El abogado paranaense Milton Ramón Urrutia pasó a tener un papel clave en la megacausa penal que investiga los contratos truchos en la Legislatura -32 imputados, un perjuicio que se estima en los $2.000 millones-: esta semana presentó un escrito al Ministerio Público Fiscal y adjuntó documentación que llegó a su domicilio misteriosamente, dizque adentro de una caja de cartón de “Huevo Feliz”. La intervención de Urrutia motivó que este viernes se allanara la vivienda de Hugo Mena, considerado uno de los principales “reclutadores” de contratados lo que derivó en su detención.

Urrutia pidió a la Fiscalía agregar la documentación que le llegó al expediente caratulado “Beckman Flavia Marcela, Scialocomo Esteban Angel Alberto, Alvarez María Victoria s/Estefa”, que tramitan los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. En su escrito dijo que “vengo a acompañar evidencia sumamente cargosa que podría servir para la averiguación de los hechos investigados en el presente legajo”. Y propuso “diligencias y en caso de resultar certeza positiva se solicita se impute a cada uno de los titulares de los talonarios por la comisión del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio del erario provincial, y se los castigue al máximo de la pena prevista en la escala del Código Penal”.

Dijo el letrado –que fue querellante en la causa del cura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años por abuso y corrupción de menores, y también defensor del cura Juan Diego Escobar Gaviria, condenado a 25 años por abuso y corrupción de menores- que “la evidencia que se acompaña ha llegado al suscripto de manera anónima, habiendo sido dejada en la puerta del inmueble donde habito siendo depositada en una caja de cartón color madera y amarilla, que en letras reza ´Huevo Feliz´”.

Dentro de esa caja, detalló, encontró 90 talonarios de imprenta Sur, de Gustavo Olechar;y  2 talonarios de imprenta Galvez, de Alfredo Caíno. Y detalla a quiénes corresponden esos talonarios.

No es la primera vez que Urrutia se inmiscuye en la causa contratos. En abril último se presentó en el Ministerio público Fiscal  con una denuncia para que se amplíe el alcance de los investigados en la sonada causa de los contratos apócrifos de la Legislatura.

En un escrito dirigido a la Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, Urrutia denuncia la presunta comisión del delito de malversación de fondos públicos, previsto en el artículo 261 y 262 del Código Penal, contra José Eduardo Lauritto, José Orlando Cáceres, Adán Humberto Bahl y Raúl Taleb.

Laurito es el actual intendente de Concepción del Uruguay y fue presidente de la Cámara de Senadores en los periodos 2007 a 2011; el mismo cargo ocupó Cáceres entre 2011 y 2015; y desde 2015 ocupa Bahl. En tanto, respecto de Taleb, recuerda que fue vicepresidente primero del Senado en los periodos comprendidos entre 2007 a 2011.

Otros denunciados son Néstor Diez, subdirector de la Dirección General de Administración entre 2007 y 2011; Lautaro Schiavoni, prosecretario del Senado provincial entre 2011 y 2015; Maximiliano Argento, subdirector de la Dirección General de Administración entre 2015 a 2018; Emanuel Redondo, tesorero de la Dirección General de Administración entre 2015 a 2018; y Andrea Zoff, secretaria coordinadora entre 2015 2018, y actual precandidata a viceintendenta en fórmula con Bahl.

Mena, que ahora vuelve a la cárcel, ya ha había estado en la cárcel y fue liberado en febrero último tras cumplir prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná. Uno de sus defensores, José Velázquez, se mostró sorprendido con el allanamiento y la posterior detención de su pupilo. «No sé nada», respondió ante la consulta de Entre Ríos Ahora.  En la Fiscalía aseveran que tras el allanamiento del viernes se halló en su poder documentación relevante para la causa que no había sido secuestrada en el primer procedimiento, en 2018.

 

La investigación

El hecho imputado hasta ahora por la Fiscalía dice que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

En ese sentido, se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (IAPSER) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.