstengan de designar nuevos miembros del Consejo de la Magistratura. En su resolución, el juez Alonso  les otorgó 5 días hábiles para efectuar los descargos.

«El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva Ley, y no se pretenda poner en vigencia una Ley ya derogada en 2006. El 7 de abril el Senado dio media sanción a un proyecto que debemos tratar en forma urgente en Diputados, garantizando el equilibrio en la representación tal como indica el artículo 114 de la Constitución Nacional, y la participación de la oposición”, había dicho Casaretto.

Casaretto (Frente de Todos, Entre Ríos) pateó el tablero y logró que el juez federal N° 2 de Paraná  ordene a los presidentes de ambas cámaras del Congreso que se abstengan de designar los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, tal como pretendía el kirchnerismo duro, que igualmente ya había anticipado que no iba a cumplir con el fallo de la Corte Suprema.

De ese modo, el magistrado hizo lugar a una medida precautelar presentada por Casaretto con el patrocinio del abogado José Raúl Velázquez. Para decidir la cuestión de fondo, el magistrado le pidió un informe a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, “respecto del interés público comprometido por la solicitud, pudiendo expedirse en el mismo acto sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañar las constancias documentales que estimen pertinentes”.

El fiscal federal Leandro Ardoy presentó una apelación ante la medida precautelar pedida por Casaretto y que acogió favorablemente el juez Alonso.

Casaretto presentó un recurso de amparo, que es una acción que no se ha resuelto. Ni siquiera se ha decidido judicialmente sobre la medida cautelar que pidió el legislador. Lo que Alonso acogió favorablemente es una medida precautelar, y contra esa decisión accionó el fiscal Ardoy.

El fiscal es parte como representante del Estado por cuanto el juez Alonso le dio intervención, al igual que a los titulares de Senadores y Diputados ya que se trata de una acción de amparo «contra el Congreso de la Nación Argentina- Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación- con domicilio denunciado en Avda. Entre Ríos, entre Avda. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

Alonso entendió que «la trascendencia institucional de la cuestión sometida a la jurisdicción y la necesidad de extremar los recaudos a fin de evitar cualquier afectación de la independencia de los demás poderes del Estado, interpreto necesario que, previo a considerar la cautelar que se requiere, se escuche a las Excmas. Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación a través del informe del art. 4 de la ley 26.854, a cuyo efecto se librará Oficio a la Señora Presidenta del Senado de la Nación y al Señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, solicitando que en el término de CINCO (5) DIAS hábiles judiciales, incluida la ampliación en razón de la distancia, (art. 4, inc. 2. de la Ley 26.854 y 158 del CPCCN) procedan a informar a esta Magistratura respecto del interés público comprometido por la solicitud, pudiendo expedirse en el mismo acto sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañar las constancias documentales que estimen pertinentes».

Sobre esa precautelar accionó el fiscal Ardoy con un recurso de apelación que este domingo rechazó el juez Alonso al sostener «que tal medida resulta insusceptible de ser apelada habida cuenta lo acotado de su vigencia». El representante del Ministerio Público Fiscal podría ir en queja ante la Cámara Federal de Apelaciones pero la medida podría resultar abstracta porque en el ínterin se cumple el plazo para que las partes respondazn los informes que pidió el magistrado en el marco de la precautelar.

Este lunes vence el plazo para que respondan las partes los informes en el marco de la precautelar, y luego, martes o miércoles, el magistrado deberá expedirse sobre la cautelar.

“El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva Ley, y no se pretenda poner en vigencia una Ley ya derogada en 2006″, sostuvo Casaretto a través de su cuenta de Twitter.

La Corte Suprema declaró en diciembre pasado la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros del Consejo -encargado de la selección y acusación de jueces y a la administración del Poder Judicial de la Nación- y dio un plazo de 120 días para que haya una nueva ley o que el organismo regrese a su anterior integración de 20 consejeros. El plazo venció el viernes y ninguna de las dos cosas se dieron.

Ahora se espera la decisión que tome la Corte Suprema de cómo llegará al Consejo ya que la ley que estableció la integración de 20 integrantes establecía que la titular del organismo sea del presidente del máximo tribunal.

De los siete integrantes que se deben sumar para llegar a 20 ya hay cuatro designados: el propio Rosatti, la jueza Agustina Díaz Corderoy las abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez. Juezas y abogadas fueron a elecciones. Resta que la Corte fije fecha para la jura.

Falta la elección de la representante de los académicos y de un diputado y un senador. Se trata de las designaciones que fueron judicializadas.

El Consejo Universitario Nacional (CIN) tiene previsto designar hoy a Pamela Tolosa, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur, de Bahía Blanca. Pero la Asociación Civil de Profesores Universitarios objetó que la elección sea a través de un colegio electoral -en el que votan representantes de las universidades nacionales- y no por el voto directo de los profesores titulares de las casas de estudio.

“El Consejo Interuniversitario Nacional (C.I.N.), actuó dentro del ámbito de sus competencias y confeccionó el Reglamento Electoral -aprobado por la Resolución P. N° 444/22- por el cual estableció la metodología para la elección del representante del estamento académico-científico en el Consejo de la Magistratura de la Nación”, resolvió ayer a la tarde la jueza Ailán y habilitó a que se avance con la elección.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora