“Vamos a ponerle fin a una historia en la que la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos de corrupción dramáticos”, dijo el gobernador Rogelio Frigerio al anunciar que los presidentes de ambas cámaras legislativas, Alicia Aluani, por el Senado, y Gustavo Hein, por Diputados, instrumentarán acciones administrativas para recuperar las cuantiosas cifras de dinero que, según la tesis del Ministerio Público Fiscal, se extrajeron ilegalmente de las arcas del Estado mediante la mecánica de los contratos truchos.
“Tenemos una herida profunda, somos protagonistas de una de las causas de corrupción más importantes de la historia del país, la causa de los contratos truchos, causa que ha sido probada. Se ha probado que hubo cerca de 800 contratos truchos en una década. La Justicia tiene que definir quiénes han sido los responsables y qué pena les cabe”, señaló Frigerio.
Esa definición del Gobernador fue tomada por el defensor José Velázquez este martes, en la apertura de las audiencias de remisión a juicio de la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, y reprochó que la Fiscalía haya listado un número de 143 personas para que se presenten como testigos en el juicio, siendo que todos esos 143 fueron beneficiados con Contratos Truchos en la Legislatura.
En la página 477 del voluminoso expediente del Ministerio Público Fiscal con pedido de remisión a juicio, Velázquez pidió que sean excluidos como testigos de la acusación los nombres incluidos allí. Un total de 143.
“Lo que vemos es una clara violación del principio de autoincriminación. Estas personas reconocen haber prestado su nombre para los contratos, y el Ministerio Público Fiscal no tiene la titularidad exclusiva de disponer la acción pública”, alertó el abogado ante la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata.
Y agregó: “Si estos testigos declaran en juicio, pesaría sobre ellos la posibilidad de la acción pública, y más con las últimas manifestaciones del Gobernador, que dispuso que Diputados y Senadores inicien los procedimientos correspondientes para reclamarle a aquellas personas que cobraron sumas de dinero sin la prestación del servicio para que la devuelvan”.
Velázquez aseveró que “todas estas personas no sólo van a tener el peso de una acción pública, sino el peso de una acción de devolución de sumas de dinero en el marco de una acción de lesividad. Estas personas se encuentran condicionadas, no van a estar en situación tranquila ni prudencia para declarar, y no serían confiables”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora