La asamblea de representantes de las organizaciones de la sociedad civil ante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos hizo público su rechazo al “disparatado intento de aumentar la participación del Poder Ejecutivo en el Consejo”, en referencia a la iniciativa que tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley procura modificar la conformación en la integración del Consejo de la Magistratura y darle mayor participación al Poder Ejecutivo, que aumentaría sus representantes de 1 a 3. La iniciativa, que lleva la firma del presidente de la Cámara, Ángel Giano, y que elevaría de 11 a 13 el número de integrantes del organismo encargado de la selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial, plantea la necesidad de «asegurar el equilibrio entre los sectores que lo integran, por tal razón se modifica la representación del Poder Ejecutivo Provincial en un número igual que los representantes del Poder Judicial y la Academia».
Pero la idea ha cosechado posiciones contrarias de parte del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), y ahora de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de la Magistratura.
«Desde su creación. en el año 2004, pasando por su convalidación constitucional en el año 2008 y la promulgación de la Ley N° 9.996 en el año 2010, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos se ha granjeado el reconocimiento tanto a nivel de nuestra provincia como de otras provincias que lo ven como un ejemplo de integración y funcionamiento», plantearon en un pronunciamiento que se conoció este viernes. «Es precisamente su integración, equilibrada y diversa, la que más elogios despierta en otras provincias», indicaron.
Señalan que en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en su conformación actual «no ha generado ningún tipo de conflicto en el ámbito entrerriano; ni institucional, ni político. Ni siquiera rumores acerca de la falta de ecuanimidad o favoritismo en la conformación de las ternas que se elevan al señor Gobernador».
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«Hoy, un importante número de magistrados, en toda la provincia, se sienten seguros para hacer su trabajo con libertad y responsabilidad porque ganaron un concurso y no le deben favores a nadie», plantean y agregan en el documento: «Estamos convencidos que la legitimidad de origen del Consejo, fruto de la indignación y la movilización activa de amplios sectores de la sociedad civil en el 2003, debido al intento discrecional por parte de gobernantes de nombrar jueces, es uno de los motivos de su solidez actual, que insólitamente, se pretende modificar».
En ese sentido, señalan: «Las únicas críticas que se han escuchado se refieren a algunos retrasos operativos, consecuencia en su mayoría por el incumplimiento del Art. 32 de la ley de creación del Consejo, que determina presupuestos acordes y la creación de una oficina contable; la jerarquización del personal, entre otras».
Después de calificar como «preocupante» al proyecto de ley, señalan que se encuentran «siempre dispuestos al diálogo y a profundizar en la fundamentación de nuestra clarísima posición. Parece que es hora de volver a defendernos como sociedad de los intentos de manipular arbitrariamente la justicia», en un documento que firman Verónica Acuña y Alfredo Bell, como consejeros titulares; Patricia Popelka y Jorge Torres, como consejeros suplentes, y los exconsejeros Tristán Uranga, Ricardo Sánchez, Hernán Fumaneri y Silvina Calveyra.
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De qué se trata
El aumento en el número de integrantes no es la única modificación que plantea el proyecto. También reforma el sistema de recusación y excusación, da relevancia a la paridad, modifica la integración de los jurados y crea un banco de casos para ser utilizados en los exámenes de selección. «Nacido al impulso de la necesidad de limitar el poder del Ejecutivo en materia de designación de Magistrados y miembros de los Ministerios Públicos, debemos ir reconociendo sus fortalezas para afianzarlas aún más, pero a la par es necesario transformar la ley que lo ordena, en función de corregir aspectos que le han restado este carácter de Consejo Asesor para que se incorporen los mejores integrantes al Poder Judicial», dice en los fundamentos.
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Actualmente, son 11 los integrantes del Consejo de la Magistratura: el representante del Poder Ejecutivo, que es el secretario de Justicia; dos representantes de los abogados, designados por voto directo de los profesionales; dos representantes de magistrados y funcionarios judiciales, también seleccionados por voto directo; tres profesores universitarios de universidades que otorguen título de abogado, al menos uno de una casa de estudios de la órbita estatal; un representante por los empleados judiciales; dos, de las organizaciones sociales.
La modificación que ahora se impulsa en la Legislatura elevaría de 11 a 13 el número de integrantes: tres del Poder Ejecutivo; dos de la abogacía; dos de la magistratura y la función judicial; tres profesores universitarios de materias de Derecho, titulares, adjuntos o asociados, de universidades públicas o privadas, con sede o domicilio en Entre Ríos, dos de ellos de universidades de la esfera pública, con paridad de género; un representante de los empleados judiciales; dos, de las organizaciones sociales.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora