El próximo miércoles 6 de febrero, a las 9, en el Salón María Sara Oyhampe de los Tribunales de Paraná, la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) tratará el recuso de queja interpuesto por los abogados defensores de Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao para revocar las medidas restrictivas de la libertad que les fueron impuestas en el marco de la investigación penal preparatoria que se abrió el 20 de septiembre último en lo que comúnmente se denomina el caso de los contratos truchos en la Legislatura.

Oficialmente se indicó que el presidente del Tribunal de Feria, Bernardo Salduna, resolvió hoy fijar para el 6 de febrero, a las 9, en el Salón María Sara Oyhampe de los tribunales de Paraná, la audiencia por el recurso interpuesto respecto de la prisión preventiva de Flavia Marcela Beckman; Hugo Mena; Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao. La medida fue adoptada ante el recurso de queja presentado por los abogados defensores de los imputados que cumplen prisión preventiva por supuesta defraudación a la Administración Pública.

El 7 de enero, previo dictamen favorable del Procurador General de la Provincia, Jorge García, se resolvió habilitar la feria y el día 10 se dispuso por presidencia del Tribunal de Feria poner los autos a disposición de las partes por el término de diez días. En la resolución en la que se fija fecha de la audiencia, Salduna consideró que habida cuenta que no se solicitó por las partes, para este trámite, la habilitación de día y hora, el término procesal acordado,  ha vencido en el día de ayer, lunes 28.

Consecuentemente, de conformidad a los dispuesto por el artículo 515 del Código Procesal Penal, se fijó la fecha para realizar la audiencia solicitada por los abogados defensores de los detenidos para el próximo 6 de febrero.

 

Mena, Scialocomo y Bilbao cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, en tanto que Beckman tiene la modalidad de prisión domiciliaria. También están en la cárcel Juan Pablo Aguilera, secretario del bloque de senadores del peronismo, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores; Roberto Ariel Faure; y Alejandro Almada, cuñado de Aguilera. Además de Beckman, también tiene prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso. Aunque la audiencia de para tratar el recurso de queja se hará 13 días antes de que venza la prisión preventiva dispuesta por la Justicia, hecho que ocurrirá el 19 de febrero en el caso de Beckman, Mena y Scialocomo, los primeros implicados y detenidos en la causa de los contratos.

Será, claro,  una audiencia para mejorar los fundamentos que se expusieron por escrito en la queja, y sólo limitado a cuatro imputados: Beckman, Mena, Scialocomo y Blibao.

En forma suscesiva, la Justicia imputó como partícipes de una “organización” criminal a esas 9 personas, a las que les aplicó restricciones a la libertad. Esas prisiones fueron confirmadas por distintos tribunales -el último, la Cámara de Casación Penal-, aunque resta definición por parte de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), instancia a la cual llegaron los defensores José Velázquez y Humberto Franchi -que representan a Mena, Scialocomo y Beckman- y Damián Petenatti e Iván Vernengo -que ejercen la defensa de Bilbao- con sendos recursos de queja. Ese trámite ahora tiene fecha para empezar a resolverse: el próximo miércoles 6 de febrero, y quedará en manos la resolución del tribunal original de la Sala Pena: Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak. Fue una estrategia de la defensa: no quisieron que en el tema intervinieran los jueces de feria del STJ.

El miércoles el tribunal escuchará a las partes: los defensores y el Ministerio Público Fiscal

Por eso mismo, pidieron la habilitación de la feria, pero no la habilitación de día y hora, lo que hubiese supuesto que un tribunal de feria, con jueces que no son del fuero penal, tomara cartas en el asunto. En la primera quincena de enero, la Sala Penal estuvo conformada por Daniel Carubia, Bernardo Salduna, y Oscar Benedetto; y en la segunda quincena, por Salduna, Hugo Perotti y Eduardo Romeo Carbó. Ahora, concluida la feria, será la conformación original de la Sala Penal la que intervendrá entonces: Carubia, Giorgio y Mizawak. «Lo resolverá un tribunal garantista», evaluó un defensor consultado por Entre Ríos Ahora. «La Sala Penal es la que puede establecer criterios y, en este caso, revocar las prisiones en la Unidad Penal, porque no se observa riesgo procesal.
La gran discusión acá es si la gravedad del hecho o los lazos residuales con el Estado son elementos suficientes como para fundamentar en grado de probabilidad el entorpecimiento de la investigación», añadió.

En el recurso de queja ante la Sala Penal, los abogados José Velázquez y Humberto Franchi -defensores de Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo- y Damián Petenatti e Iván Vernengo -que representan a Alfredo Bilbao-, plantean: “La violación constitucional que aquí se denuncia guarda relación directa e inmediata con lo decidido por el Tribunal de Casación, toda vez que se ha llegado mediante arbitrariedad a la conclusión de rechazar por inadmisible la excarcelación impetrada referenciada y violando las reglas de la sana crítica en la apreciación de los dichos y pruebas, no dando respuesta, ni en su mínima expresión, a todas los agravios formulados por la defensa, incurriendo en consecuencia en una fundamentación errónea y deficiente, por ende, aparente, omitiendo aplicar al caso la excarcelación o morigeración de la misma en pos del principio de inocencia que les corresponde a Beckman, Mena y Scialócomo en forma subsidiaria al menos por el principio del In Dubio Pro Reo, conforme se agraviara esta defensa, incumpliendo el deber de contralor, violando las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso que resultan irreparables, como así también el derecho a recurrir el fallo y a que éste sea revisado realmente por un Tribunal Superior”.

La investigación penal de los contratos truchos busca establecer responsabilidades en una maniobra fraudulenta a través de la cual, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, se habrían sustraído de los fondos de la Legislatura unos $2.000 millones mediante la operatoria de los contratos truchos.

El expediente judicial está caratulado “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”. Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao, más Hugo Luna (ya fallecido), María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”. Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de $4.500 cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000” por contrato.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.