La jueza de Garantías Marina Barbagelata acogió favorablemente el planteo formulado hoy por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y dispuso ampliar por 60 días más la prisión preventiva a los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Adiministrativo Contable del Senado, y Roberto Ariel Faure, sindicado como una de las cabecillas en la «organización delictiva», tal como calificó la Procuración al entramado de los contratos truchos en la Legislatura, que según una primera presunción habría provocado un desafalco al Estado del orden de los $2.000 millones en la última década.

Pérez y Faure fueron a dar a la Unidad Penal N° 1 el 22 de noviembre último cuando el juez de Garantías José Eduardo Ruhl aceptara la petición de los fiscales de modo de frustrar cualquier intento de entorpecer la investigación penal preparatoria, medida de coerción ratificada el 7 de diciembre de 2018 por la jueza de juicios María Carolina Castagno. En los sesenta días que se amplió la preventiva de los dos contadores la Fiscalía adelantó hoy que podría estar remitiendo la causa a juicio oral, con lo cual los plazos ahora se ampliaron. Antes se había establecido como fecha probable el mes de marzo.

Aramberry entendió que la prórroga de la preventiva se funda en el hecho, dijo, que «subsisten las razones que en aquel momento condujeron a la medida cautelar», y fundó el pedido en «la gravedad de las conductas desarrolladas por los imputados y en la mecánica del ilícito cometido. Y también por la posición que costentan dentro de la organización y los vínculos que han creado en ese derrotero delictivo».

«La tesis de Fiscalía -arguyó- es que no han variado las condiciones, los niveles de alarma no han mermado ni siquiera con el transcurso del plazo de la investigación. Entendemos que los 60 días de prórroga de la prisión preventiva no es un tiempo irrazonable».

Su colega Patricia Yedro se detuvo en el «papel preponderante» que cumplían Pérez y Faure. Y dijo: «Pérez es uno de los principales actores de la organización. Fue el organizador de la principal maniobra de sustracción de dinero público. Estuvo en la organización y también ha sido uno de los principales actores determinantes a la hora de ocultar evidencia, y dar órdenes de como ocultar la evidencia».

Yedro catalogó con valores extrajudiciales al exdirector del Servicio Administrativo Contable y dijo que actuó con «falta de valores y de probidad en el manejo de dineros públicos».

La fiscal le reprochó las maniobras evasivas, distractivas y de entorpecimiento por parte de Pérez: citó un intercambio de mensajes entre el exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y Hugo Mena, también imputado en la causa, cuando ocurrían los primeros allanamientos en la causa, el 21 de septiembre pasado. Entonces, Pérez le recomendó qué mostrar y qué no. Además, qué resguardar.

 

«En tiempo real»

Luego, Yedro agregó otro dato: la investigación penal de la causa de los contratos truchos en la Legislatura, a diferencia de otras causas de corrupción, «se desarrolla en tiempo real». Y agregó: «Esto quiere decir que hay personas que siguen en la función pública y que están involucrados. Esto nos genera más riesgo de entorpecimiento». Y que «Pérez y Faure entorpecieron antes y lo hacen, ahora a través de terceras personas».

Después, citó la declaración en Fiscalía de Sergio Cardoso, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, de los pocos que aceptó hablar en la Justicia. «Cardoso dijo Faurez era el que retiraba los contratos, los hacía firmar, los devolvía, retiraba los cheques, gestionaba las altas. Y aportó como dato que había recibido órdenes de autoridades de la Cámara (de Diputados) para darle trato preferencial a Faure en tema contratos», puntualizó.

Cuando se le preguntó a Cardoso a qué autoridades de la Cámara de Diputados hacía referencia, citó a los diputados oficialistas Leticia Angerosa, Juan Reynaldo Navarro, Daniel Ruberto y Juan Carlos Darrichón. Pero cuando los legisladores fueron citados a Fiscalía, negaron de forma terminante haber dardo órdenes de ese tenor a Cardoso.

 

Oposición

Los abogados defensores se opusieron de modo cerrado a la posibilidad de que se diera cabida al pedido de Fiscalía.

Leopoldo Cappa, defensor de Roberto Ariel Faure, citó el fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que puso fin a las preventivas que pesaban sobre otros cuatro imputados de la causa de los contratos, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao. Y mencionó que está en trámite un recurso de queja ante ese máximo tribunal para obtener una medida similar para Faure y también para Pérez.

«Carece de razonabilidad pedir extensión de la preventiva», aseguró. «Y además, las razones que da la Fiscalía son extrañas e irrelevantes a los fines del entorpecimiento de la investigación, según ha dicho el Superior Tribunal. Nosotros ya habíamos dicho que el plazo inicial de preventiva por 90 días era exagerado. Acá los fiscales no han traído nuevas evidencias que justifiquen la extensión de la preventiva», apuntó.

Sostuvo que el único elemento para justificar la prisión de Faure fue una filmación en el edificio de Avenida Alameda donde estaba su estudio contable. Pero dijo que en esa filmación no se lo ve a Faure haciendo la mudanza, que es lo que la Fiscalía entiende como entorpecimiento. «Hacer lugar a una prórroga de 60 días de la preventiva es desmedido», aseveró.

Miguel Cullen, que asiste junto a Guillermo Vartorelli a Gustavo Pérez, descartó que haya riesgo procesal que ampare la prórroga de la preventiva. «Gustavo Pérez no entorpeció la investigación. Es más, renunció a su función, no tiene ninguna intención de entorpecer. No lo echaron. Cuando se suceden estos hechos, renunció. Lo hace porque es inocente. Y porque está convencido de que cumplió su función con honestidad y probidad», planteó.

Cullen aseguró que «no se llegó a probar cómo Pérez pudo haber entorpecido la investigación. Además, no se han dado fundamentos novedosos que justifiquen la extensión de la preventiva».

Definición

La jueza Barbagelata tomó con pinzas el fallo de la Sala Penal del STJ -«actuó como Cámara de Casación», dijo-, y sostuvo que «la privación de la libertad tiene como meta asegurar los fines del proceso. La libertad es la regla. Y solo debe ser limitada cuando estén en riesgo los fines del proceso. Y que aún con riesgos del proceso, para que seas legitima debe ser razonable.

«Lo que ha aportado el fallo de la Sala Penal en este tema es casi nada de novedoso», sostuvo. «No ha aportado nada a lo que ya viene diciendo y lo que ha dicho esta Sala Penal funcionando como Cámara de Casación», puntualizó.

Y entendió que esa decisión del máximo órgano judicial no tendría por qué ser vinculante. Dijo: «Haciendo mérito de la independencia judicial, corresponde que cada instancia se expida de manera independiente. Estas son decisiones jurisdiccionales no vinculantes».

Barbagelata explicó que «si Faure no siguió obstruyendo (la investigación) es porque no estaba en libertad. Lo mismo puede decirse de Pérez».

Luego, merituó la envergadura de la investigación judicial de los contratos truchos en la Legislaura. «Pocos casos han sido tan graves como este en mi experiencia», sostuvo.

Fue antes de sostener que «entiendo que se encuentran satisfechas las razones que hacen que la Fiscalía exponga que con 60 días estaría en condiciones de remitir la causa a juicio, y por tanto voy a hacer lugar a lo solicitado y dispongo la prórroga de la preventiva de Pérez y de Faure en la Unidad Penal N° 1».

Tras eso, el defensor Miguel Cullen ingresó la apelación de forma verbal ante la misma jueza Barbagelata, que concedió el recurso de inmediato. A esa petición se sumó Leopoldo Cappaz.

La magistrada instó a la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA) a fijar la audiencia de apelación en el tiempo más breve en función de que los dos imputados se encuentran privados de la libertad.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.