Este miércoles será un día clave en el marco de la investigación de los contratos truchos de la Legislatura, mega causa en la que se investiga un fraude al Estado por un monto que la Fiscalía ubica en los $2 mil millones, en un período que va de 2008 a 2018.

A las 9 de la mañana, en el salón María Sara Jesús Oyampé de Tribunales, habrá una audiencia ante la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para tratar el recurso de queja de los defensores, que quieren concluir con las restricciones a la libertad que pesan sobre sus defendidos.

La investigación penal tiene a siete personas con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 y otras dos, bajo el régimen de arresto domiciliario. Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, en tanto que Flavia Beckman tiene la modalidad de prisión domiciliaria.

También están en la cárcel Juan Pablo Aguilera, secretario del bloque de senadores del peronismo, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores; Roberto Ariel Faure; y Alejandro Almada, cuñado de Aguilera. Además de Beckman, también tiene prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso.

En diálogo con el programa Puro Cuento, que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, el abogado José Velázquez, que junto a Humberto Franchi defiende a Beckman, Mena y Scialocomo, dijo que tienen expectativas en la resolución que tome la Sala Penal del STJ respecto a la continuidad o no de las prisiones preventivas de sus defendidos.

“Entendemos que esta es la instancia donde se van a definir los criterios de la prisión preventiva. La única forma de detener preventivamente es por dos razones: la primera por falta de arraigo (riesgo de fuga); y la segunda es el entorpecimiento de la investigación”, explicó y aclaró que en el caso en cuestión no ve que se den ambos riesgos procesales.

“Acá lo único que se va a discutir es si con los elementos aportados por Fiscalía es suficiente para hacer un juicio de que estas personas probablemente entorpezcan la investigación. ¿Cuáles son estos elementos que dice Fiscalía? Es esa suerte de participación de esta gente en el hecho y la gravedad del hecho. ¿Qué decimos nosotros? La cuestión de la participación en el hecho y la gravedad se va a discutir en el juicio, acá lo que discutimos es si estas personas pueden entorpecer la investigación”, se explayó el letrado.

En ese marco, el abogado defensor remarcó que a su criterio la calificación legal del hecho no puede ser motivo para que sus defendidos sigan presos preventivamente en la Unidad Penal. En ese punto, hizo referencia a que en el caso en cuestión existe lo que se da en llamar la ‘doctrina Irurzun’, que debe su nombre al presidente de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun, quien puso tras las rejas, preventivamente, a exfuncionarios kirchneristas bajo el argumento de que aún tenían “lazos residuales de poder” que podían poner en peligro las investigaciones.

“Lo que han sostenido todos los tribunales, y acá entra la doctrina Irurzun, es esta cuestión residual (de poder) con el Estado. El hecho grave hace suponer que estas personas van a entorpecer la investigación”, indicó Velázquez.

El defensor de tres acusados planteó que en el caso en cuestión no se dieron hechos que pongan en riesgo el proceso. “Han pasado 50 testigos, han estado en prisión domiciliaría y hasta ahora no hubo ninguna queja, ninguna denuncia de amenaza o extorsión”, enfatizó.

“Nosotros –continuó Velázquez- lo que le solicitamos es que para detener preventivamente a una personas se necesitan pruebas. Es más, en una de las audiencias hablaban de un video de una persona y en el video no estaba. Eso fue muy fuerte. Ahí está lo que decimos. Para detener a una persona preventivamente no basta con que Fiscalía diga que el hecho es grave”.

—¿Confían en la decisión que pueda tomar la Sala Penal?

—Sí. Directamente en un sistema acusatorio no tiene sentido la Cámara de Casación Penal. Entre los colegas siempre se habla que debería existir el per saltum, porque ya sabemos la respuesta de la Cámara de Casación Penal: siempre va a confirmar.

Asimismo, reiteró que tiene expectativas en una resolución del STJ que establezca un criterio claro en relación a las prisiones preventivas. “Tengo muchísimas expectativas porque el Superior Tribunal de Justicia hace muchísimo tiempo no ha tenido oportunidad de expedirse en este punto, sencillamente porque las causas no alcanzan a llegar. Cuando estas por llegar ya están levantando la prisión preventiva porque están enviando la remisión de la causa a juicio”, expresó.

Por último, afirmó que aún no visualiza “cuál es la estrategia de la Fiscalía” en cuanto a en qué momento la causa será elevada a juicio. Si bien los acusadores públicos, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, adelantaron en una audiencia a fines de 2018 que la investigación penal preparatoria podría concluirse en marzo, el abogado defensor planteó que podrían pedir una prórroga para recabar más información que les sirva para la defensa en juicio.

“En este sistema acusatorio, de igualdad de armas, la defensa también puede pedir una prórroga de la investigación penal preparatoria, para formar nuestro propio legajo para el juicio. A mi todavía estoy armando mi legajo y me quedan muchísimas entrevistas por hacer y pedir informes”, concluyó.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.