La causa de los contratos de la Legislatura cumplió el 20 de septiembre dos años de investigación. El expediente se comenzó a tramitar en la Fiscalía de Paraná tras la detención de los primeros sospechosos: Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo.
Ello ocurrió el 20 de septiembre de 2018, cuando los «tarjeteros» –como los calificó la Fiscalía- fueron detenidos en la sucursal del Banco de Entre Ríos de calle Alsina, en Paraná, con un buen número de tarjetas de débito en su poder. Los acusados, según la tesis acusatoria, administraban las tarjetas de personas con contratos apócrifos en la Legislatura.
En una primera instancia, el caso generó un alto impacto político por el volumen del desfalco que se habría producido a las arcas del Estado mediante contratos presuntamente truchos de personal en Diputados y en Senadores. Según la Fiscalía, fueron $2.000 millones sustraídos a lo largo de una década, entre 2008 y 2018. Ese número fue determinado por un contador de la Procuración, Héctor Enrique.
Sin embargo, a dos años de la apertura de la causa, esa cifra aún está bajo discusión. Y es que se está realizando una pericia contable para determinar la cifra exacta del perjuicio económico. La medida probatoria se comenzó a realizar tras el pedido de los abogados defensores de los imputados, que cuestionan el monto brindado por el Ministerio Público Fiscal.
La investigación está en manos de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. También interviene como actor civil el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien vela por recuperar los fondos sustraídos con contratos irregulares.
Entre los imputados se encuentra Juan Pablo Aguilera -cuñado del exgobernador Sergio Urribarri-; el cuñado de Aguilera y empleado legislativo, Alejandro Almada; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y su esposa, Verónica Caíno; el titular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; Alfredo Bilbao; Jorge De Breuil; Sergio Cardoso, exdirector del Servicio Administrativo Contable de Diputados; más los contadores del estudio Integral Asesoría, Pedro Opromolla, Guido Krapp, y Gustavo Falco; y los denominados “recaudadores” Flavia Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Scialocomo, Hugo Mena, Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Jorge Balladares, Nicolás Beber, Renato Mansilla y María Jazmín Mena Gioveni, entre otros.
La acusación dice que Beckman, Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial.
La mayoría de los acusados pasó una temporada en la Unidad Penal, con arresto preventivo. Desde el 25 de diciembre de 2018 al 15 de marzo del año siguiente.
A su vez, en una primera instancia –en abril del año pasado- fueron embargados por $3 mil millones. Los defensores apelaron y el 6 de septiembre de ese mismo año, la camarista María Carolina Castagno redujo la suma a $190 mil.
LINEA DE TIEMPO
Uno de los momentos más relevantes del caso fue el 5 de mayo de 2019, cuando la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, se apartó de la investigación. Al explicar su decisión, mencionó que entre los inmuebles embargados al contador Pedro Opromolla se encuentra uno ubicado en calle La Paz N° 236, Oficina «B», de Paraná, que «fue adquirido por boleto de compraventa por la suscripta en fecha 9 de marzo de 2017».
Un mes después, el 13 de junio, el Procurador General Jorge Amílcar García aseguró que podría abrirse una causa contratos II. De este modo, explicó en una entrevista radial, se juzgaría en esta primera causa a los mandos “medios” de la organización; y en una segunda a la “cúpula”. Lo cierto es que, hasta ahora, no se dio la apertura de otra causa.
Una de las últimas discusiones en el expediente tiene que ver con el punto central de la investigación: el monto del perjuicio a la Legislatura. Para esclarecer ese punto, una jueza habilitó a fines del año pasado que se designe un perito del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para realizar una pericia independiente.
Para esa tarea fue nombrada la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del STJ), designada por el vocal de esa sala, Martín Carbonell.
Oficialmente, la pericia comenzó el 4 de noviembre de 2019, pero se vio interrumpida por el receso judicial de diciembre, primero; y luego por la cuarentena social por el coronavirus. En mayo se reanudó el trabajo de análisis.
La acusación
El 6 de marzo de 2019, la Fiscalía reformuló la acusación contra los imputados. Esta se mantiene hasta la actualidad. En la misma, se afirma que “esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”.
En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.
También sostienen que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.
“La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”, agrega la acusación.
En esta descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora