En las investigaciones judiciales de causas por corrupción, hay un modo de actuar y fallar por parte de los jueces que sigue la doctrina que impuso el presidente de la Sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun. La llaman, precisamente, «Doctrina Irurzun», según la cual se ordenan detenciones con prisión preventiva a imputados que han sido parte del podre político y que, en libertad, podrían entorpecer la investigación por sus lazos, contactos o relaciones creadas mientras ocuparon la función pública.

Esa «Doctrina Irurzun» es la que se estaría aplicando en la Justicia de Entre Ríos en las causas que investigan delitos contra la Administración Pública, y que cuestiona el abogado José Velázquez, defensor de Flavia Beckman, y toda su familia, en la investigación de los contratos truchos en la Legislatura, que ya suma ocho personas con prisión preventiva en la cárcel, y un noveno con prisión domiciliar.»El solo hecho de que haya un hecho grave que imputan los fiscales ya sirve para que te envíen a la unidad penal», analiza el abogado Velázquez.

La abarcativa causa que investiga los contratos truchos en la Legislatura -y que tiene en la cárcel con prisión preventiva, a los directores de los servicios Administrativo Contable del Senado, Gustavo Pérez, y con prisión domiciliaria al de Diputados, Sergio Cardoso-, y que según la Fiscalía habría producido una estafa de $2.000 millones a las finanzas del Estado, tiene, a juicio del letrado, un movimiento previsible: «Si uno lo va observando bien, puede adelantarse a la estrategia de Fiscalía. De la forma que viene, seguramente la semana que viene, harán nuevos cargos y tendremos nuevas solicitudes de prisión preventiva. Habría que ver a quién le toca esta vez. Cada 15 a 20 días, se dan nuevas formulaciones de cargos y preventivas», plantea.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el abogado no encuentra razones para las preventivas, por cuanto el argumento que plantea el Ministerio Público Fiscal, eventual entorpecimiento a la investigación en marcha, no se ha verificado en ningún caso. No es la única duda que abriga: también le pareció que los defensores que plantearon oposición a los dichos de la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que los sindicó como parte de una organización criminal, no mereció ningún pronunciamiento del Colegio de Abogados.

En eso, lo contrapone con lo hecho por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, entidad que salió en defensa de sus asociados. «Tengo una sensación rara -observa Velázquez-, porque después del atropello que hubo con los colegas (Leopoldo) Cappa y (Miguel) Cullen, dos semanas atrás, el Colegio de Abogados no emitió ningún comunicado. Yo tengo la posibilidad de litigar en otras jurisdicciones, y hemos estado en situaciones similares, y el Colegio de Abogados ha emitido un comunicado y ha enviado un veedor. Acá eso no pasó. Lo que han hecho los defensores es ejercer el derecho de defensa, y el ejercicio de defensa consiste en criticar, discutir, plantear. Si esto genera malestar, y eso se contagia en la magistratura, me preocupa mucho».

Frente a esa sensación de indefensión que sienten, un grupo de abogados ha venido trabajando en la conformación de una entidad «para defender el rol del abogado en la ciudad, y ya que el Colegio de Abogados no cumple su rol, lo vamos a hacer nosotros. Incluso, vamos a pedir que nos den un lugar en el Consejo de la Magistratura, en representación de la sociedad civil, para dar nuestra opinión sobre qué funcionarios judiciales pretendemos para nuestra provincia».

Velázquez abunda sobre ese punto: «Yo, como abogado, tengo que opinar sobre un acto de la Asociación de Magistrados. Me encantaría que mi Colegio responda por mí. Nosotros quedamos en la mira. Desde un punto de vista corporativo, la Asociación de Magistrados entiende que hay un avasallamiento sobre su independencia y me parece que está en todo su derecho de plantearlo. Está bien. Ahí no tengo ninguna opinión en contrario. Ahora, sí digo que nosotros no formamos parte de ninguna organización criminal, y menos por ejercer el derecho de defensa, por ser críticos. Yo no tengo esta visión jurídica que tiene la judicatura principalmente en Paraná. Acá se notan criterios distintos, y en esos criterios distintos, está esa idea, la Doctrina Irurzun, que establece que por el solo hecho que haya un hecho grave que imputan, es suficiente para que te envíen a la unidad penal».

«A mí, en primer lugar, no me interesa el rol del fiscal -completa Velázquez-. Que el fiscal vaya y pida todo lo que quiera. El fiscal no está para garantizar los derechos del ciudadano. Tiene una hipótesis para investigar y eso hace. Quienes tienen que defender al ciudadano son los jueces de Garantías. Si tengo que criticar a alguien es a la judicatura, que cede garantías de los ciudadanos a cambio de una investigación. En segundo lugar, lo que me preocupa, es que no siempre se mide con la misma vara a todo el mundo».

«Cámara de Confirmación Penal»

Velázquez dice que no tiene certeza de cuál es el fundamento para la cifra de $1.200 millones, primero, y de $2.000 millones, después, respecto del fraude que habría provocado al Estado el mecanismo de los contratos truchos en la Legislatura. «Veremos en algún momento cómo llegan a ese numero. No es la etapa todavía. Hoy se puede plantear cualquier número», observa el defensor.

Sus defendidos, Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo fueron los primeros detenidos con prisión preventiva: les aplicaron cuatro meses y los enviaron a la cárcel. Buscó revertir esa medida, pero la Cámara de Casación Penal acabó confirmando la decisión. Por eso, y con indisimulado sarcasmo, Velázquez rebautiza a ese tribunal con el nombre de «Cámara de Confirmación Penal».

A pesar de esa opinión crítica hacia Casación, el abogado no recusó a la jueza Marcela Badano -por su relación con el Procurador Jorge García- porque no considera necesario hacerlo, dice. «En mi caso, sencillamente no comparto los criterios. Para mí, los jueces están para garantizar los derechos ciudadanos. Cuando la Fiscalía avanza, es la judicatura la que tiene que moderar y garantizar un juicio justo. Lo que veo en este caso me parece que no cumple ese adecuamiento del debido proceso», plantea.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.