La causa de los contratos legislativos apócrifos cumplirá un año el próximo 20 de septiembre. Ese día, pero de 2018, se produjo la detención de los llamados «tarjeteros», personas que administraban una gran cantidad de tarjetas de débito con las cuales cobraban los contratos.

La investigación aún no fue cerrada y es incierto cuándo la Fiscalía solicitará la elevación a juicio. De momento, en los primeros días de septiembre se discutirá un tema sensible para los más de 30 imputados que tiene la causa: los embargos por $3 mil millones que dispuso el 12 de abril la jueza de Garantías Marina Barbagelata.

El monto comprende los $2 mil millones que estima la Fiscalía que fueron sustraídos desde enero de 2008 a septiembre de 2018, y $1 mil millones en concepto de intereses, multas prevista en el Código Penal, y costas del proceso.

Los abogados defensores buscan que esa medida sea revocada. Para ello apelaron la resolución de Barbagelata y ahora el tema debe discutirse ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno. Como informó Entre Ríos Ahora, la audiencia se aplazó en varias oportunidades y, tras varios idas y vueltas, se fijó para el 2 de septiembre.

Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, junto a la Fiscalía de Estado, a cargo de Julio Rodríguez Signes, que se constituyó como actor civil, defenderán los embargos trabados por Barbagelata.

¿Cuál es el planteo de los defensores para voltear los embargos? El abogado Leonardo Schonfeld lo explicó en el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.

El letrado se incorporó a la causa de los contratos en marzo y ejerce la codefensa de Jorge Balladares, Esteban Scialocomo, Viviana Mena Giovenni y Jazmín Mena Giovenni junto a su colega José Velázquez.

Al igual que sus colegas, rechazó que la causa se corte en esta primera parte, con la acusación sobre los mandos medios de la supuesta organización delictiva que investiga la Fiscalía. Además, dijo que no cree que prospere una causa Contratos 2, que prometió abrir el Procurador General Jorge Amilcar García.

 

En referencia al pedido de revocatoria de los embargos, Schonfeld explicó: “Lo que se planteó es la incapacidad que tiene Fiscalía para pedir embargos por 3 mil millones. Los fundamentos son bastantes simples: Fiscalía puede pedir pena, que puede ser privativa de la libertad, o multa, que en el Código Penal tiene un tope de 90 mil pesos. El resarcimiento civil del daño lo debe pedir la Fiscalía de Estado, bajo la figura del actor civil. El Ministerio Público Fiscal no lo puede hacer”.

El letrado también señaló que en la apelación de los embargos cuestionan el monto de $ 2 mil millones que, según la Fiscalía, fueron sustraídos de las arcas públicas a través de contratos ficticios durante un período de 10 años.

Al respecto, Schonfeld se refirió a las últimas declaraciones del Fiscal de Estado, quien aseguró que no está en condiciones de afirmar cuál es el monto exacto del perjuicio.  “Ni Rodríguez Signes se puede jugar a semejante monto. Esto fue siempre dejado bien en claro: 2 mil millones es un monto que en el expediente no tiene ningún tipo de asidero. Aún con las pericias contable que hay no hay un número ni de cerca a los $2 mil millones. La hipótesis más grosera estaríamos hablando de 300 y pico de millones”, dijo.

El abogado defensor también cuestionó el concepto de “contratos truchos”, con el que se hacer referencia a la investigación. “Hay que dejar de hacer el caldo gordo a la Fiscalía de que hubo contratos truchos. Los contratos existieron. Fueron legalmente contratados, conforme las vías legales. Lo que se está cuestionando es si se cumplían las prestaciones de los contratados”, manifestó.

Para el letrado se llevó al plano jurídico “algo que es política de control de cumplimiento de los empleados públicos” e insistió con que “el concepto de trucho le está dando una valoración fuerte” al caso.

“Es una causa muy compleja en el sentido de que hay muchos intereses contrapuestos. Es una causa que es muy difícil deslindar lo político de lo jurídico”, definió enseguida.

Crítica a la estrategia de Fiscalía

Por otra parte, opinó de la decisión de Fiscalía que no imputó a los contratados que prestaron su firma para la maniobra investigada. “La estrategia de la Fiscalía es no imputar a los contratados para que sean testigos. La única manera de Fiscalía de armar el rompecabezas es no imputando a los contratados. Eso es decisión del Procurador, él le dirá sus fiscales a quién imputar y a quién no. Más importante es tratar de apuntar los cañones a lugares bastante más trascendentes que los contratados”, aseveró.

Asimismo, consideró inapropiado que en el caso se sostenga que en la Legislatura operó una organización delictiva. “Al hablar de una asociación ilícita donde el jefe no está identificado estamos violando un principio de accesibilidad básico en derecho penal en la participación. Se participa de la conducta de otro, entonces ¿quién es el otro?”, se preguntó.

En cuanto al desdoblamiento de la investigación, que anunció el Procurador semanas atrás, opinó: “Me parece que surge palmario que el desdoblamiento de la causa va a generar que un Contratos truchos 2 no puede prosperar porque hay un principio constitucional muy básico de que un hecho no puede investigarse más de una vez. Usted investigó, elevó a juicio, juzgó, condenó y no puede abrir el mismo hecho a juicio de nuevo”.

“Es abrir una causas donde ya hay sentencia para salir a buscar nuevos imputados. Esto es muy básico de derecho no penal, sino constitucional”, completó.

Acusados

Cabe recordar que las figuras más relevantes imputadas en esta causa, son: el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el exsecretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; más los contadores del estudio Integral Asesoría, Pedro Opromolla, Guido Krapp, y Gustavo Falco; el contador Ariel Faure; más los denominados “recaudadores” Flavia Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Scialocomo, Hugo Mena, Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Jorge Balladares, Nicolás Beber, Renato Mansilla y María Jazmín Mena Gioveni, entre otros.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.