El abogado defensor Emilio Fouces aseguró que la pericia contable realizada en el marco de la causa de los contratos de la Legislatura no determinó un desfalco. La investigación se inició en septiembre de 2018 y generó un tembladeral político, ya que la tesis de la Fiscalía fue, desde el inicio, que se produjo una estafa al Estado por medio de contratos.

Fouces, quien defiende -entre otras personas- a Sergio Cardoso, director administrativo contable de la Cámara de Diputados, remarcó que en el informe pericial, elaborado por la contadora dependiente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Andrea Mariana Battisti, y el perito de la defensa, Cristian Dumé, no se determinó ningún monto del supuesto fraude a la Legislatura, pero que, sin embargo, se hizo una estimación. La cifra estimada es de $1.111.871.715, a valores de marzo último.

“Luego del minucioso análisis de toda la documental disponible, podemos concluir que la misma es insuficiente, por ello no nos resulta factible determinar el monto fehacientemente aplicado al pago de los contratos del anexo, por no contar con la totalidad de la documentación respaldatoria del circuito señalado. Motivo por el cual, cumplimos en efectuar la estimación explícitamente solicitada, sin que ello signifique pronunciamiento alguno de los suscriptos acerca de su procedencia”, dice el párrafo citado por Fouces a Entre Ríos Ahora.

Concluyó la pericia de la causa contratos: de cuánto es el desfalco

 

“Fiscalía les dijo a los peritos que determinen el monto de dinero afectado a los contratos y les indicó que, en caso en que no se pueda determinar el monto, estimen un monto en base a los cuadernos y las otras cosas secuestradas”, explicó.

En esa línea, resaltó que “los contadores explican que para acreditar el pago de los contratos debía haber alguna constancia de pago vía bancaria, transferencia o cheque, pero que, con los elementos aportados por Fiscalía, no se puede determinar. De todas maneras, hacen una estimación. La perito aclara que contablemente no es correcto el procedimiento”.

Por esa razón, el defensor advirtió que este punto es clave en la investigación: “Si se dice que hubo un desfalco al Estado se tiene que acreditar. Ahí está la diferencia entre la postura nuestra y de la Fiscalía. No se acreditó el monto, al contrario, dicen que no se pudo determinar. Es una palabra concreta: determinar es una cosa y estimar, otra”.

“Es una diferencia que es fundamental. En un juicio no se puede pedir que se condene a alguien en base a una estimación”, subrayó el defensor.

Al concluir, también señaló que la pericia contable no se pronunció sobre la presunta irregularidad de los contratos: “No se pudo acreditar a través de la pericia que haya habido un daño al Estado por intermedio de esos contratos y tampoco en ningún momento en la pericia  se cuestiona los contratos. Son contratos regulares”.

La tesis de Fiscalía

Cabe recordar que las figuras más relevantes imputadas en esta causa, son: el cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el ex secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; más los contadores del estudio Integral Asesoría, Pedro Opromolla, Guido Krapp, y Gustavo Falco; el contador Ariel Faure; más los denominados “recaudadores” Flavia Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Scialócomo, Hugo Mena, Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Jorge Balladares, Nicolás Beber, Renato Mansilla y María Jazmín Mena Gioveni, entre otros.

En la acusación, los fiscales sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Beckman, Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Scialócomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la acusación inicial.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

Una de las medidas de prueba más importante de la causa fue la elaboración de la pericia contable para determinar el monto preciso del presunto desfalco. Luego de dos años de discusiones entre las partes, una contadora del Poder Judicial elaboró un informe que fue estimado positivo para la teoría del caso de los defensores.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.