La protesta que iniciaron el viernes 22 un grupo de contratados de la Municipalidad de Paraná, cuya relación laboral comenzó a concluir desde el pasado 30 de octubre, y que se desarrolla frente al edificio de la Municipalidad de Paraná, adquirió otra modalidad.

Aunque se mantienen las carpas y el acampe, ya no hay corte de tránsito. Los manifestantes habían interrumpido el tránsito por Corrientes, y también por Urquiza, pero este martes por la tarde una orden judicial, tras una presentación del gobierno de la ciudad, dispuso que se liberara la circulación de vehículos.

Este último lunes la Municipalidad de Paraná había resuelto judicializar la protesta que lleva adelante, desde el viernes, un grupo de «autoconvocados» que reclaman por el cese de sus contratos.

La protesta sumó el sábado la instalación de una carpa en la vereda del edificio municipal, sobre calle Corrientes. Y dos cortes de calle: en Buenos Aires y Urquiza, y en Urquiza y Corrientes. De ese modo, los «autoconvocados» demandan su reincorporación y condenan la actitud de los gremios que, aseguran, los han dejado sin respaldo ni tutela sindical.

Los cuestionamientos apuntan al Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

La evaluación que han hecho desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) es que son alrededor de 1.100 los contratos que se han dado de baja en la Municipalidad.

El fiscal de Estado de la Municipalidad de Paraná, Francisco Avero, admitió a Entre Ríos Ahora que «siempre que hay un corte de calle realizamos la denuncia correspondiente».

La presentación quedó a cago de la agente fiscal Jimena Ballesteros.

Y este martes, a partir de la actuación del Ministerio Público Fiscal y de la Policía Departamental de Paraná, los manifestantes que cortaban la circulación de vehículos en calle Urquiza de Paraná, levantaron el corte de calles.

Además, este martes, pasado el mediodía, quedó detenido quien fuera identificado como uno de los líderes del grupo de manifestantes, por infracción del artículo 194 del Código Penal que establece: «El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».

Luego de lo cual, se llegó a un acuerdo con el resto de los manifestantes quienes decidieron proseguir su protesta pacíficamente sin impedir la circulación vehicular.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.