La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, María Carolina Castagno, avaló este lunes que la Fiscalía de Estado participe de la audiencia de apelación a los embargos dispuestos por la Justicia a una treintena de implicados en la megacausa de los contratos de la Legislatura, en el que la Fiscalía asegura que entre 2008 y 2018 se sustrajeron $2 mil millones a través de contratos apócrifos legislativos.

Fue la primera resolución que tomó la magistrada en la audiencia que comenzó pasadas las 9.

La audiencia de apelación por el embargo por $3.000 millones dispuesto sobre la treintena de imputados en la causa , comenzó con la oposición de los abogados defensores a que en la audiencia pueda hacer uso de la palabra el actor civil, es decir, la Fiscalía de Estado.

El planteo fue formulado por el abogado José Velázquez, y tuvo la adhesión de los demás letrados que buscan que los embargos sean revocados.

En tanto, el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, justificó su presencia en la sala ya que, señaló, nadie cuestionó su incorporación como actor civil a fines de julio.

A su tiempo, el fiscal Ignacio Aramberry, que lleva adelante la investigación junto a Patricia Yedro, apoyó la legitimidad del actor civil para intervenir en la discusión.

Tras escuchar a las partes, la camarista Castagno rechazó el pedido de los defensores para que se excluya al actor civil. Entre otras cosas, les remarcó que la audiencia es a los fines discutir las apelaciones y no la incorporación del la Fiscalía de Estado.

¿Qué se discute?

El 12 de abril, la jueza de Garantías Marina Barbagelata decretó “el embargo preventivo de los fondos que hubiera o que ingresaran posteriormente en las cuentas que más adelante se individualizarán por la suma de $ 2.000 millones con más la suma de $1.000 millones en concepto de intereses a la fecha en que se decrete la medida, multas prevista en el Código Penal, y costas del proceso”. La medida alcanzó no sólo a los imputados, sino también a sus cónyuges.

Entre los embargados se encuentra Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri; Alejandro Almada, empleado del área contable de la Cámara de Diputados; Sergio Cardoso y Gustavo Pérez, director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados y exdirector de la misma área pero del Senado, respectivamente; los contadores del estudio Integral Asesoría, Pedro Opromolla, Guido Krapp, y Gustavo Falco; el contador Ariel Faure; más Flavia Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Scialocomo, Hugo Mena,  Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Jorge Balladares, Nicolás Beber, Renato Mansilla y María Jazmín Mena Gioveni, entre otros.

En mayo intervino en la causa el juez de Garantías Mauricio Mayer y morigeró lo resuelto por Barbagelata: dispuso oficiar a las entidades bancarias que se retenga sólo el 20% del sueldo de los imputados, tal como lo establece la ley.

Los embargos fueron apelados por los defensores de los imputados, aunque la resolución a ese planteo ha venido siendo demorado, así también se ha postergado la anunciada remisión a juicio de la causa, que en principio iba a ocurrido entre marzo y abril de este año.

El 24 de julio, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, solicitó que se mantengan los embargos dispuestos. Sin embargo, el pedido fue rechazado por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, ya que no se había constituido como actor civil.

Fue entonces que la Fiscalía de Estado  se presentó ante la camarista Castagno, quien admitió su incorporación en el legajo caratulado “Beckman Flavia Marcela-Scialocomo Esteban Ángel Alberto-Álvarez María Victoria s/ estafa”.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.