Cinco chicas y un chico trans que habían sido incorporadas a la Municipalidad de Paraná bajo contrato de locación de servicio en febrero de este año que tuvieron a su cargo un exhaustivo relevamiento sobre la situación laboral y social de ese colectivos en la ciudad y que participaron en la redacción del texto de la ordenanza que posibilitó la instrumentación del cupo laboral trans en la ciudad, fueron despedidos.

Y por eso llevarán el caso a la Justicia con un recurso de amparo por el que persiguen su continuidad laboral. Antes, sin embargo, entablaron negociaciones para alcanzar un acuerdo: hicieron presentaciones ante la Defensoría del Pueblo de Paraná y ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (Inadi), de modo de evitar el conflicto y a través de la mediación. Pero ningun funcionario se presentó a dar respuesta. Desde el colectivo trans señalaron que la baja de contrato que los afecta no es diferente al resto de las personas que fueron desvinculadas en el último tramo de la gestión del intendente Sergio Varisco, aunque resaltan ciertos «rasgos particulares dado nuestro proceso de inclusión laboral en el Municipio de Paraná».

«Como personal municipal, desarrollamos nuestra tarea con compromiso y responsabilidad, sujeta a los mismos derechos y obligaciones que el resto de empleados/as municipales, realizando en paralelo la terminalidad educativa y capacitación en oficios en el Centro de Perfeccionamiento Municipal, (Bello y Ramírez) así como el acompañamiento a personas trans que lo requerían», plantearon en un documento que hicieron público. Y agregaron: «Al ser activistas en Derechos Humanos aplicados a la Orientación Sexual e Identidad de Género, con los saberes adquiridos en el relevamiento y con el compromiso por mejorar las condiciones de vida de nuestres compañeres, fuimos artífices de la presentación del proyecto de Ordenanza de ´Inclusión Integral y de Acciones de Reparación a Personas Travestis y Trans de la Ciudad de Paraná´ en junio de 2019 y que contempla: inclusión laboral; acceso a salud; acceso a educación; acceso y ejercicio ciudadano; asistencia a personas trans víctimas de violencia; acompañamiento a infancias, adolescencias y juventudes trans y sus familias».

La abogada Aranzazú Quiroga será la patrocinante en la acción que iniciarán en la Justicia este jueves. «Es bien sabida la situación de precariedad, vulnerabilidad y falta de oportunidades para el acceso al empleo formal que sufrimos las personas travestis y trans. Hace muchos años que venimos luchando como colectivo para la inserción laboral y para que la prostitución no sea la única salida de subsistencia posible, y parecía que en Paraná lo estábamos logrando, que estábamos dando pasos concretos», indicaron. «Pero la situación actual -añaden- nos vuelve a colocar en el lugar de siempre, desprotegidas y sin garantías, ya que nuestros contratos fueron dados de baja al igual que muchos otros contratos que son considerados ´políticos´, pero vale la pena luchar para que se entienda que nuestras contrataciones se debieron a un proceso de trabajo en proyectos concretos y de una acción positiva que buscaba revertir la situación de vulneración de derechos en la que vivimos».

La incorporación de esas seis personas trans a la Municipalidad fue resultado de un largo proceso.

En octubre de 2016, se sancionó la ordenanza N° 9478 mediante la cual se creó el Consejo Representativo de Diversidad Municipal, con el objetivo de «promover o coadyuvar en la creación e implementación de políticas públicas». En ese ámbito se presentó en febrero de 2017 el proyecto de Relevamiento de la Población Trans de las ciudad de Paraná, una tarea conjunta de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Inadi y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación delegación Entre Ríos.

Para la realización de ese relevamiento -como primera prueba piloto oficial a nivel nacional-, la Municipalidad suscribió un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuyo objeto fue la realización de acciones que permitan su implementación con el fin de recabar información sobre ese colectivo y, de esta manera, conocer sus condiciones de vida y sus características sociodemográficas.

Luego, el 30 de agosto de 2018 se sanciona la ordenanza N° 9.749, mediante la cual la Municipalidad «condena la violación a los derechos humanos y se declara como ciudad amigable a la diversidad sexual». Y dispone la implementación en el ámbito de la Municipalidad de Paraná de políticas que promuevan la inclusión desde la diversidad sexual y la igualdad de oportunidades, capacitando a empleados y funcionarios municipales.

El proyecto aprobado por el Consejo Representativo de Diversidad así como en el convenio, se especificaba que quienes lleven adelante las tareas de relevamiento debíamos ser personas trans, para la que se lo cual se contrató a seis persona bajo la modalidad excepcional de pago único por la $ 10.000 a cada una. En setiembre de 2018, la Municipalidad comienza a realizar el relevamiento, que se ejecutó en 4 etapas.

La primera etapa – realizada en octubre de 2018- consistió en la capacitación: la segunda, en noviembre del año último, incluyó la recolección de los datos visitando las casas y/o lugares de trabajo o vía pública donde se encontraban las personas trans encuestadas, mediante la utilización del instrumento confeccionado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; la tercera, realizada en diciembre de 2018, consistió en la carga de datos relevados. Ello se realizó en la Sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Entre Ríos.

La última etapa realizada en enero de 2019 se trató del análisis de los datos, sistematización y elaboración de informe final de resultados. Así, el 25 de febrero de este año, y a través del decreto N° 217, la Municipalidad dispuso la contratación bajo la modalidad de contrato de locación de servicios a las seis personas trans que estuvieron a cargo del relevamiento.

En medio, en junio de 2019, esas personas trans, elaboraron el proyecto de ordenanza de cupo laboral trans, finalmente aprobado. Pero al final de la gestión se hizo el camino inverso, y las seis personas fueron despedidas. «Nosotras reclamamos inclusión laboral en su momento y lo seguimos haciendo, la respuesta del Estado fue nuestra contratación y después el cupo, no se puede ahora retroceder en esto», plantearon dese el colectivo trans.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora..